Una casa vendida por la Iglesia a una empresa de camiones precipita el desahucio de Fernando y los suyos

Fernando Herrera, de 60 años, vive desde que nació en una de las llamadas “seis casitas” del barrio de Argana, en el municipio de Arrecife, la capital de Lanzarote. Esas viviendas fueron levantadas hace décadas por un grupo de feligreses con la intención de dar cobijo a las familias más humildes de la localidad. Los terrenos eran propiedad de la Iglesia. Y allí se instalaron los padres de Herrera y sus hermanos, que poco a poco fueron pasando de vivir en “tres habitaciones de piedra” a construir un hogar.

Eran tiempos difíciles. No había agua ni electricidad. El hermano de Fernando, Miguel Ángel, cuenta que él y el resto de su familia tenían que hacer sus necesidades en un balde y tirarlas por el barranco. Cuando llovía, el agua arrastraba lo que allí hubiera y el despeñadero volvía a estar limpio, como nuevo. Y poco a poco fueron llegando los servicios. Ellos mismos hicieron un pozo, pagaron por que el cable de la luz alcanzara el domicilio, colocaron puertas, ventanas, muros… “Esta casa es nuestra porque nosotros la hemos hecho”, reiteran.

Pero eso, en papel, poco ha importado. El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Arrecife ha ordenado el desahucio de la vivienda de los Herrera, la última de las célebres “seis casitas” de Argana, después de que la Diócesis de Canarias vendiera a una empresa el solar donde se encontraban todos y cada uno de los inmuebles por 360.607 euros.

El contrato de compraventa, firmado en 2006, obligaba a la nueva propietaria del terreno, la mercantil Juan Antonio Rivera SL, concesionaria de la marca de camiones IVECO en Canarias, a permitir que “los actuales ocupantes” de la casa de los Herrera, entre los que se encontraba su hijo Fernando, permanecieran allí hasta el día de su muerte. Quiénes son “los actuales ocupantes” es donde radica la controversia.

La sentencia sostiene que esa definición corresponde a los padres del demandado, ya fallecidos, porque en el momento en que la Iglesia les cedió la vivienda eran ellos y no otros los beneficiarios. Por aquel entonces, en la década de los sesenta, los Herrera ya habían tenido a tres hijos, dos niños y una niña, y estaban a punto de traer al mundo a Fernando. La familia quedó especialmente tocada después de que uno de los hijos menores, Francisco, muriera con apenas tres años en un trágico atropello al intentar cruzar la calle. La Iglesia les cedió una casa “por su condición de pobres”, de acuerdo con el extraño lenguaje jurídico, “y hasta que los mismos vinieran a mejor fortuna” o fallecieran.

La Diócesis de Canarias y los Herrera firmaron un contrato de comodato, una especie de título habilitante para la ocupación gratuita del hogar, y el fallo reitera que esa entrega corresponde a los padres y nadie más. La relación de comodato no tiene una duración indefinida. Y cuando “se extiende en el tiempo o queda ya al arbitrio de la voluntad exclusiva del ocupante”, esa posesión deriva “en precario”, otra expresión singular de la justicia para hacer referencia a la persona que vive en un inmueble sin pagar a su propietario. Fernando, según el Juzgado, es uno de ellos. El comodato no es transmisible ni aunque acreditara su “condición de pobre”.

“Es un desastre. Estoy hecho polvo. Estoy malo, ¿sabes?”, cuenta Fernando al otro lado del teléfono. “Ahora tengo una ecografía del corazón porque me dio un infarto hace un mes y pico, ¿sabes? Pero bueno”, termina el hombre, resignado.

El abogado de Juan Antonio Rivera SL, Javier Guerra, explica que el título de comodato de la casa de los Herrera se extinguió en el momento en que la madre, María Dolores, murió en 2022. Él defiende que la cesión de la Iglesia se otorgó a los padres y destaca que Fernando “no existía” cuando se formalizó el acuerdo porque no había nacido. “Se les dio a ellos [a los padres] porque eran un matrimonio necesitado, lo que hoy se llama de especial vulnerabilidad”, resume el letrado.

Guerra dice que no es posible extender esa concesión al resto de la familia a pesar de la mención explícita que se hace de “los actuales ocupantes” en el contrato de compraventa entre la empresa que representa y la Diócesis de Canarias de 2006. “En el procedimiento se estudia todo, no solo una cosa particular. Y el todo es que se le da el derecho de comodato a sus padres”, insiste. 

