Tres meses de la cruzada del juez Peinado: de una denuncia hecha de recortes y bulos a la citación del presidente

Juan Carlos Peinado firmó el pasado 19 de julio el auto más relevante de su carrera como juez. Sin prácticamente ningún argumento de por medio, el magistrado citó a declarar como testigo al presidente del Gobierno después de tres meses investigando a su esposa, Begoña Gómez, a lomos de una denuncia de Manos Limpias basada en noticias de prensa y sin que ninguna diligencia haya aflorado algún indicio de delito cometido por ella. Una instrucción a toda velocidad, con testigos que terminan imputados y con un juez que tiene, como mínimo, hasta el 30 de septiembre para seguir investigando las adjudicaciones a Carlos Barrabés, la actividad de Gómez en la Complutense, el rescate de Air Europa y todo lo que las acusaciones populares quieran poner encima de la mesa desoyendo, a veces, a la Audiencia Provincial de Madrid.

La causa arrancó de forma oficial el 24 de abril, poco antes de las nueve de la mañana. El juez Juan Carlos Peinado, hasta entonces conocido por tardar medio año en mandar a la Audiencia Nacional una causa sobre petróleo venezolano, anunciaba la apertura de las diligencias previas 1146/2024: una causa bajo secreto de sumario por tráfico de influencias y corrupción en los negocios “contra Begoña Gómez” tras llegar a su despacho, por reparto, una denuncia de Manos Limpias.

El movimiento judicial se transformó, rápidamente, en un terremoto político. Pedro Sánchez anunció varios días de retiro para reflexionar ante la investigación abierta contra su esposa a petición del pseudosindicato ultra de Miguel Bernad y la oposición pasó por encima de Gürtel, Púnica, Kitchen y los ERE de Andalucía para convertir estas diligencias en el mayor escándalo de la historia de la democracia. Mientras tanto, la causa basada en una colección de recortes de prensa y un bulo empezó a transformarse en una macrocausa que respetaba, solo a veces, el secreto de sumario.

Los primeros movimientos de Peinado pasaron por convertir la causa en una macrocausa. Aceptó la presencia de Vox, HazteOir, Iustitia Europa y el Movimiento Regeneración Política junto con Manos Limpias como acusaciones populares: un partido político de extrema, otro surgido de las cenizas de una asociación antivacunas, una asociación ultracatólica, un abogado youtuber conspiranoico y el pseudo sindicato de Miguel Bernad. También llamó a declarar a dos testigos: dos periodistas que defendieron las informaciones que daban cuerpo a la denuncia pero que negaron haber tenido conocimiento de ninguna ilegalidad en el proceder de Begoña Gómez.

“No he tenido constancia de manera verificable de que haya habido presión para la adjudicación de los contratos”, dijo uno de los periodistas. “No hemos constatado ningún tipo de presión”, dijo el otro. En ese momento, la causa se centraba en unas cartas con las que Begoña Gómez, al igual que varias instituciones, apoyó las candidaturas de la empresa de Carlos Barrabés en licitaciones públicas. “Es un medio frecuente en la adjudicación pública”, añadió uno de ellos.

El juez también investigaba si, tal y como afirmaba Manos Limpias, Begoña Gómez podía haber influido de alguna manera en que Air Europa, del grupo Globalia, fuera rescatada con más de 400 millones de euros en la pandemia. El 14 de mayo ya tenía encima de la mesa un primer informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que descartaba indicios de irregularidades en las adjudicaciones a este empresario, así como la intervención de Begoña Gómez.

De la Audiencia Provincial a la Fiscalía Europea

El juez Peinado hizo dos movimientos relacionados con ese informe. Abrir una pieza separada para investigar la filtración de sus conclusiones y anunciar una batería de testificales relacionadas con los contratos que el empresario Carlos Barrabés consiguió de la empresa pública Red.es. También al propio Barrabés, en ese momento hospitalizado con un grave problema de salud. Pero llegó el primer dictamen del tribunal que supervisa la causa: la Audiencia Provincial de Madrid.

Los magistrados avalaron que el juez investigara las posibles irregularidades o tráfico de influencias, ya descartadas en paralelo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, relacionadas con las adjudicaciones a la UTE de Barrabés, formada por Innova Next y The Valley. Pero fueron claros al referirse a la parte de la denuncia de Manos Limpias que, basándose en noticias de prensa, daba a entender que la esposa del presidente del Gobierno había influido de alguna manera en el rescate millonario a Air Europa.

“Una simple conjetura”, dijo la Audiencia madrileña sobre una parte de la investigación que Juan Carlos Peinado se negó a descartar. Empezó entonces un baile de citaciones, cruces de escritos y aperturas de nuevas líneas de investigación sin que, hasta la fecha, ninguna de las diligencias haya arrojado luz sobre ninguna ilegalidad. También llegó la primera citación como investigada para Begoña Gómez y la Fiscalía Europea entró en juego. Todo esto mientras la defensa de Gómez, el exministro Antonio Camacho, intentara sin éxito que el juzgado especificara de qué estaba acusada la esposa del presidente del Gobierno.

