Pedraz cita a los jerarcas venezolanos a los que la brigada política del PP reclutó para la guerra sucia contra Podemos

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como testigos en la causa que sigue por la guerra sucia contra Podemos a dos relevantes jerarcas venezolanos a los que la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante el último Gobierno del PP reclutó para sus maniobras contra la formación que lideraba Pablo Iglesias.

A petición de la acusación particular, que ejerce Podemos, Pedraz tomará declaración el próximo 18 de marzo a Nervis Villalobos, quien fuera viceministro de Energía del Gobierno venezolano; a Javier Ochoa Alvarado, ex viceministro de Electricidad y Desarrollo; y a Rafael Isea, titular entonces de la cartera de Finanzas. De los tres hay indicios en la causa que mantuvieron contactos con los mandos policiales que maniobraron para evitar que Podemos llegara al Gobierno en 2016.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Pedraz ha ordenado una comisión rogatoria a Venezuela para que se pueda realizar la declaración por videoconferencia, si bien las últimas noticias de los testigos los sitúan fuera del país latinoamericano. Ochoa Alvarado obtuvo la nacionalidad española y reside en la actualidad en este país, al igual que Nervis Villalobos, y Rafael Isea lo hacía en Estados Unidos cuando fue contactado por la brigada política, país con el que colaboraba en investigaciones contra el narcotráfico.

Se da la circunstancia de que Ochoa Alvarado declaró como perjudicado en el caso conocido como Caranjuez, que se sigue en un juzgado de Madrid, contra una red que habría estafado a los venezolanos ofreciéndoles protección y ventajas legales en España y en el transcurso de cuya investigación emergieron también las maniobras policiales contra Podemos. En esa causa, Ochoa Alvarado explicó que el director adjunto operativo de la Policía en 2016, el comisario Eugenio Pino, le pidió información contra Podemos en su despacho oficial y que él le trasladó que no disponía de documentos.

Por su parte, Rafael Isea es el ex alto cargo de Hugo Chávez al que una expedición de la brigada política visitó en Nueva York en mayo de 2016 intentando recabar información contra Podemos. En el encuentro, y según consta en una grabación publicada, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago le dice que acude allí con “un mandato” del presidente Rajoy y con la intención de evitar que Podemos llegue al Gobierno de España en las siguientes elecciones que se iban a celebrar.

A diferencia de otras peticiones realizadas por Podemos en la Audiencia Nacional, la Fiscalía del tribunal especializado ha apoyado esta vez la práctica de todas las diligencias solicitadas por los presuntos perjudicados. Entre ellas también se encuentran las citaciones como testigos del ex jefe de la UDEF Manuel Vázquez y del que fuera número dos de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía, José María González. Ambos están citados el 22 de enero.

Dos días después, el 24 de este mes, deberán comparecen una inspectora que viajó a Nueva York con la expedición de la brigada política y que ha reconocido en un informe la consulta de bases policiales sobre Pablo Iglesias y la apertura de dos investigaciones, luego cerradas, sobre la presunta financiación ilegal de Podemos, que fueron bautizadas como Bolívar y Venus.

Ese mismo día 24 declarará el jefe de seguimientos de la Unidad de Asuntos Internos durante las maniobras contra el partido para informar sobre las “reuniones de los funcionarios pertenecientes a la organización investigada con ex dirigentes venezolanos en España en diversos hoteles, y qué función cumplía respecto de ellas la Unidad de Asuntos Internos (utilizada por la brigada política en sus maniobras contra soberanistas catalanes y Podemos)”, según recoge la petición que hizo Podemos al juzgado.

La ronda de declaraciones se completa con las declaraciones como testigos el día 25 de una trabajadora del canal de televisión donde tenía un programa Iglesias y a la que un miembro de la brigada política relaciona con la filtración de información y también con el testimonio de un abogado, José Aliste, vinculado a la cloaca policial y a la presunta extorsión a los jerarcas venezolanos en España.

Una presunta organización criminal

Pedraz admitió a trámite una querella de la formación política contra quien fuera el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el ex director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial sobre las personas que conformaban aquella organización política.

La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, si bien en este último caso el magistrado lo desestima al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

Pedraz ha rechazado por el momento imputar al entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz pero lleva meses instruyendo el caso con la declaración como investigados de los principales miembros de la bridgada política y de Francisco Martínez, así como testigos que han ido corroborando la existencia de las maniobras contra el partido.