Los propietarios de unas casas de lujo utilizan a un vigilante para prohibir el acceso a una cala protegida de Ibiza

“Es muy fuerte la privatización que sufre la isla. La costa no es de nadie”. Ella es una de las excursionistas que ha intentado acceder a la zona de Cala Llentrisca (Sant Josep) de Eivissa y que, para hacerlo, ha tenido que enfrentarse con el vigilante de una urbanización privada ubicada en esta Área Natural de Especial Interés de Alto Nivel de Protección (AANP). Cuando su grupo llegó a la garita de seguridad y avistaron la barrera de control de acceso, no daban crédito a que en una zona en la que habían ido muchas veces antes con la intención de disfrutar del entorno estuviera ahora privatizada por solo unos pocos. 

Después de pasar es Cubells, una pequeña localidad al lado de un área acantilada del municipio de Sant Josep, y tras circular unos instantes por la carretera de es Vedrà i es Vedranell, víctima de varios desprendimientos que exigen conducir con cuidado, llegaron donde estaba el vigilante. Entonces, el trabajador de un complejo de viviendas de lujo ubicadas a pie de costa les explicó que, si no vivían en la urbanización, no podían pasar, como ha relatado una de las excursionistas, residente en la isla, a elDiario.es.

El grupo de senderistas le explicó al vigilante, contratado por una empresa privada, que ya habían accedido anteriormente a la zona para hacer senderismo e ir a la playa. Es una de las áreas naturales de la isla declarada de especial interés mediante la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección. Pero el guardián se negó a dejarlas pasar. Tras varias argumentaciones por parte de ambos, las excursionistas le pidieron que llamara a su jefe o a la Policía Local de Sant Josep para que fueran ellos los que corroboraran la legalidad de que se les prohibieran el paso, pero el vigilante también se negó.

Después de que el tono de la conversación subiera, el grupo decidió dar aviso al cuerpo de seguridad del municipio. “Evidentemente, desde la comisaría nos dijeron que eso era ilegal y que tenían la obligación de dejarnos pasar”, apunta una de las senderistas a elDiario.es. Además, una vez se estableció la llamada, le entregaron el móvil al guardia de seguridad por si quería ofrecer su versión de los hechos a los agentes, una opción que rechazó, según los excursionistas. “Nosotras porque éramos conscientes de nuestro derecho, pero habrá mucha gente que al llegar a la barrera se haya dado la vuelta”, considera un miembro de este grupo.

Espacios públicos e intereses privados

La Policía Local de Sant Josep, consultada por elDiario.es, tiene constancia de que a todos los excursionistas y paseantes el vigilante contratado por la urbanización privada les toma nota de la matrícula de los vehículos, en principio, “únicamente a efectos informativos”. Sin embargo, el agente que atendió a las excursionistas por teléfono tras la riña les aseguró que no tenían la obligación de dar estos datos, según los excursionistas. 

El vigilante toma nota de la matrícula de todos los vehículos, aunque los excursionistas no tienen la obligación de dar estos datos. 'No pueden negar que ningún ciudadano pase', afirman con rotundidad la Policía

Fuentes del cuerpo policial añaden que no tienen constancia de que, a lo largo de todos estos años (por lo menos dos décadas) en los que ha estado instalada la garita, hayan recibido “ninguna denuncia o llamadas de queja por parte de algún vecino o turista”. Ni de la garita de la calle es Vedrà i es Vedranell ni tampoco en la que controla el acceso a la urbanización de villas de lujo Vistalegre, ubicada un poco más al norte en la misma zona protegida. 

“Ya entendemos que haya urbanizaciones alrededor y no sé si habrá habido robos, pero no poder ir de ruta hasta la playa desde una carretera de la costa es flipante y nos parece muy injusto”, lamenta una de las afectadas. La parcela en la que está situada la construcción para garantizar la seguridad del complejo de viviendas es una parcela privada de carácter rústico, según los datos del registro del catastro e información proporcionada por el Ayuntamiento de Sant Josep a elDiario.es.

“Que sea un paraje natural no quiere decir que no pueda haber dentro una propiedad privada”, indica Inmaculada Yañez, abogada especialista en Ley de Costas. Con lo que sí tiene que ver es con el límite de costas y el dominio público marítimo-terrestre. En este caso, la garita queda por varios metros tanto fuera de la servidumbre de protección como fuera del espacio de servidumbre de tránsito, una franja de seis metros de anchura tierra adentro desde la línea del deslinde. 

