Telefónica estrena logotipo rojo

El cambio en la presidencia de Telefónica ha puesto en alerta al frente mediático opuesto al Ejecutivo: el caudillo Sánchez busca otro hombre de paja para culminar su conquista de las instituciones. En esta ocasión, como han afirmado en el PP, el presidente ha penetrado en el sector privado, más allá de Indra y de la influencia sobre el Grupo Prisa. El Ibex-35 está ya casi en manos del dictador comunista. Todos al suelo. 

Pero, más allá de este clima político y periodístico, que ya es común y estable entre convocatorias electorales, hay algunos detalles reveladores.  

La derecha ha puesto el grito en el cielo y tiene razón: es probable que el nombramiento del directivo Marc Murtra, el expresidente de Indra que ha sido apoyado por el Estado, por un fondo saudí, STC, y por Criteria Caixa, brazo industrial de CaixaBank, suponga la ruptura de un statu quo que cumple casi treinta años.  

Se trata de una hegemonía conservadora que va más allá de los altos cuerpos burocráticos, de las élites judiciales y de las financieras. De su connivencia con los altos mandos de la Policía y con los jerarcas de la Iglesia. Es la dirección de las grandes empresas estratégicas, que en el pasado fueron mayoritariamente públicas o de participación estatal, y que han estado hasta ahora controladas por empresarios cercanos al Partido Popular o por independientes de derechas.

Este dominio ideológico, tradicional entre la clase capitalista, se intensificó en 1996, cuando el presidente José María Aznar nombró número uno de Telefónica al financiero Juan Villalonga, uno de sus compañeros en el colegio El Pilar y hasta entonces colaborador de la Fundación FAES. 

Como ha narrado el periodista Jesús Mota en ‘La gran expropiación. Las privatizaciones y el nacimiento de una clase empresarial al servicio del PP’ (Temas de Hoy), esta decisión alteró el consejo de Administración de una empresa que estaba todavía participada por el Estado. En su consejo se quedaron directivos recomendados por el poder político que sobrevivieron a la venta total de la compañía. Fue, en realidad, la privatización de una red clientelar que siguió en manos de los delegados del PP.  

El cese de Villalonga, que tuvo lugar en 2000 en medio de resultados financieros más que favorables, puede atribuirse a su excesiva vocación de empresario independiente. Los intentos de Aznar por montar un grupo mediático conservador y la ofensiva judicial para acabar con la cúpula del grupo Prisa habían fracasado. 

El sucesor de Villalonga, César Alierta, financiero y expresidente de Tabacalera, trajo la estabilidad a la multinacional bajo un mandato sin estridencias pero con una sintonía latente con el poder conservador. Esta queda reflejada en su dirección del Consejo Empresarial para la Competitividad, un grupo de presión que reunía a las mayores empresas del Ibex-35 y que contribuyó a que el entonces candidato a la presidencia Pedro Sánchez no pudiera sustituir al primer ministro Mariano Rajoy.  

En 2005, el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero intentó influir en la cabeza de las grandes empresas, pero quedó derrotado. El BBVA, presidido por Francisco González –colocado en la antigua banca pública Argentaria por Aznar y por su ministro de Economía, Rodrigo Rato–, rechazó la penetración de la constructora Sacyr, lo que hubiera forzado una sustitución en la presidencia. Alierta, consciente de estos movimientos, reclutó para Telefónica a un alto cargo del gobierno, Javier de Paz, cercano a Zapatero.  

Alierta cedió el testigo en 2016 a José María Álvarez Pallete, que, próximo a los círculos del Opus Dei, ha priorizado la gestión y ha cultivado buenas relaciones con las distintas fuerzas políticas. Pese a todo ello, los resultados accionariales no han sido precisamente espectaculares. 

En 2024 se produjo la entrada del Estado con un 10%, en respuesta a la compra que un fondo saudí, STC, había hecho de otro 10% de la teleco. Dicha compra permitía a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) nombrar un consejero. El elegido fue Carlos Ocaña, colaborador del exministro Miguel Sebastián en la etapa de Rodríguez Zapatero y coautor de artículos de investigación con el presidente Sánchez. 

Ocaña acumula buen currículum: ejercía hasta su nombramiento como adjunto al director general del Real Madrid, y tenía, además, vínculos con el Grupo Prisa, cuyo máximo accionista, el fondo de inversión Amber, también está presente en Indra, donde el exministro Miguel Sebastián figura como consejero designado por la SEPI. 

A Murtra, nuevo presidente de Telefónica, se le vincula al Partido Socialista catalán, con el que colaboró en la gestión del Ayuntamiento de Barcelona, así como en el Ministerio de Industria presidido por Joan Clos, exalcalde de la ciudad condal; y a Javier De Paz, no sin razón, se le vincula, con el PSOE, cuyas Juventudes Socialistas presidió en los años ochenta.  

El totalitarismo que algunas voces ahora denuncian refleja, en realidad, la posible pérdida de un privilegio económico y político. Los primeros años 2000, de precios inmobiliarios desorbitados, alocado endeudamiento y crecimiento récord de empleo, presenció la construcción de una red de periódicos digitales de signo liberal conservador. El Ibex-35, con Telefónica al frente, figuraba como el principal anunciante.  

Esta red ha persistido, ampliada, hasta hoy. Sus principales portavoces están preocupados y tienen razón. Claman contra el caudillo pero respetan el nombre de una compañía y un presidente que puede alterar decisivamente el mapa de la financiación de los medios privados. 

En un clima de mentira constante, y con una serie de directivas europeas por aplicar en el ámbito de la información, cualquier modificación puede tener consecuencias. En este ámbito, Telefónica tiene un papel protagonista. Solo queda confiar en el buen criterio del nuevo presidente y en que la compañía no rompa esa costumbre tan instalada en España que es no meterse en política.