Funcionarios de la Junta de Andalucía de atención a la dependencia se revuelven: "No podemos con todo, no nos da tiempo"

El nuevo procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y de las prestaciones en Andalucía implantado por la Junta en marzo del año pasado, que reduce el proceso a una única visita al domicilio y a una única resolución, está suponiendo un quebradero de cabeza. Y no solo para las familias de las personas que quieren pedir la prestación y tienen que esperar su turno, sino también para los empleados que, dentro de la propia administración, tienen que ejecutar un proceso bastante complejo.

Tanto, que trabajadores sociales, administrativos y psicólogos que desempeñan su labor en la Administración General de la Junta y en la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia denuncian determinados “abusos” en sus condiciones laborales, que han cambiado “mucho” con el nuevo sistema, y en la forma en la que ahora tienen que gestionarse las citas y los objetivos a cumplir bajo las directrices de la Junta, “y quién lo paga es la calidad en la atención a los usuarios”.

“No podemos con todo, no nos da tiempo”. Relata lo que les pasa a estos empleados de la Junta una funcionaria valoradora de la dependencia en Sanlúcar de Barrameda, portavoz en Cádiz de la Plataforma Andaluza de Personal de Atención a la Dependencia (PAPAD), que reúne a más de 300 personas de diferentes profesionales del sector público andaluz en el ámbito de la dependencia “por una atención digna, de calidad, eficiente y justa”. Lourdes Delgado lamenta que vienen denunciando sin éxito los déficits del nuevo sistema, que la Consejería de Inclusión Social viene defendiendo pese al aumento en los tiempos de espera, achacable a la convivencia temporal de dos sistemas informáticos según la consejera, Loles López.

Fuentes de la Consejería presumen de que en dependencia “por primera vez” se han superado los 290.000 beneficiarios, con 430.000 prestaciones. “Solo faltaría que en 2024 tuviéramos las mismas prestaciones que en 2018”, ironizó una fuente bien conocedora del sistema. La portavoz de PAPAD, por su parte, critica que el Gobierno andaluz “juega con la complejidad del sistema” y se sirve de cifras para “engañar” a la ciudadanía, lamentando que de un tiempo a esta parte los trabajadores no puedan “autogestionar” las citas y las valoraciones. También se queja, y hace extensible a sus compañeros, que tienen que hacer las visitas con su propio vehículo, si bien la administración abona el combustible, confirman las fuentes de la Consejería.

“Ya advertimos de que iba a fallar y está fallando”

“Ahora tenemos que recopilar los datos, valorar, decidir el recurso más apropiado, elaborar el informe, etc. No podemos con todo, no nos da tiempo”, explica la portavoz en Cádiz. “El trabajo que antes hacían dos personas ahora lo hace solo una”, apunta Luis Fernández, de quien partió la idea de unir las voces de estos trabajadores tras advertir el “mal funcionamiento” del nuevo sistema para el que también trabaja como funcionario valorador en Sevilla. “¿A que la Junta no habla del número de personas atendidas?”, sugiere. Desde la Consejería rebaten que el trabajo sea un 2x1 argumentando que “se trata de un nuevo procedimiento”.

La principal novedad del nuevo marco normativo andaluz es la reducción a una única visita al domicilio de la persona que solicita la dependencia, ya que hasta el momento eran necesarias dos visitas (una para la valoración y otra para la elaboración del Programa Individual de Atención -PIA), unificándose además a una sola resolución administrativa de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. “Nosotros en principio lo veíamos bien, pero ya advertimos de que iba a fallar y está fallando. Está resultando ser un caos, un desastre”, resumen los portavoces de PAPAD.

La primavera pasada la Junta aprobó un incremento de 20 puestos de trabajo de la plantilla de funcionarios de la Consejería de Inclusión Social dedicados a la tramitación de los expedientes de la dependencia. El volumen total de empleados dedicados a este ámbito asciende a 268 profesionales, destacando que el personal encargado de la valoración del grado de dependencia tiene la condición de personal funcionario, como es el caso de Lourdes Delgado, con plaza definitiva tras un concurso, si bien hay una mayoría en situación de interinidad y adscrita a una Zona Básica de Servicios Sociales en la Relación de Puestos de Trabajo.

La Consejería pretende “librar” de tareas administrativas

“Nuestras quejas caen en saco roto. No nos escuchan”, lamenta la funcionaria, que apunta que sus reivindicaciones vienen siendo secundadas por el Consejo Andaluz de Colegios Profesionales/Oficiales de Trabajo Social y que están tratando de aumentar las sinergias con la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Andalucía). También mantienen contacto con los sindicatos, si bien la diversidad en el tipo de personal que trabaja en el ámbito (funcionarios, laborales, interinos, personal de la agencia...) “dificulta” que puedan actuar al unísono para defender sus derechos laborales.

Un reciente encontronazo lo tuvieron con UGT, recuerda la portavoz en Cádiz de la PAPAD, a raíz de un acuerdo del sindicato de clase con la Consejería en relación al procedimiento unificado de dependencia. En dicho acuerdo, según la plataforma, “se responsabiliza a los trabajadores de la lentitud del proceso, amenazándolos con la pérdida de incentivos de productividad si no cumplen objetivos inalcanzables con los recursos y tiempos actuales”. “Los objetivos establecidos en el acuerdo actual resultan inalcanzables, lo que está provocando niveles alarmantes de ansiedad y estrés entre los empleados, no solo afectando su bienestar, sino que también compromete la calidad y eficiencia del trabajo desempeñado”, denuncia PAPAD entre otras muchas cuestiones.

Para las fuentes de la Consejería, que muestran su desacuerdo con la escasez de tiempo para el trabajo encomendado a los empleados, en virtud del acuerdo con UGT “los viernes no salen a hacer visitas porque se dedica a la elaboración de informes y para tareas preparatorias de las visitas de la siguiente semana, y para ello pueden llamar a las familias si así lo necesitan, a los servicios sociales comunitarios, a estudiar informes previos, a lo que estimen oportuno como profesionales. Lo que se busca es librarles de tareas administrativas y que puedan centrarse en su labor, en las visitas y elaborar las valoraciones”, detallan desde la Consejería.

Según la PAPAD, la delegación de tareas como la grabación de expedientes y la gestión de agendas, adjudicadas a Sandetel y Tragsatec, ha generado “un caos sin precedentes” en el sistema de dependencia de Andalucía. “Exigimos que estas tareas vuelvan a ser gestionadas por los técnicos cualificados, quienes poseen el conocimiento y experiencia necesarios para garantizar un trabajo eficiente y de calidad”, añadiendo que “es imprescindible reforzar el personal en todos los sectores del sistema para garantizar un servicio digno y respetuoso con los derechos de los solicitantes y la dignidad de los trabajadores”.