La batalla por la presidencia del Poder Judicial: las relevantes atribuciones por las que pugnan conservadores y progresistas

El asunto debería haberse solventado el pasado 1 de agosto, según los plazos que marca la ley. Pero la elección de la presidencia del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sigue sin desencallarse. Los bloques conservador y progresista —con diez representantes cada uno— mantienen sus posiciones enfrentadas. Las conversaciones continúan abiertas a la espera de una nueva reunión prevista para el 2 de septiembre, cuando se habrá excedido en un mes el plazo legal. La ley del Poder Judicial establece que la elección de la presidencia, que lo será también del Tribunal Supremo, tendrá lugar “entre tres y siete días” después de la sesión constitutiva, que se celebró el 25 de julio.  

El choque entre ambos sectores pone de manifiesto cómo, por primera vez, la elección de la presidencia no ha sido objeto de un pacto entre los dos grandes partidos, afanados en colocar a un mayor número de vocales afines. Hasta este octavo mandato, lo habitual era que la designación de la presidencia —que formalmente hacen los vocales— estuviera decidida de antemano por los políticos. El bloqueo evidencia también la total relevancia que los dos bloques dan a la figura encargada de dirigir una institución que maneja un presupuesto cercano a los 80 millones de euros y que se encarga de elegir a los altos cargos de la carrera judicial y de sancionar las infracciones de los jueces. 

El CGPJ es un órgano colegiado, en el que muchas decisiones se toman por mayoría. Pero la persona que ocupa la presidencia tiene voto de calidad en caso de empate. Es algo que puede resultar clave en un escenario como el actual, en el que el acuerdo entre el Gobierno y el PP propició un reparto igualitario entre los dos sectores, con diez representantes para cada uno. Y teniendo en cuenta, además, que el órgano afronta el reto de renovar un centenar de jueces de las cúpulas de los tribunales. 

Esos nombramientos requieren una mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros), aunque el voto de la presidencia puede ser igualmente relevante ante los imprescindibles acuerdos que deberán darse entre miembros de ambos sectores para sacar esas designaciones adelante. La situación es especialmente comprometida en el Supremo, donde está vacante un tercio del tribunal como consecuencia del veto a los nombramientos durante parte del bloqueo impuesto por el PP en el anterior mandato. 

Además, muchos otros asuntos que decide el pleno no necesitan esta mayoría reforzada para ser aprobados y únicamente requieren de mayoría absoluta (11 de los 21 miembros). Así ocurre, por ejemplo, con los informes sobre los proyectos del Gobierno o con los comunicados o declaraciones institucionales. Por ejemplo, durante el anterior mandato, el bloque conservador utilizó su abrumadora mayoría en el órgano para emitir un comunicado contra la ley de amnistía antes incluso de que se conociera su contenido. 

Control de los temas a tratar

El nuevo presidente o presidenta heredará un órgano menos presidencialista del que dirigió el último presidente ordinario, Carlos Lesmes. Gracias a una reforma aprobada en solitario por el PP en 2013 y en cuya elaboración colaboró él mismo, Lesmes tuvo la facultad de proponer a los miembros de la todopoderosa Comisión Permanente, una especie de núcleo duro donde se toman muchas decisiones relevantes. En el anterior mandato, sus siete miembros eran los únicos que tenían dedicación exclusiva.

Ahora, los 20 vocales están liberados para dedicarse al 100% al CGPJ, como ocurría hasta 2013. La ley en vigor recoge también que la “elección y nombramiento” de los miembros de la Permanente y del resto de comisiones (Igualdad, Asuntos Económicos, Disciplinaria…) depende del pleno. 

No obstante, la presidencia sigue teniendo una gran responsabilidad en el manejo del día a día del órgano. Por ejemplo, entre sus facultades está “convocar, presidir y fijar el orden del día” tanto de los plenos como de la Permanente. Esto es, tiene el control sobre los tiempos y los asuntos a tratar. En ausencia de presidencia, la inclusión de un asunto o no en el orden del día requiere de unanimidad. Por ejemplo, el posicionamiento en contra de los vocales progresistas impidió que el pasado 19 de agosto se debatiera si emitir un comunicado crítico con las declaraciones del ministro Óscar Puente sobre el Supremo y su aplicación de la amnistía, como pretendían los representantes del bloque conservador. El asunto no se llegó siquiera a incluir en el orden del día. 

La presidencia también decide qué vocales ejercen de ponentes de los dictámenes sobre leyes del Gobierno, encabeza la comunicación institucional —con la potestad de elegir al director de Comunicación— o dirige las actividades de los órganos técnicos. Y también puede imponer otra cuestión muy sensible: qué magistrado del Supremo es el encargado de autorizar las entradas en domicilios privados y las escuchas telefónicas que requiera el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). El control judicial de los servicios de inteligencia está ahora en manos del magistrado Pablo Lucas, precisamente el candidato preferido de los vocales conservadores para presidir el CGPJ. 

Vocales de ambos bloques consultados por elDiario.es no ocultan la relevancia que supone situar una figura afín al frente de la institución. “Tiene que haber una apariencia de legitimidad democrática”, sostiene una fuente del sector progresista en referencia a la “mayoría sociológica” expresada en las urnas que llevó a la Moncloa a un Gobierno de coalición progresista. En este bloque evocan controvertidos precedentes como el de Carlos Dívar, un magistrado de perfil conservador que llegó a la presidencia del CGPJ en 2008, con la aquiescencia del PSOE, entonces en el Gobierno. Tuvo que dimitir tras hacerse público que había pagado con dinero de la institución gastos de viajes, en fin de semana, con estancias en hoteles de lujo y comidas en restaurantes caros. 

El sector progresista aspira a que una mujer presida por primera vez el CGPJ, con la magistrada del Supremo Pilar Teso como su principal candidata. La terna del bloque progresista se completa con Ana Ferrer, la primera mujer en acceder a la Sala de lo Penal del Alto Tribunal y que ha formado parte del tribunal que sentenció el procés independentista catalán; y con Ángeles Huet, una de las últimas incorporaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. 

El candidato preferido de los vocales elegidos a propuesta del PP es el citado Pablo Lucas, al que intentan hacer pasar por un perfil progresista y de consenso, algo con lo que no coinciden en el otro bloque. No obstante, en el último pleno en el que se abordó este asunto aceptaron elegir a una mujer, pero siempre que fuera alguna de las magistradas propuestas por su sector: Carmen Lamela y Esperanza Córdoba. Destacan que ambas son reputadas juristas y no están vinculadas a ninguna asociación, aunque tienen perfiles conservadores que no gustan a los vocales propuestos por PSOE y Sumar. 

Las conversaciones siguen abiertas, pero el tiempo apremia. El próximo 5 de septiembre se celebrará el acto solemne de Apertura del Año Judicial en el Supremo, donde la presidencia del CGPJ y el Alto Tribunal está emplazada a dar un discurso ante el rey Felipe VI y el resto de autoridades.