Vox pide dos años de cárcel a un humorista por llamar a "combatir el fascismo con un puñetazo en la boca"
El partido de extrema derecha es la única acusación contra Jair Domínguez, ya que la Fiscalía no ve delito en su discurso contra el nazismo en Catalunya Ràdio
La Justicia da la razón a Vox e investiga a un cómico por pedir “un puñetazo” contra el fascismo
Nuevo juicio a la libertad de expresión. El humorista Jair Domínguez tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por llamar a “combatir el fascismo con un puñetazo en la boca” en los micrófonos de Catalunya Ràdio. Vox, la única acusación del caso, le reclama dos años de cárcel por un delito de odio, un tipo penal pensado para proteger a colectivos discriminados pero del que dice ser víctima el partido de extrema derecha.
El caso es un ejemplo de manual del efecto desaliento a la libertad de expresión que comporta trasladar a la vía penal los desacuerdos con las opiniones hirientes o que molestan. Hasta en dos ocasiones la jueza instructora archivó el caso, al constatar que no había delito en las palabras de Domínguez. Pero la Audiencia de Barcelona revocó ambos archivos al considerar que el discurso del humorista en la radio era una llamada real a la violencia.
El caso se remonta al año 2021. Domínguez fue denunciado por Vox por su discurso en el espacio de un minuto que tenía en 'El Matí de Catalunya Ràdio' antes de las 8:00h., en el que daba una opinión sobre la actualidad en clave de sátira y astracanada. Dos días después de las elecciones catalanas, el humorista se mostró “horrorizado” por los pueblos en los que más se había votado a Vox.
“Al final resulta que la Catalunya poligonera es neonazi, quien lo iba a decir. [...] Al fascismo, a los nazis se les combate con un puñetazo en la boca. No hay medias tintas. Vuestros abuelos fusilados, enterrados en cunetas y en el campo de concentración de Argelers no os dijeron que al fascismo se le combate en las urnas. Todo el mundo puede votar, hasta los que no están bien de la cabeza, y nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos”, aseveró Domínguez.
Pese a tratarse de un partido político con representación parlamentaria y con una escasa presencia de colectivos minoritarios, los magistrados que ordenaron reabrir el caso sí creyeron que Vox puede ser víctima del delito de odio al valorar que existió en las palabras de Domínguez “un estímulo atentatorio” frente a la formación de extrema derecha.
La Fiscalía no veía delito y enmarcaba la polémica dentro de la libertad de expresión. El Ministerio Público no ha formulado escrito de acusación, por lo que la de la extrema derecha será la única parte del caso que pida condenar a Domínguez.
En su escrito, Vox considera que las “palabras y sintagmas” de Domínguez “albergan unas connotaciones intolerables, hostiles y discriminatorias” y “transparentan sin necesidad de complejas argumentaciones” que su objetivo era “aumentar el clima de violencia y hostilidad que en ese momento ya estaban sufriendo Vox y sus militantes”.
La querella de Vox se enmarca en la estrategia del partido de presentarse como víctima del delito de odio pese a no formar parte de ningún colectivo discriminado y de llevar a los tribunales las voces que les asocian con el nazismo.