El alcalde de Estepona evita responder al juez por el caso de presunta malversación: “No tiene ningún fundamento”

El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), ha acudido esta mañana a los juzgados de Estepona para declarar como investigado por una presunta malversación cometida al contratar como cargo de confianza durante mes y medio a una mujer que fue, según la declaración de ella, víctima de un presunto acoso sexual. El regidor, que dice ser víctima de una denuncia “sin fundamento”, se ha negado a contestar a preguntas del juez, de la Fiscalía o de las acusaciones populares (PSOE y Vox). Ha hecho un alegato defendiendo su inocencia y ha contestado una sola pregunta de su abogado. A la salida, ha evitado también responder a los periodistas repitiendo de forma mecánica ocho palabras: “Es una denuncia que no tiene ningún fundamento”.

Es la estrategia que sigue el regidor desde que saltara este caso: negar que haya caso. Primero, intentó evitar que trascendiera. Luego, cuando el juez admitió la denuncia en la que un policía local relata encuentros sexuales entre el alcalde, él mismo y su entonces pareja (C.P.B.) forzados por García Urbano, este aseguró que todo obedecía a un complot por “motivos espurios”. Y ahora que el juez ha escindido otra causa de naturaleza económica (para investigar si hubo malversación en la contratación eventual de C.P.B.) ha repetido lo mismo, al menos a los periodistas, que le han formulado cinco preguntas concretas sin obtener respuesta: ¿Por qué fue contratada ella? ¿De qué la conocía? ¿Por qué la cesó? ¿Va a solicitar el archivo? ¿Qué funciones desempeñó como cargo de confianza? A todo ha respondido igual: “Es una denuncia que no tiene ningún fundamento”. “¿Pero por qué fue contratada?”. “Ya le he contestado”. 

En el juzgado, ante el juez, el fiscal, las acusaciones y su propio abogado, ha respondido dos preguntas de su propio letrado, después de una declaración exculpatoria, en la que ha asegurado que contrató a la mujer tras conocerla por Internet y poco antes de las elecciones ante el “mantra” de que el pueblo tenía problemas de limpieza, y que ella debía enviar informes directamente a él, no al concejal del área a la que estaba adscrita. Aunque el consistorio ya ha aportado documentación al juzgado, no ha entregado informe alguno suscrito por ella, que hoy se ha ratificado en que no pisó el ayuntamiento salvo el día que firmó su contratación.

Para el resto de los presentes (juez, fiscal y acusaciones populares) se ha acogido a su derecho a no declarar.

Un informe del concejal que explica sus supuestas tareas

La declaración de García Urbano debía arrojar luz sobre el motivo de la contratación y las funciones desempeñadas por C.P.B. en el ayuntamiento de Estepona desde el 13 de febrero de 2023 al 31 de marzo del mismo año, en los que percibió algo más de 5.200 euros como cargo de confianza por labores de asesoramiento del área de Control Externo. Esta área vigila el cumplimiento de las contratas externalizadas, que en Estepona suponen algo más de 44 millones de euros. C.P.B. es auxiliar de enfermería, y ella misma ha declarado que nunca desempeñó realmente función alguna en el consistorio.

En las diligencias constan ya algunos documentos aportados por el ayuntamiento, que admite que no hay ningún expediente ni registro horario en el que conste su trabajo. El consistorio también ha aportado al juzgado un informe del concejal del área, Blas Ruzafa, en el que este asegura que, aunque fuese un cargo de confianza (y por tanto, de nombramiento discrecional del alcalde), sus funciones no requerían ninguna formación o experiencia puesto que eran “tareas apreciables a simple vista”. El Estatuto del Empleado Público dispone que el personal de confianza “sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial”.

Entre la documentación que envió el ayuntamiento al juzgado no está, sin embargo, el supuesto informe del área de recursos humanos previo al nombramiento de la mujer como cargo de confianza. Y ello, a pesar de que el juez requirió todo su expediente de contratación.

Declaración de C.P.B.

Antes que García Urbano ha declarado la propia C.P.B., en este caso como testigo. Fuentes cercanas al caso explican que se ha ratificado en lo que ya le dijo al mismo juez en el caso de presunto acoso sexual: que, aunque fue designada cargo de confianza, en realidad nunca acudió a trabajar a Estepona. Esa declaración fue la que motivó que el juez abriera una causa separada para investigar la malversación.

Ella vivía en Córdoba, y en la denuncia por acoso sexual con la que comenzó todo este embrollo, formulada por un policía local cordobés destinado en la Costa del Sol, se relataba que el alcalde les pagaba 2.000 euros al mes y un piso por tenerlos en Estepona.

Según fuentes cercanas al caso, hoy la mujer ha explicado al juez que mantenía una relación con el regidor y que entonces fue contratada por el ayuntamiento, al que solo acudió para firmar el acta de contratación. Del cese mes y medio después del nombramiento, en cambio, se habría enterado porque dejó de cobrar.

También ha confirmado que no tenía conocimiento alguno de contratas de limpieza, jardines o mantenimiento.

Pleno el jueves

Las dos investigaciones penales abiertas al alcalde de Estepona han supuesto un terremoto político en la localidad. Tanto PSOE como Vox se han personado como acusación popular en el caso de presunta malversación, no así en el de acoso sexual, que el juez mantiene restringido en vista de que se han aportado evidencias supuestamente explícitas.

El PSOE ha pedido al PP que aparte a García Urbano de la alcaldía mientras se sustancian las investigaciones, que ahora dependen del destino que les quiera dar el juez: archivar ambas, continuar una y no la otra, o seguir adelante con las dos acordando más diligencias o pasándolas ya a la siguiente fase procesal.

Manuel Aguilar, portavoz de Vox, ha justificado la personación reciente en este caso. “Entendemos que puede suponer un perjuicio para las arcas municipales. Estamos hablando de dinero público”.  

El próximo jueves el alcalde ha convocado Pleno, que no tiene por ahora contenido más allá de posibles mociones urgentes y ruegos y preguntas.