Venezuela necesita un acuerdo político para no convertirse en un Estado fallido

La mediación propuesta por Colombia, Brasil y México respecto a la entrega y verificación conjunta de las actas de las mesas en la última consulta electoral presidencial de Venezuela —incluso la posibilidad de una nueva consulta— se suma a la más de una docena de iniciativas de mediación entre Gobierno y oposición en los últimos años.

Desde 2013, con la llegada de Maduro a la presidencia, varios actores se han interesado en buscar una solución: la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, la Unión Europea, el Vaticano y distintos países. El último intento, hace apenas un año en Barbados, dejó un acuerdo sobre garantías electorales que se ha incumplido sistemáticamente en la consulta del pasado 28 de julio –cuyos resultados ha validado el Tribunal Supremo de Venezuela este jueves–. Todas dejan un reguero de instancias mediadoras y de arbitraje fracasadas en uno de los mayores ejercicios de profesionalismo en la dilación y el dribling político.

En esta década pérdida para Venezuela, la viabilidad actual y futura del país radica en propiciar puentes de entendimiento –aunque sean mínimos– para no profundizar en el cisma político y social poselectoral que alimenta el enfrentamiento civil en el país.

En este largo periodo, Maduro ha sido incapaz de propiciar las bases de ese entendimiento que faciliten una recomposición progresiva para que las distintas fuerzas políticas tengan cabida. Todo lo contrario: la persecución a los opositores, dentro y fuera de las filas maduristas, es una muestra clara del avance en la deriva autoritaria de la que ni tan siquiera han podido escapar símbolos, mitos y ritos. La identificación perfecta entre Estado, partido y líder carismático heredero de las esencias patrias de Bolívar y de Chávez, su profeta.

Con toda probabilidad, la frustración de todos los intentos de acercamiento demuestra que los sectores moderados dentro del régimen han perdido la batalla. En este momento de verdadera emergencia política y económica nacional, las vías para el acuerdo están cerradas y la práctica del “vale todo” frente al enemigo se ha impuesto. Acusaciones de corrupción, expedientes secretos de espionaje y escuchas, búsqueda de escándalos personales, persecuciones políticas o, incluso, llegar a robar unas elecciones de la forma más abierta y descarada ante la presencia de toda la comunidad internacional. Todas ellas hacen cada vez más difícil el entendimiento entre dos proyectos nacionales que, de forma inevitable, están obligados a encontrarse.

Sin embargo, aun siendo el escenario político complicado, es en la pauperización progresiva y en la diáspora imparable donde la ciudadanía venezolana se la juega. Más de 7,7 millones de personas –casi un 25% de su población total– han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. La mayoría –más de 6,5 millones de personas– ha sido acogida por países de América Latina y el Caribe.

Los últimos datos económicos ponen a Venezuela a la cola continental. Según las principales magnitudes consideradas, los grandes niveles de desabastecimiento –que afecta al 60% de la “cesta básica”– y la crisis política desde las elecciones de julio –con acusaciones de autoritarismo y de graves delitos pre y poselectorales– llevan a Venezuela hacia eso que los expertos llaman “Estados fallidos”. Fallidos, no por su tierna institucionalidad, sino por la progresiva desaparición de la imprescindible cobertura pública en ámbitos como la salud, las pensiones, o la educación de la mano de una élite política, militar y social que asume el poder como oxígeno y cuyo único objetivo por encima de todo es no perderlo. Todo ello bajo el manto de la corrupción, la inviabilidad presupuestaria y la inseguridad física y jurídica.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) –realizada entre marzo y mayo de 2023 por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en 16,212 hogares del país– es una de las más completas que se realiza desde hace casi una década ante el vacío de estadísticas oficiales. Desde 2015 el Gobierno venezolano dejó de publicar cifras completas de pobreza, inflación, escasez, causas de muerte o contagios por enfermedades, entre otros indicadores sobre las condiciones de vida de la población.

