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Andalucía albergará en verano la cumbre mundial de financiación para el desarrollo mientras recorta fondos cada año

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La IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas se celebrará en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025

Las ONGD andaluzas se reivindican tras el recorte de la Junta: 14,4 millones de beneficiarios globales y 1,75 en Andalucía

Los presupuestos andaluces ya venían cayendo año tras año cuando, en 2023, Cádiz albergó un encuentro de cooperación descentralizada en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea. “Menos encuentros y más presupuestos”, gritaron miembros de la coordinadora andaluza de ONGD, denunciando in situ que la Junta ejerciera de anfitriona de una reunión internacional de ayuda al desarrollo mientras recortaba fondos. Pero es que lo que viene ahora a Sevilla es un encuentro top: la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, organizada por Naciones Unidas y que se celebrará en la capital entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025 tras las de Monterrey en 2002, Doha en 2008 y Adís Abeba en 2015.

La fecha de la anterior conferencia internacional da cuenta de su importancia, la misma, pero en el sentido contrario que los mandatarios andaluces dan a la cuestión solidaria a tenor de la disminución presupuestaria año tras año. El techo de la financiación del Gobierno andaluz a la cooperación para el desarrollo se alcanzó en 2009 y, en 15 años, se ha perdido porcentualmente en relación con la cifra global del presupuesto un 90% de la ayuda oficial al desarrollo por parte de la Junta. “Gobernantes andaluces dispuestos a aparecer en las fotos mientras desmantelan su política de cooperación internacional”, denuncian desde la CAONGD.

Los compromisos expuestos en los planes autonómicos de cooperación se vienen incumpliendo. El conocido 0,7%, de cuya proclamación por parte de la ONU se acaba de cumplir medio siglo, se empezó a 'dibujar' hace veinte años en los presupuestos andaluces, pero, después de que las partidas hayan ido cayendo, sobre todo desde la llegada del PP a San Telmo, en lugar de acercarlo se viene alejando en los últimos años. “No sabemos ya cómo denunciarlo año tras año”, dijo la presidenta de la CAONGD, Zaira Mesa, en una reciente comparecencia parlamentaria, donde expuso visualmente la evolución de la solidaridad por parte del Gobierno andaluz. La ayuda oficial al desarrollo en Andalucía no ha dejado de sufrir retrocesos hasta quedarse en la décima parte de lo que llegó a ser, pasando de contar con un 0,34% del presupuesto en 2009 a apenas quedarse en el 0,04% en la previsión de inversiones para 2025.

Gobiernos y movimientos sociales de todo el mundo se darán cita en Sevilla para aumentar y mejorar la eficacia de los fondos destinados a los procesos de desarrollo en países del sur, entre otros fines. Aún no hay programa para el evento internacional. Aunque el papel de la Junta no será principal en este foro, es de prever que estará presente como anfitriona. El perfil de las personas asistentes será sobre todo de titulares de ministerios de Economía y Hacienda a nivel internacional.

El Gobierno de España ha mostrado ya su satisfacción de que nuestro país albergue esta cita, lo que “evidencia el liderazgo de España en el logro de consensos, la apertura al diálogo, la construcción de puentes entre múltiples actores y el respaldo y la solidaridad de la ciudadanía española”. Mientras, según ha publicado SevillaelDiario.es, el Ayuntamiento gobernado por el PP ha aceptado, a instancias de Vox, reducir los fondos del programa de cooperación al desarrollo, derivando 100.000 euros a elaborar un plan de ayudas directas a las familias para fomentar la natalidad.

La ayuda oficial al desarrollo no es que no crezca al nivel de las cifras globales en la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía para 2025 (que aumenta un 4,4% respecto al ejercicio anterior) sino que sigue cayendo en picado desde que Moreno es presidente. La partida destinada a la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) en el presupuesto desciende a 18.805.199 euros, casi tres millones menos que en la ley de 2024 (21.750.080 euros), lo que se traduce en un recorte del 13,54%. El principal agente de la cooperación andaluza, las ONGD, absorbe prácticamente todo el retroceso previsto, ya que la convocatoria de ayudas contará con una dotación de 12.130.816 euros, frente a los 14.865.816 de 2024. Estos 2.835.000 euros menos implican un nuevo tijeretazo de casi el 19%.

