1.000 millones menos para las ‘arcas públicas’: PNV, Junts, PP y Vox rechazan el impuesto a las energéticas
Los socios de las derechas nacionalistas del Gobierno de coalición se unen al PP, Vox y UPN y confirman su voto en contra de la prórroga del gravamen a los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy
Las empresas de la bolsa española reparten un récord de 40.000 millones de dividendos
EAJ PNV y Junts han confirmado este miércoles en el Congreso de los Diputados su rechazo a la prórroga al impuesto a las energéticas. Los socios de las derechas nacionalistas del Gobierno de coalición se unen al PP, Vox y UPN en contra de la prórroga del gravamen a los beneficios de Repsol, Cepsa o Naturgy, lo que significa que las ‘arcas públicas’ dejarán de ingresar cerca de 1.000 millones. El Congreso ha rechazado el real decreto-ley que contenía esta medida fiscal con 183 votos en contra, frente a 165 a favor y la abstención de José Luis Ábalos.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido en la Cámara Baja que la prórroga del impuesto a las grandes energéticas era “un compromiso político”. Aunque ha admitido que “la realidad del arco parlamentario de esta legislatura es compleja”, y ha advertido que “existen posicionamientos políticos respecto a intereses”, en este caso, los de grandes empresas.
“Cada uno tendrá que responder de su voto, pero no hay justificación para que se imponga el interés partidista frente al interés de la mayoría”, ha enfatizado María Jesús Montero. “La fiscalidad tiene detrás el modelo de sociedad al que cada grupo aspira. El nuestro es que quienes más ganan más tienen que contribuir al sostenimiento del sistema social y el estado de bienestar”, ha incidido, y ha recordado que la contribución fiscal [el peso de la recaudación de impuestos y las cotizaciones sociales respecto al PIB] en España está “entre tres o cuatro puntos por debajo de la media de la eurozona”.
En otras palabras, nuestro país tiene margen de hasta 45.000 millones para elevar los ingresos del Estado y ponerse a la altura de los socios comunitarios. Los impuestos son la principal palanca con la que cuenta el Estado para redistribuir los beneficios históricos que han conseguido sectores oligopolísticos como la banca o la energía en los últimos años. Ambos han aprovechado sus posiciones dominantes en la crisis de inflación para elevar sus márgenes y aumentar sus ganancias. También se han aprovechado de ayudas públicas como el descuento de 20 céntimos en los carburantes, de las bajadas de impuestos o de las subidas de los tipos de interés del BCE. Con la intención de gravar estos beneficios “extraordinarios” el Gobierno de coalición diseñó los gravámenes temporales sobre estas empresas en 2022.
Las dos figuras fueron prorrogadas a finales de 2024. El impuesto a la banca, que recaudó 1.500 millones el año pasado, por tres años más, dentro de una Ley que aprobó por el Congreso y que incluyó el grueso de la “reforma fiscal” a la que se había comprometido el Ejecutivo. En cambio, los socios de derechas del Gobierno, PNV y Junts, se alinearon con los intereses de Repsol, Iberdrola, Cepsa, Naturgy o Endesa y sacaron el impuesto a las energéticas de la reforma fiscal. Este gravamen recaudó algo menos que el de la banca en 2024, unos 1.000 millones.
En el último Consejo de Ministros de 2024, el Gobierno lo prorrogó mediante un real decreto-ley para cumplir con sus socios a la izquierda, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG. Una prórroga ‘in extremis’ ante la que mantuvieron su oposición PNV y Junts. El portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, llegó a calificar este decreto de “purito paripé”.
En este tributo se introducía una novedad respecto al diseño de 2022: “Una deducción aplicable cuando se realicen inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y descarbonización, que por su magnitud contribuyan al crecimiento económico y el empleo, ya se realicen en activos fijos o tecnológicos comprometidos en proyectos industriales. Estas pueden ir desde la producción de hidrógeno renovable a transformar residuos en productos que tengan una segunda vida o en gases renovables, como el biogás”, según detalló Hacienda.
“Beneficios obscenos”
Esta “adaptación”, según la ha descrito la ministra de Hacienda este miércoles, no ha sido suficiente para convencer a las derechas. “Las grandes empresas energéticas llevan años forrándose a costa de las familias”, ha lamentado la portavoz de Podemos, Ione Belarra. “Los beneficios de las empresas se han disparado en la crisis de inflación. Beneficios extraordinarios, dicen. Yo digo beneficios obscenos”, ha remarcado José Manuel Lago Peñas, parlamentario de Sumar.
“Beneficios récord para las energéticas, y pérdidas inasumibles para los trabajadores de nuestro país. Esta desigualdad es pura violencia económica”, ha incidido Ione Belarra. “Este Gobierno se comprometió con Podemos a que habría impuesto a las energéticas, pero la traición no es solo a nosotros, es a todos los que les votaron”, ha dicho. “Nuestro partido no se va a asentar a negociar los Presupuestos hasta que no haya impuesto a las energéticas”, ha amenazado.
“Señora Belarra, sabía perfectamente que este impuesto no iba a salir adelante”, ha comentado Idoia Sagastizabal, parlamentaria de EAJ PNV. “Pero usted necesita relato”, ha proseguido. Por otra parte, cambiando de interlocutor a EH Bildu, ha señalado que “no podemos apoyar estas figuras que no se pueden concertar [en el régime fora del Euskadi]”.
Lo cierto es que el real decreto-ley recogía que “el Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra”. Oskar Matute, de EH Bildu, ha respondido que “no hacemos políticas al servicio del CEO de Repsol, sabemos bien a quien representamos. Ha venido a ensalzar la figura del PNV por encima de los intereses del país, para EH Bildu por encima está el país y luego el partido”.