Las bicis eléctricas de alquiler privadas pasan este martes a la historia en Madrid

Final definitivo a las bicicletas de alquiler privadas desperdigadas por Madrid. Este lunes 30 de septiembre ha acabado la última prórroga de las autorizaciones que el Ayuntamiento otorgó en el año 2022 a varias empresas para que distribuyeran estos aparatos sin base fija en la capital, que podían aparcar en numerosos puntos de la vía pública.

El fin de esta autorización, que ha sido confirmada por fuentes del área de Movilidad a Somos Madrid, significa que todos los aparatos de este tipo que varias compañías distribuyeron por Madrid tienen que dejar de operar y ser retirados de las calles de la ciudad. La decisión llega un mes después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, anunciara el final de las concesiones a los patinetes de alquiler por las molestias ocasionadas a los ciudadanos y por repetidos incumplimientos del contrato con el consistorio.

El Ayuntamiento de Madrid autorizó hace dos años 2.802 bicicletas de alquiler a las empresas Ridemovi, Bolt, Bird, Dott y Lime. Además, también incluyó en el reparto a Bicimad Go, la versión sin base fija de las bicicletas municipales de alquiler. De todos ellos, 1.999 aparatos tenían permiso para circular por el interior de la M-30 y el resto por los distritos del exterior.

Entonces, el equipo de Almeida vendió este despliegue como un “impulso a la movilidad sostenible”, además de asegurar “el libre mercado y la libre competencia efectiva”. Aunque también advertía, en la misma nota de prensa del anuncio, que podía “revocar las autorizaciones si los adjudicatarios no cumplen con cualquiera de las condiciones jurídicas y técnicas establecidas”.

El área de Movilidad empezó pronto a recular de su decisión, cuando prescindió de 288 los aparatos autorizados de Bicimad Go, un servicio diez veces más caro y que restó disponibilidad de las antiguas bicicletas blancas. La renovación de la flota coincidiendo con la gran ampliación del sistema público de alquiler se llevó por delante esta modalidad que también gestionaba la EMT.

Bicis a 29 céntimos el minuto

Las bicicletas privadas funcionaban hasta ahora en Madrid con una autorización demanial gratuita, que el Ayuntamiento concedía a las empresas que lo solicitaban y presentaban la obligatoria autorización, el seguro y la póliza de responsabilidad civil. El de 2022 fue el segundo intento de ordenar el mercado de bicicletas sin base fija en la capital después del primer fracaso registrado en el año 2021.

Pese a la gratuidad, las tarifas de estas empresas no eran baratas. Lime, compañía de la que en las últimas semanas han vuelto a aparecer bicicletas en el centro de Madrid (tenía autorización para desplegar 521), cobra a 0,29 euros cada minuto de uso de sus aparatos.

El Ayuntamiento fue adjudicando prórrogas de seis meses desde el 30 de septiembre de 2022, pero la decisión sobre los patinetes eléctricos de alquiler ha coincidido con el final de estas renovaciones, que coincide con uno de los mejores momentos de Bicimad, la compañía pública de alquiler de bicicletas. El último mes llegó a casi 40.000 viajes diarios en el sistema, gestionado actualmente por la EMT.

Fuentes el área de Movilidad se justifican explicando que cuando se sacaron las autorizaciones para operadores privados, Bicimad contaba con 258 bases en 15 distritos y 2.964 bicicletas. Pero que actualmente el sistema alcanza los 21 distritos, con 611 bases y 7.500 bicicletas operativas, por lo que la cobertura llega a toda la ciudad.

El final de las autorizaciones afectará a dos de las empresas que también tendrán que retirar los patinetes, Dott y Lime. La primera contaba con permiso para 104 bicis, mientras que la segunda contaba con la 521 citadas hasta este lunes, cuando mantenía aún sus operaciones.

“No se han concedido nuevas autorizaciones y, por tanto, tendrán que retirarlas”, recalca una portavoz del Ayuntamiento de Madrid sobre la posibilidad de que hagan caso omiso del final de su permiso y sigan operando con sus bicicletas en octubre.

En el caso de los patinetes, el área de Movilidad ha anunciado que dejarán de operar a lo largo del mes de octubre, pero es el Ayuntamiento el que tiene que retirar sus actuales permisos, ya que la concesión aún no ha terminado. La empresa Dott ha anunciado que acudirá a los tribunales si el consistorio no abre una negociación y decide cumplir con lo que anunció el alcalde.