Ruptura del Gobierno murciano de PP y Vox por la acogida de niños y niñas migrantes desde Canarias

Tanta tensión que al final la cuerda se ha quebrado. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha roto definitivamente con el PP en los cinco gobiernos autonómicos en los que estaban coaligados, entre ellos, el de la Región de Murcia. Esta decisión supone la marcha del Ejecutivo murciano de los dos representantes de la ultraderecha: el vicepresidente regional, José Ángel Antelo, a su vez, consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo. Con ellos también se van una cuarentena de asesores y altos cargos nombrados por Vox.

El acogimiento de 16 niños y niñas por parte del Gobierno regional, según reconoció la consejera murciana de Política Social, Conchita Ruiz, cumpliendo con un acuerdo ya rubricado con el Gobierno central en 2022, ha hecho saltar por los aires una coalición de populares y ultraderechistas en la Región que todavía no había cumplido un año de vida. El jueves por la mañana ni Antelo ni Pancorbo se presentaron al consejo de Gobierno como una señal con mal pronóstico.

El diputado de Vox en la Asamblea Regional Ignacio Arcas ya había advertido el pasado miércoles de que romperían la coalición en el caso de que la Región acogiera a menores migrantes que han llegado en Canarias. “Desde Vox nos oponemos total y frontalmente a este reparto de ‘menas’ que genera inseguridad en los barrios donde van a ser instalados”, afirmó Arcas en el Parlamento murciano, lo que provocó una reacción inmediata de la portavoz de Podemos, María Marín, recordando que se trataba de “niños y niñas”.

Tres meses de negociaciones para formar un Gobierno de diez

La formación del Gobierno de coalición PP-Vox en la Región se consiguió tras más de tres meses de arduas negociaciones hasta que en septiembre de 2023 Fernando López Miras fue de nuevo investido presidente del Ejecutivo murciano al segundo intento. Abascal no ha mostrado ningún tipo de conmiseración a la hora de deshacer lo obtenido tras ese dilatado periodo de negociaciones.

El presidente murciano negó durante toda la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo que estuviera dispuesto a pactar un Gobierno con Vox en la Región. Al final así lo hizo, pero consiguió retener la consejería de Agricultura, que era la más ansiada por la formación de ultraderecha con el objetivo de cambiar la ley de protección del Mar Menor y rebajar sus controles. Esto ni siquiera ha sido necesario: el pasado mayo el PP cedía a las exigencias de Vox y daba el primer paso para modificar la ley que protege la laguna salada en el Parlamento murciano.

A principios de julio el Gobierno de coalición también hizo desaparecer el Consejo de Transparencia y lo sustituyó por un cargo puesto a dedo por Vox. El nuevo comisionado, Francisco Provencio, presidente de la Comunidad de Regantes de Librilla, iba a ser nombrado el próximo 17 de julio y con él habrían sido designados “cuatro o cinco eventuales a su cargo”, dijeron a elDiario.es fuentes parlamentarias. El PP se vio obligado a incluir esta iniciativa a propuesta de su antiguo socio de gobierno, Ciudadanos, pero lo hizo con desgana. Hasta el punto de que impidió la realización de su labor en muchas ocasiones, como denunciaron sus diferentes presidentes y miembros del Consejo en varias ocasiones.

Un impulso a la caza, recortes a los sindicatos y sin bandera LGTBIQ+

También le llegó su turno a la caza en plena campaña de las elecciones europeas del 9 de junio. El PP y Vox aprobaron en la Asamblea Regional una ley de impulso al Pacto Murciano por la Caza comprometida con gestión y la defensa de varios aspectos prohibidos actualmente por normativas estatales y europeas, como la caza de la tórtola o la práctica del silvestrismo, y que pretende, además, imponer actividades extraescolares con el objetivo de fomentar la caza entre los más pequeños.

También Antelo volvió a amenazar en junio a los sindicatos con otro 25% más de recortes en las asignaciones que reciben por parte del Ejecutivo murciano por su participación en 90 órganos consultivos de la Región.. “Os esperamos en los tribunales, comegambas”, manifestó en la red social X.

