Consejo Europeo del Poder Judicial
El hecho. Foto acreditativa de la firma de un Acuerdo entre los señores González y Bolaños (Bolaños y González, para que nadie se moleste), ambos diputados de las Cortes españolas, en presencia sonriente de la vicepresidenta de la Comisión Europea, señora Vera Jourova.
El mensaje. Que dos parlamentarios españoles, representativos de los dos partidos mayoritarios en el Congreso de los Diputados de España, hayan necesitado la mediación de un miembro del gobierno europeo dice poco de la confianza que nuestros representantes políticos tienen en el órgano donde se residencia el poder legislativo de nuestro país, lugar de encuentro, deliberación y acuerdos; excluye el valor de la confianza en cualquier otra persona o institución de nuestro país que pudiera haber completado su incapacidad para llegar a acuerdos; y transmite a la ciudadanía la preocupación por el buen funcionamiento del sistema parlamentario y de la democracia misma.
Las consecuencias. No cabe duda de que era imprescindible proceder a la renovación de los miembros del órgano de gobierno de otro Poder del Estado, el judicial, después de más de cinco años de demora, únicamente debida a la imprevisión legal de un sistema automático de sustitución dentro del plazo del mandato que la Constitución exige y a la incapacidad de quienes no quisieron utilizar todos los mecanismos que la legislación les permitía.
Sin embargo, la extensión de tales consecuencias es mayor cuando en el modelo de negociación y acuerdo utilizado se desprecia la capacidad de los congresistas y senadores para seleccionar a las personas más capacitadas del universo judicial, con desconocimiento de las razones y, sobre todo, de los perfiles y programas que el presumible nuevo órgano de Gobierno de los jueces pueda alcanzar. Parece razonable que se sustente en las aportaciones técnicas, experiencia profesional y habilidades personales de quiénes lo conforman. Nada de eso aparece recogido en el acuerdo cerrado de selección y nada parece que interesará en la comparecencia ante las Cámaras, pues también se ha anunciado la imposibilidad de veto a cualquier candidatura.
A su vez, difícilmente podrá reclamarse mayor confianza ciudadana en el buen funcionamiento del Parlamento, hospedería de la soberanía popular, cuando se evidencia con tal modo de proceder que poco importan las representatividades sustentadas en las mejores capacidades frente a la seducción gestada en las asociaciones de cabecera (Elisa Beni dixit) por los grupos políticos seleccionadores.
En cualquier caso, vamos a tener la fortuna de disponer por primera vez en la historia del Gobierno del Poder Judicial de unos vocales europeos, felicidades, ya que, como se sabe, los jueces de este país también somos jueces ordinarios del derecho comunitario.
La aspiración. Es mi deseo más profundo, que seguro comparten muchos ciudadanos, que el nuevo Consejo asuma y resuelva tres problemas especialmente sensibles para la mejora de la justicia, que tienen que ver con el refuerzo de los elementos que configuran un servicio judicial eficiente y responsable; el sistema de selección y formación de quienes aspiren a servir y pacificar a la ciudadanía solo a través de la aplicación de la ley, y el impulso de la reforma en profundidad de procedimientos inacabables, del funcionamiento leal del órgano de gobierno, y de la objetivación de criterios para los nombramientos discrecionales. Con ello se refuerza la confianza ciudadana y se valoriza el trabajo y compromiso moral de sus servidores.