La Junta de Andalucía ultima el nuevo Plan Director de la Cooperación al Desarrollo para el periodo 2025-2028, en fase de revisión tras un trabajo al que se convocó al resto de agentes: ONGD, universidades, organismos multilaterales y contrapartes de países en los que se desarrolla la cooperación andaluza. El Gobierno de Moreno cambió el pasado verano la cooperación internacional de consejería, pasando de la de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa a la de Inclusión social, Juventud, Familias e Igualdad. Según denuncia la CAONGD, ese traspaso conlleva “eliminar de su lugar natural a una política social con proyección internacional, donde se facilitaba su relación con otras políticas de acción exterior de la Junta, incluida la necesaria coherencia de políticas para la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 en la Junta de Andalucía, competencia incluidas entre las propias de la Secretaría de Acción Exterior”.

Andalucía sigue a la cola

Por otra parte, el informe de la Red de Coordinadoras Autonómicas de ONG para el Desarrollo sobre los fondos de cooperación autonómicos recientemente presentado vuelve a sacar los colores al Gobierno andaluz. En el análisis de 2024, la comunidad vuelve a quedar en el vagón de cola de las que menos invierten en ayuda oficial al desarrollo: un 0,05% del presupuesto, menos de tres euros por persona al año. La previsión para 2025 reduce este porcentaje al 0,04%. El informe destaca singularmente el caso andaluz como ejemplo de la reducción más drástica en los últimos años, tanto en volumen global de inversión como en el porcentaje. En 2009 era referente en España, con una inversión del 0,34%. También desde la perspectiva de comparar la AOD con el PIB per cápita (0,03%) queda relegada a los últimos puestos entre las 17 autonomías. Como ha venido denunciando la CAONGD, de “quitarse el sombrero” a ser “un residuo” en Andalucía: las ONGD creen que “la política de cooperación no le importa a la Junta”. Tanto, que la coordinadora escenificó su entierro allá ya por 2021.

De acuerdo a un último informe, las ONG andaluzas apoyaron a 14,4 millones de personas de 60 países de todo el mundo en 2023, según un informe de la CAONGD, que detalla que la ayuda se prestó a través de 514 proyectos –aprobados o en ejecución–, con un protagonismo cada vez mayor de África, pero manteniendo su labor de trayectoria más amplia en Centroamérica y Caribe y América del Sur. El informe documenta 489 intervenciones en Andalucía destinadas a 1,75 millones de personas –el 52,5%, mujeres–, la mayoría “de acción social, enfocadas a atender a la población en situación de vulnerabilidad”.

Como en los tres años anteriores, el informe 'El trabajo de las ONGD y las universidades andaluzas durante 2023' se ofrece en un doble formato, publicación y web interactiva. Uno de “los principales atractivos” de la web es que “permite geolocalizar y ofrece información de casi un millar de proyectos de cooperación internacional y en Andalucía enmarcados en 2023”. La inversión global para los primeros ha alcanzado los 92 millones de euros (un 21% menos que en 2022), mientras que en Andalucía el monto ha llegado a 161,2 millones. En torno al 80% de esta cifra corresponde al trabajo de Cruz Roja, cuya inclusión por primera vez ha incrementado “notablemente” algunas cifras.

La CAONGD apunta que detrás de todas las cifras de reducción de inversiones “se esconden efectos muy graves para la población de los países con los que coopera Andalucía”, desde las víctimas del genocidio de Israel en Palestina y del resto de conflictos armados vigentes, las personas refugiadas o desplazadas (que alcanzan cifras récord actualmente) o las afectadas por los efectos extremos del cambio climático a las que ven vulnerados sus derechos fundamentales en un marco de desigualdad y pobreza.




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