El Monumento a los Abogados de Atocha, El Abrazo, será declarado lugar de memoria democrática

El Gobierno central declarará el Monumento a los Abogados de Atocha, que recuerda a las víctimas de la matanza de 1977 en Madrid, como lugar de memoria. Así lo ha anunciado este viernes a mediodía el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, en un acto celebrado junto a la obra tridimensional de la Plaza de Antón Martín, también conocida como El Abrazo.

Es una adaptación escultórica del cuadro homónimo de Juan Genovés que fue edificada en 2003, décadas después de las atrocidades cometidas por pistoleros ultraderechistas. Con este anuncio, quedará amparada por el Estado como parte del catálogo estipulado en la Ley de Memoria Democrática de 2033. El monumento ya estaba entre las previsiones del Ejecutivo para reivindicarse bajo esta norma en 2025, coincidendo con el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco.

El artículo 51 de la Ley 20/2022 del 19 de octubre es el que establece un inventario nacional que publicite y dé a conocer aquellos espacios, inmuebles o parajes considerados relevantes para la memoria democrática del país. Hasta la fecha ya constaban varios parajes icónicos repartidos por todo el país, como el antiguo convento de San Hermenegildo, en Sevilla; la vieja cárcel provincial de Murcia; el entorno urbano de Gernika-Lumo, localidad vizcaína; o incluso el propio Valle de Cuelgamueros (antes “de los Caídos”), también en la capital.

En el registro actual, publicado en la página de Política Territorial y Memoria Democrática –cuando se aprobó la ley, la competencia era de Presidencia– constan actualmente 18 nombres. Pero ya recientemente se había anunciado que el listado se ampliaría con la inclusión de nuevos espacios, entre ellos el monumento que ahora se reafirma. Muchos están en la capital y todavía no han sido incluidos en el registro oficial, como es el caso de la cárcel de Carabanchel, cuyo acuerdo de incoación para iniciar este procedimiento de declaración se publicó el pasado 24 de octubre.

En el caso del País Vasco, por poner otro ejemplo, también Vitoria, Eibar o la prisión de Saturraran –que encerró a mujeres durante la España franquista, entre 1938 y 1944– serán reconocidos como lugares de memoria. En el resto de España, el Congreso de los Diputados y la comisaría de Via Laietana (Barcelona) son algunas localizaciones que el Gobierno prevé reconocer en 2025, con la previsión de iniciar trámites para reconocer más de una treintena de espacios.

Según la Ley de Memoria Democrática, esta figura jurídica ayuda a poner de relieve socialmente espacios o inmuebles en los que “se han desarrollado sucesos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”. No supone, en ningún caso, una protección de tipo urbanístico.