Amnistía, investidura, financiación
La financiación de Catalunya no puede desvincularse de la financiación de las demás. Al mismo tiempo que se implementa lo negociado de cara a la investidura de Salvador Illa, el Gobierno de la Nación tiene que poner encima de la mesa una oferta de financiación para las demás comunidades
Una vez conocidos los resultados de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, quedaba claro que la ley de amnistía era el primer paso que se tendría que dar para que Pedro Sánchez pudiera ser investido presidente del Gobierno y la legislatura pudiera echar a andar.
La mayoría parlamentaria necesaria para la investidura ya no podía constituirse con los resultados de los partidos que la constituyeron en 2019, sino que sería necesario contar con todos los partidos que aprobaron la moción de censura en julio de 2018. No era suficiente una parte del nacionalismo catalán, sino que era imprescindible la inclusión de todo el nacionalismo catalán en la mayoría de investidura. Si con los indultos se había podido conseguir una mayoría de investidura con ERC exclusivamente en 2019, para conseguirlo en 2023 era precisa la amnistía, ya que había que contar con el nacionalismo de Junts, cuyo máximo dirigente, Carles Puigdemont, no podía ser indultado, ya que no había sido procesado y condenado. Para que los parlamentarios de Junts estuvieran dispuestos a integrarse en una mayoría de investidura, era necesario la aprobación de una ley de amnistía que despejara el horizonte penal de Carles Puigdemont, que en ese momento de 2023 no era parlamentario español, sino parlamentario europeo. Con los resultados del 23 J de 2023 no era necesario el voto de Carles Puigdemont, pero sí el de los siete diputados de Junts. Y estos no darían el sí sin que se hubiera despejado el horizonte penal de su máximo dirigente.
Con el calendario electoral que se manejaba tras el 23J, con la aprobación de la ley de amnistía era suficiente para la investidura de Pedro Sánchez. En 2024 estaban previstas exclusivamente unas elecciones al Parlamento europeo en el mes de julio, en las que se daba por seguro que Carles Puigdemont se presentaría y continuaría teniendo una inmunidad parlamentaria “renovada”, ya que el “principio de discontinuidad” es el que preside el Derecho Parlamentario en todas sus manifestaciones: autonómica, estatal y europea. Cada legislatura es un compartimento estanco. Todos los actos parlamentarios que no tengan la condición de actos firmes, decaen con la disolución parlamentaria. Habría, en consecuencia, que volver a activar el mecanismo del suplicatorio para levantar la inmunidad de Carles Puigdemont. Ni la decisión del Parlamento anterior, ni la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, recurrida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tenían valor alguno tras la celebración de las elecciones europeas de julio de 2024.
La Ley de Amnistía era, pues, el único obstáculo para que la legislatura se pusiera en marcha. Con la aprobación de dicha ley los siete parlamentarios de Junts se podrían integrar en la mayoría de investidura.
Este calendario se vería alterado con la decisión del President de la Generalitat, Pere Aragonés, de disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas ante la imposibilidad de conseguir una mayoría para la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
La convocatoria de estas elecciones condujo a que Carles Puigdemont decidiera presentarse a ellas y no a las elecciones parlamentarias europeas, con la finalidad de poder recuperar la presidencia de la Generalitat, que perdió con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en 2017.
Es sabido cuál fue el resultado de las elecciones catalanas, en las que por primera vez los partidos nacionalistas no disponían de mayoría parlamentaria para poder investir a un president. En las dos elecciones anteriores en que el president fue socialista, Pasqual Maragall y José Montilla, los partidos nacionalistas catalanes, CiU y ERC, tenían mayoría en el Parlament y podían haber impedido que lo fueran, eligiendo a Artur Mas. En esta ya no pueden. O se repetían las elecciones o era elegido Salvador Illa, que es lo que ha ocurrido.
Pero la investidura del President de la Generalitat ha sido un obstáculo añadido a la amnistía para que las legislaturas, la española y la catalana, pudieran operar. Si no se conseguía investir a Salvador Illa President de la Generalitat, se hubiera tenido que disolver el Parlament el 26 de agosto y, muy probablemente, también las Cortes Generales.
Aprobada y publicada la Ley de Amnistía, su aplicación por los jueces y magistrados que tuvieran que hacerlo se convirtió en un instrumento para intentar torpedear la investidura de Salvador Illa, con la finalidad de forzar la repetición de las elecciones catalanas y la disolución anticipada y celebración de nuevas elecciones de Cortes Generales. Fracasado el intento de impedir la aprobación parlamentaria de la Ley de Amnistía, su aplicación judicial en conexión con la investidura del President de la Generalitat se convertía en la gran baza de las derechas españolas.
El pacto con ERC ha permitido salvar ese doble obstáculo, pero añadiendo uno nuevo tanto en el Parlament de Catalunya como en el Congreso de los Diputados: la negociación de un sistema de financiación “singular” para Catalunya, que tendrá que ser aprobado tanto en el Parlament como en las Cortes Generales.
En la aplicación de la amnistía quedan todavía algunos obstáculos que superar, pero si la legislatura estatal no se interrumpe, se acabarán superando. Lo mismo ocurrirá con el asentamiento de Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat.
El principal problema para ambas legislaturas es el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. La financiación de Catalunya no puede desvincularse de la financiación de las demás. Al mismo tiempo que se implementa lo negociado de cara a la investidura de Salvador Illa, el Gobierno de la Nación tiene que poner encima de la mesa una oferta de financiación para las demás Comunidades Autónomas e iniciar una negociación de la misma con los Consejos de Gobierno y en las Cortes Generales, que es donde tendrá que ser definitivamente aprobada.
Se trata, por lo demás, de una tarea que está pendiente desde hace más de diez años. El sistema de financiación tenía que haberse renovado con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y, por tanto, también con Pedro Sánchez. Con ninguno de los dos se ha hecho. Al final, como ha ocurrido siempre en España en lo que a la descentralización política se refiere, es Catalunya la que abre el camino que acabarán siguiendo todas las demás.