El partido progresista gana las elecciones en Uruguay, pero se jugará la presidencia en la segunda vuelta
Yamandú Orsi, del Frente Amplio —formación que lideró el expresidente José Mújica—, se jugará la presidencia en la segunda vuelta de las elecciones el próximo 24 de noviembre contra el candidato oficialista Álvaro Delgado
Con más del 90% de los votos escrutados por la Corte Electoral, el oficialista conservador Álvaro Delgado (Partido Nacional) y el opositor Yamandú Orsi (Frente Amplio) lideran los resultados por amplio margen y lucharán por la presidencia de Uruguay en la segunda vuelta.
La coalición de izquierdas que lideró el expresidente José Mújica acumula 949.983 votos de los 2.217.473 emitidos, el Partido Nacional tiene 592.677 y el Partido Colorado, 353.422.
Por su parte, Identidad Soberana suma 58.716 votos, Cabildo Abierto 53.020 votos y el Partido Independiente 37.715. Estos números marcan que esas fuerzas políticas serían las que tendrían lugar en el Parlamento.
Este domingo, Uruguay afrontó unas elecciones en las que la ciudadanía acudió a las urnas para elegir al presidente y a los parlamentarios para el período 2025-2030.
Teniendo en cuenta que ninguno de los once aspirantes superó el 50% de los votos, el 24 de noviembre se llevará a cabo una segunda vuelta entre los dos más votados.
Reforma de las pensiones
Además, los electores debieron pronunciarse sobre dos plebiscitos: uno que buscaba reformar el régimen de seguridad social y uno que pretendía autorizar los allanamientos policiales nocturnos.
Ni la reforma de la seguridad social que proponía la central sindical única ni la autorización de los allanamientos nocturnos por parte de la policía fueron aprobados en el plebiscito.
La reforma pretendía reducir la edad de jubilación de los 65 a los 60 años, así como acabar con los fondos privados de pensiones y equiparar la pensión más baja al salario mínimo.
La modificación del régimen de la seguridad social que había propuesto el Plenario Intersindical de Trabajadores - Convención Nacional de Trabajadores no alcanzó el 50% de los votos que necesitaba para salir adelante, como tampoco la autorización para llevar a cabo registros nocturnos, que según las proyecciones de empresas demoscópicas sólo alcanzó el 39%.
“No logramos el objetivo central que teníamos establecido. No lo logramos con la votación que nuestra ciudadanía desarrolló en el día de hoy. De confirmarse esta tendencia, que todo indica que es así, nosotros no le vamos a llamar victoria a lo que no lo es y vamos a reconocer el resultado”, declaró el líder del movimiento sindical, Marcelo Abdala.
La modificación del régimen de seguridad social que hoy fue sometido a votación se remonta a agosto del año pasado, cuando el Gobierno de Luis Lacalle Pou logró que entrara en virgor una ley que elevó la edad de retiro de los 60 a los 65 años y que además permitía que los jubilados pudiesen optar por mantener la actividad laboral.
Esto provocó que el movimiento sindical promoviera un plebiscito con el objetivo de modificar la ley y la propia Constitución Nacional. Su objetivo era equiparar la cuantía de las pensiones con el salario mínimo nacional y que se pudiese acceder a la jubilación nuevamente a los 60 años.
La propuesta, que incluía el reemplazo de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP, privadas) por un sistema de Seguridad Social gestionado exclusivamente por el Estado, dividió las aguas en el sistema político y el electorado.
Los candidatos a la Presidencia por los partidos de la coalición de Gobierno se mostraron en contra de la iniciativa sindical, mientras que el opositor Frente Amplio (FA) decidió dejarlo a la libre consideración de su electoradio, si bien su aspirante presidencial, Yamandú Orsi, se posicionó en contra.
En tanto, el otro asunto sometido a consulta, la eventual autorización de los allanamientos nocturnos, fue iniciativa de los parlamentarios de la coalición oficialista.
Según artículo 11 de la Constitución uruguaya, “el hogar es inviolable”, por lo que “de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo por orden expresa de un juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley”.
En este caso, la coalición de Gobierno apoyó la iniciativa, mientras que el Frente Amplio emitió una resolución en la que expresó que la propuesta no era “el mejor camino para solucionar los graves problemas de seguridad”, por lo que no la respaldaría