Las testificales relacionadas con Barrabés y Red.es, que llegaron a ser señaladas en un domingo durante una guardia de Peinado, quedaron sin efecto cuando la Fiscalía Europea reclamó el grueso del caso: todo giraba en torno a fondos comunitarios y el juez aceptó dejarlo en manos del Ministerio Público. Pero encontró la manera de mantener vivas las diligencias pasando por encima de lo que había dicho la Audiencia de Madrid y apoyándose en las acusaciones de Manos Limpias y HazteOir.

En esas semanas de investigación, Juan Carlos Peinado también dejó claro que estaba muy atento a lo que se decía de él y su labor como juez fuera de la Plaza de Castilla de Madrid. En uno de sus escritos contestó directamente a una nueva carta en la que Pedro Sánchez lamentaba la citación de su esposa como investigada: “Este instructor no conoce precepto alguno que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso”. Por primera vez en una causa de esta relevancia pública, un juez instructor contestaba por escrito a las declaraciones públicas de alguien que no forma parte del procedimiento.

¿De qué se acusa a Begoña Gómez?

En esas semanas de confusión, con parte de la causa en manos de la Fiscalía Europea y las citaciones apareciendo y desapareciendo del calendario, el abogado de Begoña Gómez empezó a preguntar al juez Peinado sobre el objeto concreto de la investigación. Con el rescate de Air Europa descartado por la Audiencia Provincial y las adjudicaciones a Barrabés asumidas por la Fiscalía Europea, y exministro y letrado Antonio Camacho se dirigió en varias ocasiones al magistrado para saber, antes de ir al juzgado, de qué estaba investigada exactamente Begoña Gómez.

La respuesta de Peinado fue que de todo desde que Pedro Sánchez se convirtió en presidente del Gobierno a mediados de 2018, si está relacionado con la denuncia inicial de Manos Limpias. El magistrado seguía adelante con las indagaciones sobre el rescate de Air Europa aunque la Audiencia Provincial lo había desestimado y seguía indagando en torno a Barrabés. Y allí donde no llegaba la denuncia inicial de Miguel Bernad sí llegaba a modo de muleta la querella del grupo ultracatólico HazteOir: el trabajo de Begoña Gómez en la Universidad Complutense pasaba a ser parte del caso.

Con la causa en constante expansión llegaron las declaraciones clave del caso. Después de una primera citación el 5 de julio en la que Gómez obtuvo más tiempo para estudiar a fondo las nuevas acusaciones de HazteOir –durante la cual la ultraderecha entró en los juzgados y consiguió incluso grabar imágenes– la esposa del presidente del Gobierno fue citada de nuevo a declarar el 19 de julio. Y en esa ocasión se acogió a su derecho a no declarar.

La respuesta del juez llegó horas después: iría personalmente a Moncloa a tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez. Muchos de estos hitos, incluida la citación al presidente del Gobierno, han llegado después de que Peinado recibiera un segundo informe de la Guardia Civil negando nuevamente la existencia de irregularidades en las contrataciones de Barrabés.

De Barrabés a la Complutense

En las últimas semanas la causa ha ido girando. Peinado, aparentemente y según se desprende de sus preguntas en los interrogatorios, está interesado en saber qué pasó en las reuniones que Gómez mantuvo en Moncloa con Juan Carlos Barrabés. Y ha entendido que una fuente de información para ese posible tráfico de influencias es Pedro Sánchez, con el que el empresario coincidió brevemente en uno de esos encuentros.

Tanto Barrabés como el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, entraron al juzgado como testigos y ahora han sido imputados. La información que aportaron cuando estaban obligados a contestar y decir la verdad se ha vuelto contra ellos sin muchos argumentos por parte del instructor y después de que negaran las irregularidades que denuncian las acusaciones populares.

El juez, apoyándose en los partidos y organizaciones de extrema derecha, ha ampliado la investigación al papel de Begoña Gómez en una cátedra de la Universidad Complutense. De investigar si Begoña Gómez usó su influencia para beneficiar a un empresario, el juez aparentemente ha pasado a investigar si fue ella quien recibió trato de favor en la Complutense o si, también, gestionó de forma irregular un software desarrollado en el seno de la actividad del centro. La UCM ha pedido al juez que investigue después de que la propia Universidad no haya encontrado ninguna irregularidad.

La causa contra Begoña Gómez ha necesitado tres meses para transformarse en una macrocausa, tanto por la cantidad de acusaciones populares que acumula como por las múltiples ramificaciones que ha desarrollado. Todo sin que, por el momento, ninguna de las diligencias haya arrojado indicios de sospecha sobre Begoña Gómez más allá de las afirmaciones de las acusaciones populares y los recortes de prensa que esgrimen, por ahora con éxito, para que la causa siga avanzando para averiguar si Begoña Gómez delinquió de alguna manera desde que se mudó a la Moncloa.