El PP tiene a sueldo en el Senado al abogado de Manos Limpias en la causa contra el fiscal general

El PP tiene contratado a través de la Mesa del Senado al abogado de Manos Limpias en la causa abierta contra el fiscal general del Estado en el Tribunal Supremo. Víctor Soriano cobra 56.937 euros anuales de dinero público desde enero de 2024. Entonces dirigía las acciones judiciales del propio PP contra el expresident valenciano Ximo Puig. Desde el pasado verano es, además, el letrado de la organización ultra en la investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de datos confidenciales de los posibles delitos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

El fichaje de Soriano se publicó en el Boletín Oficial del Senado en enero de 2024. Su puesto: personal eventual adscrito a la Secretaría Primera del Senado, en el cargo de personal eventual nivel A. La web de la Cámara Alta lo tiene, sin embargo, asignado al grupo parlamentario del PP. A preguntas de elDiario.es, Soriano sostiene que trabaja “para el Senado como institución”, aunque adscrito a la citada Secretaría Primera que está en manos de la popular Eva Ortiz.

El abogado y asesor afirma, además, que tiene concedida la compatibilidad para el ejercicio de la abogacía como actividad privada, tal y como acredita la página oficial del Senado. Y defiende que en el marco de su actividad privada como abogado tiene un despacho en el que trabajan más de una decena de personas y que es contratado por “clientes variados, incluidos ayuntamientos del PSOE o expolíticos de Compromís”. “No hay ninguna relacion entre mi trabajo en el Senado y mi actividad como abogado, que está al margen de cuestiones idelógicas o políticas”, añade.

Fuentes del PP en el Senado reiteran que Soriano tiene concedida la compatibilidad y que no es su competencia valorar los clientes que tiene en su despacho privado. Una vez publicada la información, estas mismas fuentes se han puesto en contacto con este periódico y han afirmado lo siguiente: “El PP no tiene contratado a nadie, es la Secretaría Primera de la Mesa del Senado”. Esa Secretaría está en manos de la senadora del PP Eva Ortiz.

Manos Limpias se ha personado como acusación popular de forma sistemática en los principales casos judiciales contra el entorno de Pedro Sánchez o que afectan al Gobierno, muchas veces abiertos precisamente por una denuncia de la propia organización. Actualmente, entre otros procesos, ejercen la acusación en los casos contra Begoña Gómez y David Sánchez, esposa y hermano del presidente del Gobierno, respectivamente, así como en el 'caso Koldo', además de la causa contra el fiscal general del Estado.  

Soriano representa a la organización de Miguel Bernad en la causa que investiga si desde la Fiscalía se filtró un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El pasado mes de septiembre, ya como representante legal de Manos Limpias ante el Supremo, Soriano anunció la contratación para su despacho del abogado José Luis Pantoja, quien preside las Nuevas Generaciones del PP de Alcorcón, municipio de Madrid por el que ha sido candidato en elecciones municipales.

En la causa, el fiscal general, a través de la Abogacía del Estado, ha denunciado filtraciones de información confidencial. Entre otros datos, se ha publicado en medios de comunicación su número de teléfono. En otras de las instrucciones judiciales que afectan a Pedro Sánchez se han filtrado las declaraciones del propio presidente, de su esposa o de su hermano.

García Ortiz ha apuntado directamente a las acusaciones populares, entre ellas a Manos Limpias, como filtradoras de dicha información. El fiscal general ha llegado a denunciar “la exacerbación injustificada de las acusaciones” contra él.  

Una de estas múltiples filtraciones del caso fue la de los mensajes de WhatsApp que entregó el exlíder del PSOE de Madrid Juan Lobato al juez del Supremo a principios de diciembre. “Me opongo a esta filtración que perjudica al proceso”, afirmó Soriano en su cuenta de Twitter en un hilo en el que salió en defensa del juez que instruye la causa, Ángel Hurtado. Este mismo mes de enero ha escrito en su blog, activo desde octubre, un artículo donde explica que no es lo mismo que la filtración de un sumario declarado secreto la haga un abogado o un fiscal. Lo primero sería “una infracción administrativo-procesal, lo segundo supone hasta a cuatro años de cárcel”.

Víctor Soriano es profesor de derecho administrativo en la Universidad Europea de Valencia y dueño de su propio despacho de abogados tras haber trabajado anteriormente en el Gómez-Acebo & Pombo. También a principios de este 2025 ha lanzado desde su empresa un programa para asesorar a políticos en “perseguir la corrupción del adversario”.

En su web anuncia su inminente participación en las I Jornadas Jurídicas de OkDiario, que se celebrarán a finales de enero en Marbella. Junto a Soriano está previsto que intervengan jueces como Manuel García Castellón, Eloy Velasco o Enrique López, exdirigente del PP y alfil del partido en el pasado en el CGPJ o el Tribunal Constitucional, y quien ahora opta a presidir la Audiencia Nacional.

Desde que estallaron los casos judiciales que acorralan al Gobierno, el PP ha presumido de forma habitual de tener información sobre las investigaciones en curso que tienen cercado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. “Todo se terminará por saber” se ha convertido en una coletilla habitual para los portavoces del PP. En paralelo, Sánchez ha afirmado que “da la sensación” de que el PP de Feijóo “juega con las cartas marcadas” en los tribunales.

Soriano ya fue contratado como asesor del PP en las Cortes Valencianas entre 2019 y 2022, y desde ese cargo pagado con dinero público dirigió las ofensivas judiciales del partido de Carlos Mazón contra el por entonces president, Ximo Puig, y su familia. Fue quien dirigió la acusación en la causa abierta por la muerte de 10 burros de un proyecto piloto (y por el que la ya exconsejera de Interior durante la DANA, Salomé Pradas, pidió la dimisión de la entonces responsable de la materia).

El abogado representa al PP también en la investigación judicial contra el hermano de Puig para el que la Fiscalía Anticorrupción pide el procesamiento por falsedad y estafa tras hallar indicios de presuntos delitos por las subvenciones públicas obtenidas por las empresas audiovisuales de Francis Puig de las administraciones valenciana y catalana. 

Soriano ya dirigía la ofensiva legal del PP valenciano contra la Generalitat de Puig cuando fue fichado por Eva Ortiz, quien fuera portavoz parlamentaria en Les Corts en la anterior legislatura tras la defenestración de Isabel Bonig. En las elecciones de 2023 no repitió en las listas que lideraba Carlos Mazón y fue recolocada en la papeleta al Senado, donde recaló como secretaria primera de la Mesa. A los pocos meses, fichó a Soriano, quien compatibiliza su sueldo público con su minuta como abogado.