En esta zona no está autorizada la construcción de ninguna instalación y debe dejarse permanente expedita para el uso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento. La Policía ha reiterado, eso sí, que aún sin ser la zona de dominio público, “no se puede prohibir el acceso a nadie”. “No pueden negar que ningún ciudadano pase”, afirman con rotundidad las fuentes policiales. 

La propiedad del terreno que alberga la caseta de seguridad es anterior a la condición de área protegida mediante la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, confirman las mismas fuentes del Consistorio. Justo al lado, se encuentra el Parque Natural de Cala d'Hort, Cap Llentrisca i sa Talaia, declarado espacio natural protegido por el Real Decreto 24/2002, de 15 de febrero durante el primer mandato del presidente socialista Francesc Antich (1999-2003). Fue el mismo Real Decreto que declaró como reservas naturales los islotes de es Vedrà y es Vedranell y los islotes de Ponent.

“Depende del paraje natural que sea cambiará el derecho a la propiedad privada, pero en España existen zonas que pertenecen a la Red Natura 2000 y cuentan con industrias y puertos privados porque alomejor ya era una zona privada antes de que lo hicieran Parque Natural. Incluso dentro de la línea de deslinde puede haber propiedades porque ha habido una concesión o por lo mismo, porque estaban allí previamente a que se legislara”, explica Yañez.

El magnate que prohíbe el paso a los bañistas

El intento de privatización de espacios naturales de la isla se remonta a décadas atrás y está a la orden del día desde entonces con desvergonzada frecuencia. En los 60, el multimillonario de la industria alemana Siegfried Otto, enterrado hoy en el cementerio de Sant Joan, ya intentó por activa y por pasiva cerrar en es Canaret el paso a los bañistas. 

Sobre las aguas de esta recóndita playa del norte se erigen los muros de la mansión con estética de castillo que levantó el magnate después de comprarle el terreno a los hijos de un pagès. El pasado septiembre, la consellería del Mar y del Ciclo del Agua del Govern abrió una investigación para valorar la apertura de un expediente sancionador por impedir el paso por una zona de dominio público, como publicó Diario de Ibiza.

Los actuales propietarios de la ostentosa vivienda también han intentado evitar que los bañistas llegaran hasta la playa (cuyo paso por tierra está prácticamente cortado) con carteles de ‘propiedad privada’ o a través de las advertencias a los visitantes por parte de los jardineros y el personal de mantenimiento de la finca.

El medio local también informó de las irregularidades cometidas por los dueños de unas villas ubicadas en Caló d’en Real (Sant Josep) por ocupar la zona de servidumbre de tránsito, la más cercana a la costa y donde no está autorizada la construcción de ninguna instalación, según se estipula en el título II de la ley de Costas.  Los poseedores de estas mansiones se comprometieron a realizar obras para dejar de nuevo libre el paso después de que técnicos del Ayuntamiento de Sant Josep llevara a cabo una inspección tras hacerse públicas las ilegalidades. 

La privatización de espacios no se hace, sin embargo, siempre a espaldas de la administración. En septiembre de 2023, el PSOE de Sant Antoni (en la oposición) denunciaba el cierre de Cala Gracioneta, con el permiso municipal del equipo de gobierno del Partido Popular, por la celebración de un evento privado a cargo de los DJ’s de música electrónica Keinemusik. El mismo sello discográfico alemán que fue cabeza de cartel en el cierre de la temporada pasada de la discoteca Hï.

El Ayuntamiento, muy criticado por el partido socialista, se escudó en los fines benéficos para la Asociación de Personas con Necesidades Especiales de Eivissa y Formentera (Apneef) con el fin de justificar la privatización de la playa.  Aunque el Partido Popular negó, en su versión de los hechos, la afirmación de que se hubiera impedido el paso a residentes y turistas, testigos presenciales confirmaron en su momento lo contrario. El aforo llegó a superar las 400 personas en el enclave natural, de dimensiones muy reducidas. La institución también autorizó superar el máximo de decibelios que fija la ordenanza de ruidos del municipio alegando el “interés general” de la fiesta.