Ecologistas cargan contra la reactivación de derechos mineros caducados de la Xunta sin que haya un plan sectorial

La Xunta de Galicia acaba de presentar una primera tanda de 51 derechos mineros caducados que se abre a reactivar. En respuesta a una demanda habitual de las empresas del sector, el Gobierno gallego avanzó justo antes del verano de 2024 que había detectado 200 explotaciones sin actividad y que estudiaría cuáles se podrían volver a sacar a concurso –este tipo de actividades extractivas funcionan mediante concesiones–, con el foco puesto en los minerales considerados estratégicos. En el listado de la Consellería de Economía e Industria figuran solo un puñado de yacimientos en los que ya se habían extraído este tipo de materiales. Lo que abunda, por la composición de las tierras de Galicia, son las arcillas, el caolín, el granito y la pizarra. Mientras la Cámara Oficial de Minería de Galicia ve “muy positivo” el paso, organizaciones ecologistas critican que se dé sin que exista una planificación del sector y avisan de que irán a los tribunales para frenar los proyectos que amenacen el entorno.

El contexto del sector minero en Galicia en los últimos años es el de una retahíla de proyectos que han chocado con la oposición de colectivos vecinales y ambientalistas. En algunos casos, como el de la mina de San Finx (en Lousame, sobre la ría de Muros e Noia), incluso se han opuesto los gobiernos locales. Y también hay varias explotaciones tumbadas por incumplimientos ambientales o por la Justicia.

Fins Eirexas, secretario técnico de la asociación ecologista Adega, señala que es habitual que las administraciones recuperen derechos mineros caducados, pero la situación gallega es “anómala” por la falta de planificación. No se ha llegado a elaborar, recuerda, el plan sectorial que preveía la ley de minería aprobada en 2008. El resultado es que se recuperan derechos caducados sin que se haya hecho una revisión general de los terrenos para establecer dónde es viable la actividad minera y dónde colisiona con otros intereses, como los medioambientales. La directora de la Cámara Oficial Mineira de Galicia, Arantxa Prado, resta importancia a que no haya un plan sectorial de minería para la posible reactivación de derechos caducados. Argumenta que, en la fase que se ha abierto, lo que se permite es hacer análisis para determinar qué elementos se encuentran en esos suelos, pero la explotación sería todavía un horizonte lejano. “Esto es interesante porque permite estudiar en profundidad qué minerales hay realmente, en qué cantidad y a qué profundidades”, expone, en conversación con elDiario.es.

El representante de Adega razona, sin embargo, que no tiene sentido conceder autorizaciones para estos estudios, con su correspondiente inversión económica, sin haber ampliado antes la Red Natura y sin haber ajustado los terrenos en los que se permite la minería al mapa de espacios protegidos. “Es un sector que en estos momentos no tiene unas reglas mínimas de juego sobre las que desarrollarse”, critica. Prevé que la situación será conflictiva y la compara con la del sector eólico, en el que ha habido una cascada de anulaciones judiciales de permisos de la Xunta por riesgo de daño ambiental irreversible. Con los parques de aerogeneradores, dice Fins Eirexas, ocurrió que en muchos casos no se estaban teniendo en cuenta hábitats vulnerables. Asegura que con la minería estarán vigilantes: “Los ecologistas no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a judicializar todo que no respete el medio ambiente o las leyes”.

También avisa Cristóbal López, de Ecoloxistas en Acción –otra de las asociaciones más activas en vigilancia de la minería en Galicia–, de que en muchas explotaciones habrá oposición vecinal y la organización les va a dar respaldo. Esto está ocurriendo en la actualidad con el proyecto que se ha vuelto a plantear para extraer cobre en Touro (A Coruña). El intento previo encalló en revisión ambiental del Gobierno gallego entre protestas ciudadanas: la evaluación de impacto ambiental de 2020 fue desfavorable. Los planes que plantea ahora Cobre San Rafael han sido declarados proyecto industrial estratégico por parte de la Xunta –lo que implica facilidades como reducir los plazos administrativos a la mitad–, pero se enfrentan a la misma oposición de vecinos y organizaciones ambientalistas, que consideran que el nuevo planteamiento es “prácticamente idéntico” al ya rechazado y están fomentando la presentación de alegaciones.

Tanto Eirexas como López cargan contra lo que consideran un retroceso democrático por parte de la Xunta: la expulsión del Consello da Minaría de las organizaciones ecologistas y los propietarios de montes en man común. “Somos los que más estorbamos a la patronal minera”, protesta el representante de Adega. Joam Evans, también integrado en Ecoloxistas en Acción, se queja, además, de las formas: la decisión se ejecutó a través de la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos para 2025. “El enemigo es el movimiento ecologista”, dice. Las asociaciones destacan también la coincidencia en el tiempo con varios casos conflictivos y el concurso de esta primera tanda de derechos mineros caducados.

Los 51 derechos caducados que salen a concurso

Por el momento, los derechos que ha desenterrado la Xunta son 51. Las dos provincias con más cantidad son Lugo y Pontevedra, con 17 cada una. En ambas abundan los terrenos en los que lo que se había autorizado extraer en el pasado era caolín y arcillas, que son materias primas necesarias para sectores como el de la construcción o la cosmética. En Lugo aparecen algunos de los minerales estratégicos por los que apuesta la Unión Europea: hay terrenos en los que consta la presencia de feldespato y barita. Otro mineral de este grupo es el wolframio, que figura en uno de los siete derechos que vuelven a salir a concurso en la provincia de A Coruña. En concreto, aparece en un yacimiento entre los municipios de Vimianzo, Muxía y Dumbría, en la Costa da Morte. En la provincia de Ourense, se abre la posibilidad de estudiar 10 yacimientos, sobre todo de pizarra, granito y elementos no concretados que aparecen en la categoría de “otros”.

Que en un yacimiento se hubiese autorizado en el pasado extraer un mineral en concreto no quiere decir que sea ese el que interese en la actualidad. Arantxa Prado, de la Cámara Mineira, explica que puede haber indicios de la presencia de otros minerales que en su momento no interesaba explotar, pero ahora sí. Se refiere, por ejemplo, a las tierras raras y a zonas en las que se encuentran metales que se han vuelto básicos en las últimas décadas para las nuevas tecnologías. Ocurrió, por ejemplo, en la mina de A Penouta –cuto permiso anuló el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia–, en Viana do Bolo (Ourense). Inicialmente, se extraían wolframio y estaño, pero su principal interés ahora es el coltán.

Cristóbal López traslada su preocupación por la minería que busca elementos metálicos porque, dice, mueve mucha más tierra y vierte más sustancias contaminantes. Las canteras de las que se extrae, por ejemplo, piedra “dejan detrás los agujeros, pero son hormiguitas comparadas con los dinosaurios de son las multinacionales de las [minas] metálicas”.