El abogado asegura que desconoce los planes de Juan Antonio Rivera SL con la vivienda, tasada en poco más de 13.300 euros, según la demanda. La compañía posee un patrimonio en terrenos y construcciones tasado en 10,23 millones de euros y registró un superávit de 1,38 millones en 2021, el último año de las cuentas presentadas en el Registro Mercantil. Guerra puntualiza que intentó llegar a un acuerdo con Fernando, que “se le dio un plazo muy amplio” para buscar un nuevo hogar y que incluso “se le ofreció ayuda económica para su mudanza”. El hombre, en cambio, niega la mayor.

“A mí no me han ofrecido nada. Yo he estado aquí toda mi vida. ¿Y qué van a hacer? ¿Darme dinero para un alquiler? ¿Con la edad que tengo yo? Yo nací aquí y nunca he estado en ningún lado más. Ay dios…”, lamenta Fernando, claramente afectado. Él vive con su hermano y su sobrina, que es menor. No tienen alternativa habitacional. El Cabildo de Lanzarote les ha citado para el próximo 27 de enero para intentar asesorarles en lo que puedan. La Audiencia Provincial de Las Palmas ha acordado resolver el recurso presentado por la familia Herrera antes de la fecha programada para el desahucio, el próximo 28 de febrero. Hasta entonces, pura incertidumbre.

A Fernando esto le ha pillado por sorpresa. Pero no es la primera vez que pasa. Después de hacerse con el solar, la empresa Juan Antonio Rivera SL trató de desahuciar a la madre de la familia en 2011, en un intento frustrado en los tribunales. El Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Arrecife, el mismo que ahora ha avalado el desalojo, paró los pies a la mercantil porque “la situación de necesidad o de pobreza” de los Herrera continuaba y, por tanto, el contrato de comodato seguía vigente. No habían tenido un respiro desde que se les entregó la casa en el siglo pasado.

La madre, María Dolores, tenía entonces 75 años, sufría histeroepilepsia “de muchos años de evolución” que había “mermado sus facultades” y que, en plata, la incapacitaba para tomar “decisiones importantes de las que desconoce su alcance”. La sentencia de 2011 reconoció que la mujer necesitaba “supervisión, protección y asesoramiento” por parte de sus familiares, que solo ingresaba una paga como sustento de vida y que convivía con su hijo Fernando, el mismo que hoy se enfrenta a un nuevo desalojo y que en ese momento estaba sometido a tratamientos de desintoxicación. La Audiencia Provincial de Las Palmas ratificó el fallo.

La empresa Juan Antonio Rivera SL también intentó desahuciar a un matrimonio de nonagenarios para quienes existía el mismo acuerdo que con los Herrera: dejarlos allí hasta que fallezcan. Por eso la familia está muy irritada con el proceder de la empresa. Recuerdan que no es nuevo. “Ellos sabían lo que había, sabían lo que compraban, que ahí vivía gente pobre. Pero él se habrá asesorado, claro”, señala Miguel Ángel, en referencia a Juan Antonio Rivera, presidente de la compañía que lleva su nombre.

El hombre también lamenta que la Iglesia no les preguntara a ellos si les habría gustado hacerse con la vivienda en propiedad antes de venderla. En un reportaje publicado en 2014 en el periódico El País, el párroco de San Ginés por aquel entonces, Antonio Perera, dijo que “no tenía” por qué informar del motivo de la venta y que simplemente “había una razón seria y se hizo”. El vicario episcopal de Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, Juan Carlos Medina, evita dar más detalles y recalca que esa decisión fue tomada por la Diócesis de Canarias.

“La Iglesia quitó una casa a un pobre para dársela a un rico”, concluye Miguel Ángel. “Y a mi madre se la cargaron, porque era una persona mayor, epiléptica y con todo lo que pasó… Ella nunca olvidó a mi hermano, el que falleció, y cuando le pasó esto [el intento de desahucio] terminó muriendo de pena por lo que le hicieron”.

El escenario es aún más desfavorable para los Herrera después de que el Partido Popular (PP), Junts y Vox rechazaran el decreto ómnibus esta semana que incluía la prórroga de la moratoria antidesahucios para los más vulnerables. La portavoz de la plataforma Stop Desahucios en Gran Canaria, Elena Suárez, ve probable que “todo lo que se había podido paralizar” el año pasado se reactive este curso.

“Supondrá un aumento de los desalojos porque los recursos existentes no van a llegar a tiempo. Gracias al escudo social muchas familias han podido respirar un poco para poder buscar una alternativa”, pero está por ver qué sucede ahora, remacha Suárez. La portavoz detalla que la asociación atendió 1.068 casos de personas con amenaza de desahucio en Gran Canaria en 2024 y remarca que “no solo hablamos de un número, ya que cada caso es una unidad familiar con mínimo tres miembros, familias monoparentales, víctimas de género...”.