El juez del caso Errejón que se convirtió en fiscal con Elisa Mouliaá

Cuando Íñigo Errejón y su denunciante por agresión sexual, la actriz Elisa Mouliaá, se presentaron ante el vigoroso juez Adolfo Carretero, este parecía tener ya una idea preclara de lo que podría haber pasado y, sobre todo, lo que podría no haber pasado. Incluso había esbozado una hipótesis –que hizo pública– de cómo esas dos personas habrían acabado en su juzgado ocupando su valioso tiempo.

Resopló a los comparecientes preguntas como dardos, seguramente con la intención de contrastar o pillar desprevenidos: según las dos personas que acabaron en aquella habitación hace tres años, allí pasaron cosas diametralmente opuestas. El juez parecía no creerse la versión de ninguno de los dos, poniendo en equidistancia al presunto agresor y a su presunta víctima, y empleó un tono agresivo, a veces displicente y superior, un tono con el que cuestionó a Mouliaá con preguntas tan directas –“cuando le chupaba las tetas...”–, tan descarnadas y faltas de empatía que irritaba escucharlas. Al fin y al cabo allí no se hablaba de las tarjetas 'Black' o un fraude de mascarillas, sino de los pechos y el cuerpo de la persona dueña de ellos, que era la misma que, de pie, intentaba esquivar los balonazos de incredulidad que se le iban lanzando desde el estrado. El tono del interrogatorio podía haber sido el de un allanamiento de morada o el robo de un móvil, daba igual que se tratara de un caso de agresión que afecta especialmente a la intimidad.

Pero el juez pasó todas las líneas del manual de las buenas prácticas y la perspectiva de género cuando decidió sugerir si no sería una denuncia falsa “por represalia”: “¿No sería que usted sí quería algo con ese señor?”, espetó a Mouliaá, que en ciertos momentos se sentía obligada a defenderse, como si en vez de la denunciante fuera la acusada y estuviera delante del fiscal. Por si no hubiera quedado claro, a Errejón se lo dijo directamente: “¿No será que usted a lo mejor le prometió a esta señora algo, salir con ella o algo, y al no hacerle caso ha hecho una represalia? ¿Puede ser?”. Todo en la vida puede ser, como puede ser que a este juez este caso le parezca un invento desaforado y las agresiones sexuales, para serlo, deban ir acompañadas de violencia física que deje moratones.

Uno de los hitos más relevantes del feminismo ha sido quitar la carga de la prueba de las espaldas de la mujer y haber logrado que la credibilidad no dependa de nosotras ni que se nos exijan comportamientos coherentes y racionales –cuando no heroicos– en situaciones de abuso sexual o maltrato. La gran mayoría queda paralizada, aterrorizada y también hay quien, para evitar males mayores, incluso cede. Algo de lo que parece no haberse enterado este juez: “¿Pero usted le dijo que parara? ¿Le dijo '¡que no me toque!'?, ¿se resistió?”, le espetó a la denunciante, haciéndole ver que le parecía incoherente: si te agreden, te resistes o te vas. Se nota que el juez nació hombre y no ha vuelto nunca a casa con la llave en la mano o fingiendo hablar por teléfono. Se nota que no le han hecho sentir pequeño o menor de edad solo por su género.

Algunas asociaciones, juezas y el Gobierno han salido a decir que este interrogatorio no es normal, a recordar que los juzgados deben de ser espacios seguros para las mujeres y que no se las puede interrumpir, cuestionar o acorralar como se le ha hecho a Mouliaá, acabe el caso como acabe. Ahora cabe esperar a que el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dé el paso de distanciarse de este comportamiento, deje claro que es un caso aislado y que asegure que las mujeres pueden estar seguras de que no se las va a cuestionar desde el mismo principio del proceso. Seguro que ese organismo –tan corporativo que no duda en sacar comunicados cuando quiere reclamar su honor o importancia– estará ya redactando una nota pública para informar de que lo que se vio en esa sala no es normal ni habitual. Callar sería esparcir una duda terrible sobre todos los magistrados, camuflar los errores de unos con la reputación de todos y anteponer el silencio de la administración de la justicia a la reparación de los nocivos efectos que puedan tener ejemplos como este para sus administradas.