El Gobierno hará cambios en la licitación de Muface y Adeslas "reconsidera" su negativa

El Ministerio de la Función Pública ha decidido suspender el plazo de presentación de ofertas para Muface, que finalizaba este lunes, con el objetivo de modificar los pliegos para incluir “correcciones detectadas”. Esta decisión llega tras semanas de conversaciones entre el departamento que dirige Óscar López y las aseguradoras, principalemnte Adelas y Asisa, que son las que mayor volumen de funcionarios atienden en este momento.

Apenas una hora después de conocerse esta decisión a través del portal de contratación, Adeslas ha emitido un comunicado en el que señala que “ha estado manteniendo a lo largo de esta pasada semana diferentes contactos con el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública”. “Fruto de estas conversaciones, podemos confirmar que se han producido avances significativos que permitirían resolver la situación actual y definir un modelo justo, equilibrado y sostenible para Muface”.

Según indican desde la compañía, “si estos avances se consolidan en una propuesta adecuada por parte de la Administración”, Adeslas “reconsideraría la posición actual y daría los pasos necesarios para dar continuidad de forma favorable a su presencia en Muface”.

Con este movimiento, Función Pública vuelve a ganar tiempo mientras trata de resolver un tema delicado, que tiene en vilo a un millón y medio de personas, entre funcionarios y sus familiares, y sobre el que hay distintas sensibilidades dentro del propio Ejecutivo. El ala de Sumar, con el Ministerio de Sanidad, se había mostrado partidaria de ir hacia un modelo a extinguir.

El departamento que dirige López ya había ampliado en dos semanas el plazo para que las aseguradoras concurrieran al concierto, después de que Adeslas y Asisa dijeran que renunciaban. Ahora, el plazo se suspende hasta que el Ministerio incorpore esas “correcciones detectadas”, sin que la resolución, publicada este sábado en el portal de contratación del sector público, aclare cuáles son. Pese a que el concierto actual finalizaba este 31 de enero, el Gobierno jugó la carta de una prórroga forzosa, por lo que las compañías que prestaban servicio están obligadas a seguir haciéndolo hasta que se resuelva la licitación.

López se había mostrado este viernes “casi convencido” de que se lograría un acuerdo. “Soy optimista, estamos hablando (con las aseguradoras) y buscándole una solución”, señaló en una entrevista en OndaCero, en la que abrió la puerta a la posibilidad de que concurrieran a esta segunda licitación incluso alguna de las compañías que habían renunciado a presentarse, Adeslas y DKV. Este movimiento se lee como un nuevo movimiento para intentar buscar alguna fórmula que compense a estas compañías privadas.

Las aseguradoras que prestan atención a los mutualistas que optan por la sanidad privada frente a la pública, algo más de un millón y unos 400.000 familiares, llevan años afirmando que el modelo está infrafinanciado, con argumentos como el coste unitarios por paciente inferior a lo que la sanidad pública destina para los de la pública o el aumento de la inflación y los costes sanitarios. De hecho, en total, aseguran que en el concierto prorrogado habrían perdido unos 400 millones de euros.

Pese a que la mutualidad emitió en diciembre un informe en el que indicaba que las aseguradoras “no aportan la evidencia de costes” para un aumento de la prima, el Ejecutivo, que quiere salvar el concierto a toda costa y replantear el modelo en los próximos tres años, planteó la semana pasada, en una respuesta a Asisa sobre la licitación, la posibilidad de compensar los costes extraordinarios de las empresas ante situaciones sobrevenidas, entre las que citaba la inflción desbocada o la crisis sanitaria. Fuentes del sector entendieron esto como una alfombra roja para reclamar esas cuantías, aunque indicaban también que había ambigüedades en la formulación de la respuesta que se querían aclarar para valorar si podían continuar en la mutualidad con plenas garantías económicas.

Adeslas, integrada en el Grupo Mutua Madrileña y participada por CaixaBank, había rechazado acudir a esta licitación, al estimar que le generaría unas pérdidas de unos 250 millones de euros para el periodo 2025-2027, los mismos que las registradas entre 2022 y 2024. Esta es la compañía que más mutualistas eligen, por lo que su decisión supuso entonces un quebradero de cabeza para la administración: acuden a ella más de medio millón de personas, seguida de Asisa, con 364.000 beneficiarios y DKV, con casi 200.000. Mientras, 457.307 trabajadores públicos eligen la sanidad pública.

Esta segunda licitación supone un aumento acumulado de la prima del 33,5% en tres años, por un importe total de 4.500 millones de euros. “El Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo de la historia, nadie lo puede negar. Es una subida de 1.000 millones de euros adicionales a lo que ya teníamos”, indicó el ministros, que apuntó que se estaban “explorando fórmulas”. Las aseguradoras habían rechazado una licitación anterior, con una subida del 17%.

Entre medias, la Alianza para la Sanidad Privada Española (ASPE), la patronal del sector, reclamó también al Ministerio interlocucción directa. Según señalaron en un comunicado, de sus conversaciones con las aseguradoras sobre el montante que estas les pagarían por derivar pacientes a sus centros médicos, “las mejoras económicas planteadas en las negociaciones les favorecerían únicamente a ellas”.