La Comisión Europea afea al Gobierno de Mazón que cobre tasas retroactivamente a los barcos de rescate humanitario

La Comisión Europea ha emitido una respuesta formal a la pregunta presentada por el eurodiputado de Compromís, Vicent Marzà (Verts/ALE), sobre las tasas retroactivas impuestas por el Gobierno de la Generalitat valenciana a las embarcaciones humanitarias de rescate en el Mediterráneo, como el Aita Mari. En su respuesta, la Comisión expresa dudas sobre la legalidad de estas tasas y alerta de posibles riesgos en términos de seguridad jurídica, a pesar de que también destaca que son los tribunales nacionales los más indicados para examinar esta cuestión. En estos momentos, el dinero reclamado por la Generalitat a distintas embarcaciones por tasas pasadas suma 450.000 euros.

La Comisión Europea ha indicado que las tasas retroactivas impuestas por el gobierno de Carlos Mazón generan “reservas relacionadas con la seguridad jurídica”. Esto quiere decir que la aplicación de este tipo de medidas retroactivas podría poner en peligro los derechos de las organizaciones humanitarias y afectar su capacidad para operar de manera coherente y legal. La Comisión ha destacado que las decisiones sobre tasas a puertos no están reguladas a nivel europeo en los puertos valencianos como Burriana, Benicarló, Vinaròs y Dénia, propiedad de la Generalitat, pero ha sugerido que los tribunales nacionales tendrían que analizar en profundidad la legalidad de estas medidas.

La Comisión también ha subrayado que los Estados miembros de la Unión Europea tienen la obligación de garantizar que las operaciones de rescate en el mar, incluidas las realizadas por embarcaciones humanitarias como la Aita Mari, no se vean obstaculizadas por barreras legales, puesto que esto podría vulnerar los derechos humanos y las normativas internacionales, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho de Mar y el Convenio Internacional sobre Investigación y Salvamento Marítimo.

Marzà ha manifestado su satisfacción ante la respuesta de la Comisión, y ha subrayado que “la postura de Bruselas deja claro que salvar vidas en el Mediterráneo no solo no es un delito, sino que además es una obligación moral de la administración pública. Ya lo denunciamos en su día: estas tasas son, sencillamente, barreras legales que PP y Vox han querido poner para obstaculizar las tareas de rescate en el Mediterráneo”.

Además, Marzà también ha criticado la “hipocresía” del Partido Popular y de Vox: “Se llenan la boca para defender el derecho en la vida, pero cuando mueren 227 personas en unas inundaciones, el Presidente esconde el jefe y no asume responsabilidades. Y cuando mueren personas ahogadas cada día en el Mediterráneo, lo que hace la Generalitat valenciana es perseguir a aquellos que intentan salvar vidas. La incoherencia moral del PP es casi tan grande como su incompetencia”, ha afirmado.