Recientemente, el PSOE, Podemos y asociaciones LGTBIQ+ también denunciaron que en los edificios de la Asamblea Regional y de ayuntamientos como el de Murcia, Molina de Segura o Lorca no se colocara la bandera del arcoíris por el Día Mundial del Orgullo.

Gobierno en minoría, moción de censura o convocatoria de elecciones

Al abandonar Vox la coalición caben tres opciones: o bien el Gobierno del PP puede seguir gobernando la Región en minoría, aunque se complicaría la gobernabilidad y la aprobación de ciertas leyes como los presupuestos; también podría haber una moción de censura de la izquierda apoyada por Vox o viceversa en la Asamblea Regional, cuestión que parece harto improbable; o se podrían convocar elecciones anticipadas.

De hecho, según los resultados del barómetro de primavera del CEMOP, el PP se podría deshacer de la formación de ultraderecha y alcanzar la mayoría absoluta de 23 escaños en el Parlamento murciano (ahora tiene 21) en el caso de que se convocasen elecciones. Por otro lado, la fuerte irrupción de Luis ‘Alvise’ Pérez en la Región con un 6,58% de las papeletas en las elecciones europeas del pasado 9 de junio, convirtiéndose Murcia en la quinta provincia con mayor porcentaje de voto dirigido a esta agrupación de electores, “ha trastocado todo en el corto plazo”, según una fuente parlamentaria, afectando a las expectativas electorales tanto de Vox como del PP en la Región.

Las cuentas tampoco tienen por qué convertirse en un gran dolor de cabeza para el PP: el Ejecutivo murciano aprobó sus presupuestos de 2024 pocos días antes de empezar el año, y podría prorrogarlos otro más.

“Un favor” al PP

“La cuestión de los menores migrantes es más bien una excusa para que estos dos partidos marquen un perfil diferenciado porque cuanto más se les perciba como similares, peor para ellos. Cuando uno hace una amenaza tan fuerte queda desautorizado si no la cumple”, apunta a este periódico José Miguel Rojo, investigador en la Universidad de Murcia, en referencia al órdago de Abascal.

Con la ruptura de Gobierno, el partido de ultraderecha le está haciendo “un favor” al PP porque, “precisamente”, esas coaliciones en los gobiernos autonómicos y ayuntamientos sirvieron como el motor de movilización del electorado progresista en las elecciones generales del pasado 23 de julio, según Rojo.

“Al PP le puede venir bien a nivel nacional que en un tema tan sensible, de corte moral, como la solidaridad con los menores inmigrantes haber mostrado su diferenciación con Vox”. A este partido, en cambio, lo ve “un poco perdido porque acabamos de ver en Francia que la Agrupación Nacional de Le Pen ha obtenido esos malos resultados, en parte, porque su discurso contra la doble nacionalidad y la inmigración ha movilizado a buena parte de la ciudadanía a la hora de apoyar al Nuevo Frente Popular”.

Cartagena, contra del campamento provisional de acogida de migrantes de Canarias

En todo momento, el Ejecutivo murciano ha exigido al Gobierno nacional “una financiación asegurada hasta que los menores tengan 18 años”. El Gobierno murciano ha reclamado “la singularidad de regiones como la nuestra donde ya somos receptores de inmigración y donde tenemos un campamento con más de 700 inmigrantes procedentes de Canarias”, en referencia al campamento provisional de acogida de migrantes habilitado en el antiguo Hospital Naval de Cartagena por el Ministerio de Inclusión el pasado noviembre ante la crisis migratoria de Canarias.

El Ayuntamiento de Cartagena paralizó el pasado mes de junio una serie de obras que estaban teniendo lugar para mejorar este edificio, mientras que su alcaldesa, Noelia Arroyo (PP), ha pedido en varias cartas al Gobierno nacional la retirada de dicho campamento. También se celebró a finales de mayo una concentración en Cartagena organizada por la platagorma 'No al CETI' bajo el lema 'Defiende Cartagena' contra el campamento de acogida de migrantes del Hospital Naval.

Canarias ha recibido a casi 6.000 menores migrantes, cuando su capacidad de albergarlos en una condiciones dignas se limita a una tercera parte de esta cifra, de modo que tanto el Gobierno nacional como el canario buscan una acogida equitativa en todas las comunidades autónomas y la reforma de la ley de extranjería.