Una imputada por contratar a una banda de desalojos ilegales alega que desconocía sus métodos violentos
Los desalojos ilegales y violentos de Antiokupa Tarraco llegaron a Barcelona y este lunes, por primera vez, se ha sentado ante el juez una mujer investigada por contratar a la empresa. Lejos de admitir su participación en los hechos, la imputada ha implicado a más personas, entre ellas a sus cuñados y a una abogada de Tarragona. Además, ha negado conocer los métodos violentos de la firma.
Ante el juzgado de instrucción 16 de Barcelona ha declarado este lunes como investigada la hija de la dueña de un piso de la capital catalana sobre la que pesan contundentes indicios de que contrató a Antiokupa Tarraco. No solo envió una nota de voz a una vecina de la finca con el aviso de que la empresa acudiría al edificio para echar a una familia. Meses después, cuando quiso retomar las vías legales, reconoció haber echado mano de la empresa investigada por organización criminal. Lo hizo por escrito en la demanda de desahucio contra la familia.
Según han informado fuentes jurídicas, en su declaración como investigada, la mujer ha alegado que solo quería un “desahucio rápido” de la familia que vivía en el piso de su propiedad, pero que desconocía los métodos violentos y coactivos de Antiokupa Tarraco.
Sobre cómo llegó Antiokupa Tarraco a Barcelona, la mujer ha explicado que no sabía nada de la empresa, sino que al explicarle la situación a sus cuñados de Tarragona, ellos le dieron el contacto de una abogada, Aina P. Luego, ha añadido la investigada, transfirió 2.9000 euros a la letrada, pero sin saber que la empresa actuaría de forma violenta contra sus inquilinos.
Se da la circunstancia, según han detallado las mismas fuentes, de que la abogada Aina P. es la misma que compareció para defender a los otros dos investigados del caso, los dueños de Antiokupa Tarraco, a los que el juez de Reus (Tarragona) Diego Álvarez envió a prisión preventiva tras desarticular la empresa, definida por el magistrado como una banda criminal.
El caso que se investiga en Barcelona se remonta al año pasado. La víctima, A., a la que representa el abogado Carlos Hurtado, era la cuidadora –24 horas al día, siete días a la semana– de una anciana y vivía en el piso de renta antigua que compartía con su empleadora. Era también su única familia.
Al morir la anciana a principios de 2023, A. intentó, según su denuncia, contactar con la propiedad –que tiene otros pisos en la misma finca– y negociar un alquiler, pero se encontró con los empleados de Antiokupa Tarraco a las pocas semanas. Durante el mes de abril sufrió varias amenazas y coacciones tanto en persona como a través del teléfono por parte de la empresa.
La propiedad del piso, por contra, acusa a A. de okupar ilegalmente el piso de la anciana que cuidaba tras su fallecimiento. Pero, al contrario de lo que ha declarado la hija de la dueña este lunes ante el juez, la propiedad reconoció que contactó con Antiokupa Tarraco en la demanda de desahucio que interpuso a principios de 2024 –ocho meses después de la irrupción de Antiokupa Tarraco– contra A.
En su demanda, la propiedad admitió que, debido a un “mal asesoramiento”, en un primer momento no acudió a las vías legales, sino que intentó “la mediación” de Antiokupa Tarraco, pero que la empresa “no dio solución al problema e incluso agravó la situación”.
La investigación del caso de A. en Barcelona ha permitido desgranar los pasos que siguió la empresa de desokupaciones: primero fueron mensajes amenazantes en el teléfono de A. y de su marido, que ahora el juez coteja con los números de los empleados de Antiokupa Tarraco. “Hija de puta, así no quieres finalizar con esto, no tienes miedo por tu hija”, “si no te vamos a joder la vida”, “día y noche te vamos a vigilar”, fueron algunos de los mensajes que recibió la víctima por Telegram y Whatsapp entre marzo y abril.
La empresa pasó de las palabras a los hechos. El 27 de marzo, A. se encontró en el descansillo a tres hombres con las camisetas de la empresa. Al bajar del ascensor, denuncia A., los hombres le dijeron que venían de parte de la propiedad y la conminaron a abandonar el piso y firmar un documento de compromiso. “Eres una simple cuidadora”, habrían apostillado.
Tras ver varios días a miembros de la empresa alrededor del edificio, a principios de abril, de madrugada, A. empezó a escuchar golpes en su puerta, que se encontró después rota, al igual que un cristal que tiene al lado. Los vecinos llamaron a los Mossos d'Esquadra, que constataron los daños. El marido de A. también ha ratificado este lunes, en su declaración como testigo, las formas violentas de la empresa.