Según los resultados del estudio, el 51,9% de la población de Venezuela vivía en condiciones de pobreza el año pasado, una cifra ligeramente mayor que en 2022, cuando la pobreza multidimensional –que incluye el nivel de ingresos y acceso a servicios públicos como educación y salud— fue del 50,5%.

La mitad de los hogares no perciben los ingresos suficientes para cubrir la “canasta alimentaria”, situación que agrava la pobreza extrema. La mayoría de los venezolanos vive con un promedio de 300 dólares mensuales, pero varios millones reciben el salario mínimo, situado en 130 bolívares en abril de 2022, que entonces equivalían a 30 dólares. Ahora el salario mínimo se ha reducido a 3,59 dólares. El ingreso promedio per cápita en el segmento más pobre es de 10 dólares al mes, y la pensión de un profesional medio está en torno a los 4 dólares.

De la fuerza laboral compuesta por personas mayores de 15 años, únicamente 10,7 millones (52,2%) se encuentra ocupado. Dentro de este grupo, el 48,3% trabaja por cuenta propia. El gobierno de Maduro aplicó a finales de 2021 recortes de gasto público, subidas de impuestos e inyecciones de divisas en un intento de atajar el ciclo de hiperinflación en el país, que cerró ese año en un 686,4%. En 2023 llegó al 189,8% y la inflación anualizada a febrero de este año 2024 se ubicó en el 75,91%.

En cuanto a la sanidad, el servicio ha caído en picado en estos diez últimos años. En este momento, las intervenciones quirúrgicas, sea cual sea la gravedad, deben ser cubiertas en gran parte por los familiares del enfermo. Cuestiones básicas como los instrumentales y utensilios: oxígeno, alcohol, guantes, vendas y los fármacos, por no hablar de la alimentación durante su hospitalización, recaen por cuenta de las familias afectadas.

La población escolarizada es de 7,61 millones. Esto supone que un 34% de los venezolanos en edad escolar, incluidos menores de 24 años (más de 11,59 millones de personas), no cursan ningún estudio por motivos múltiples, entre los que se incluye la pobreza. Mientras que un 40% de los que sí están escolarizados, en tanto, tienen una asistencia irregular: el 30% por las protestas de los educadores, el 18% por el ausentismo del personal docente, el 19% a causa de enfermedades, el 10% por falta de comida en su hogar y un 14% por fallas en servicios públicos como luz, agua o transporte.

Ha llegado el momento de una recomposición total en Venezuela que tenga como base un pacto político y social hacia un proceso de transición amplio en donde las distintas fuerzas políticas tengan cabida. Esta llamada a la conciliación –por intermediación de los países más próximos al régimen– es urgente en este momento de emergencia nacional.

Ha llegado el instante protagonista de los sectores más institucionales y moderados de ambos bandos para que abran vías de acuerdo y de entendimiento entre dos proyectos nacionales condenados a entenderse en ámbitos fundamentales como son la recuperación social y económica, la reforma de las políticas públicas básicas, el déficit público y monetario, la distribución eficiente de los productos básicos, la nueva política energética y la seguridad como principales inquietudes ciudadanas. Todas estas cuestiones redundan en la imprescindible viabilidad histórica como nación y como Estado fundamental en la región.

Sin embargo, este imprescindible pacto nacional con mediación internacional o continental pasa por una cuestión previa: es necesario superar el cisma político y social poselectoral. Por un lado, la oposición debe evitar una progresiva marginalización alimentando un ambiente de radicalidad que sea la excusa de mayor represión y muerte. Por otro, el Gobierno no puede caer en la deriva autoritaria para contestar de esta forma a las acusaciones de falta de limpieza y transparencia democrática.

Para todo ello, sólo caben dos opciones: publicar las actas de recuento de las distintas mesas y/o poner en marcha un proceso de transición política como única fórmula contundente para cerrar con mano firme los peligros reales de la división interior.

Gustavo Palomares es catedrático europeo en la UNED y director del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado. Fue el portavoz europeo en la Misión Electoral Internacional para las elecciones presidenciales de 2013 en Venezuela.