El caso de los contratos a dedo cambia de juez en el segundo intento del PSOE por ampliar la investigación a las provincias

El viernes por la mañana José Antonio Gómez asomaba por primera vez por su nuevo despacho al frente del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que viene investigando los contratos del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tramitados por procedimiento de emergencia entre los años 2020 y 2024. El día de aterrizaje no lo ha elegido él (la resolución del concurso de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial se publicó en el BOE del pasado 8 de enero), pero coincide con un 'momento procesal' que parece crucial: resolver el recurso del PSOE-A, presentado este miércoles, a través el cual insiste en ampliar la investigación a todas las provincias al entender que el modus operandi del Gobierno de Moreno en todas las contrataciones partía de los servicios centrales con “un procedimiento definido” cuyas consecuencias se extendieron más allá de Sevilla.

La intención de la acusación particular socialista fue descartada por Javier Santamaría, el antecesor de José Antonio Gómez en el juzgado, aunque, a su vez, rechazaba archivar el caso como habían pedido los tres gerentes sanitarios imputados. Los socialistas habían llevado al juzgado los informes de los interventores provinciales del SAS cuestionando la legalidad de esos contratos, basados todos en el mismo procedimiento.

Es de prever, más aún como recién llegado, que el juzgado ahora de Gómez podría rechazar el recurso del PSOE-A, como en la mayor parte de los escritos de reforma, pero el mismo recurso lo tendrá que resolver posteriormente la Audiencia Provincial, al ser subsidiario de apelación, y tendrá que pronunciarse por primera vez respecto a la fórmula de contratos a dedo con clínicas privadas, sin publicidad ni concurrencia competitiva, amparándose en el marco legal habilitado en pandemia cuando ya estaba derogado.

El juzgado no se consideró competente “para conocer de las posibles irregularidades provinciales que no tengan relación con los servicios centrales” del SAS), inadmitiendo a trámite la ampliación de querella formulada por el PSOE en diciembre, si bien tanto el juzgado como la Fiscalía Anticorrupción siguen adelante con la investigación, que abarca desde 2020 -primer año de la pandemia- hasta 2024, cuando la actual gerente firma las últimas adendas con ampliación de gasto del Expediente de Emergencia original (110/2021) del que emana la causa principal.

Celeridad en la causa

El juzgado 13 no tenía titular y Santamaría venía ocupando la plaza como juez de adscripción territorial, habiendo acelerado la instrucción en las últimas semanas la causa a raíz del escrito de los delegados de la Fiscalía Anticorrupción y de la citación como investigados de los tres últimos gerentes del SAS. Hasta ahora, había requerido documentación al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Junta y también del SAS, a instancias de los fiscales delegados de Anticorrupción, que el 11 de noviembre enviaron su escrito interesando la práctica de varias diligencias de instrucción, que el juzgado había asumido para la determinación de los hechos objeto de investigación, que ahora deberá retomar José Antonio Gómez.

Santamaría reclamó al Gobierno andaluz el expediente aprobado por el Consejo de Gobierno del 6 de octubre de 2020, en el que se sustituyó la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios sanitarios -incluidos los polémicos contratos de emergencia- por el control financiero permanente, esto es, auditorías a posteriori. La Junta, como ha informado este medio, retiró el control previo a los contratos a dedo apelando a la “madurez” de los gestores de Salud hoy imputados.

Recordemos que la causa judicial ahora en curso reproduce la investigación iniciada hace más de un año por elDiario.es Andalucía sobre los contratos a dedo de la Junta a clínicas privadas amparándose en el marco legal excepcional de la pandemia cuando ya estaba derogado.