Desahucian a cuatro menores por los impagos de sus padres con el casero: debían 6.000 euros

Víctor Hugo tiene dos empleos (en invierno es albañil; en verano trabaja en la lavandería central de los hoteles Palladium), pero carece de vivienda. Lo acaban de desahuciar. Nunca olvidará la fecha, dice, miércoles 22 de enero de 2025. Vivía con Lilibeth, su pareja; los tres hijos de ella (dieciocho, quince y tres años); su cuñada, y los dos hijos de ella (siete y cinco años), en ses Figueretes: uno de los barrios de Eivissa que, pese a ser turístico, no ha perdido todavía la etiqueta de popular. En primera línea, playa, paseo marítimo, hoteles, chalecitos de los años treinta, cuarenta, cincuenta; apartamentos, restaurantes, algo de fiesta. Calles adentro, bloques habitados por currelas. Clase obrera que trabaja en verano y, desde hace más de una década, sobrevive en invierno por el efecto de la burbuja inmobiliaria. Muchos de ellos no nacieron en España. Son inmigrantes. 

Las raíces de Víctor Hugo y Lilibeth están en Guayaquil, Ecuador. Su futuro, dicen, en un lugar incierto. Los han echado de la casa donde vivían, explica la sentencia del juzgado de primera instancia número 3 de Eivissa, por deber 6.052,84 euros de un contrato de alquiler que venció en junio de 2024. Ahora, los cinco duermen en casa de unos amigos, en el campo, a unos diez quilómetros del domicilio que ya no es más su hogar. Es “un favor” que les hacen, el remedio no durará para siempre. En el mercado inmobiliario de la isla, cuentan, “no hay alquileres para tantas personas por menos de 2.500 euros al mes”. Ellos pagaban 1.745 y ya iban “justos”. 

Se sienten “engañados”, además. Por la propiedad del piso y por el despacho al que acudieron en busca de asesoramiento y defensa legal. José Luis Izquierdo Silverio, el hijo del dueño, y Juan Antonio Marí, el abogado que les representó, lo niegan rotundamente. Los testimonios, y argumentos, de unos y de otros son antagónicos, pero todos desembocan en el mismo hecho: cuatro menores y un chico con la mayoría de edad recién estrenada se quedan sin casa. Esta es la cronología de un nuevo desahucio en Eivissa, uno de los territorios españoles donde resulta más caro y difícil vivir bajo un techo.

Acusaciones de impago

Lilibeth y Luis Alberto (su ex pareja) alquilan un piso de 210 metros cuadrados en diciembre de 2018. Hacen los trámites a través de una inmobiliaria. Acuerdan una renta de 1.500 euros al mes y firman un contrato por un año. El dueño es José María Izquierdo Ayensa, el padre de José Luis: hasta que se jubiló, trabajó como ingeniero técnico de obras públicas en el servicio de seguridad vial de la Comunidad de Madrid. De su cabeza salieron importantes mejoras, por ejemplo, en la M-30 y, en 2022, recibió la medalla al Mérito Civil. 

La vivienda que poseen los Izquierdo la utilizan hasta diciembre de 2013. Entonces todo da un vuelco. Un problema severo de salud ha incapacitado a José María. Casi por completo; el grado de discapacidad es del 87 por ciento. La situación lleva a José Luis a trasladar a su padre a Madrid. Durante unos años, la vivienda ibicenca se queda vacía. Como no pueden disfrutarla, deciden alquilarla, y así complementar la pensión que cobra José María. Encuentran a sus inquilinos y, según cuenta José Luis Izquierdo, “no hay problemas durante los primeros cuatro años”.

En ese período, el casero y los inquilinos renuevan dos veces el alquiler. La primera, en diciembre de 2019, por tres años. La segunda, en diciembre de 2022. Por seis meses. Según José Luis Izquierdo, con la intención de darles “un tiempo razonable a los inquilinos para que encontraran una alternativa y se marcharan del piso”. “Los problemas empezaron cuando llegó Víctor Hugo. Entonces, la comunicación con Lilibeth, que había sido buena, se corta y sólo interviene él. Empiezan a retrasarse con los pagos y me llegan informaciones y comentarios de vecinos del edificio que me preocupan”, comenta. Se refiere el hijo del propietario “a alguna pelea” y a “posibles subarriendos”. Según su testimonio, los inquilinos llegaron a “extender colchones en el lavadero” y a alojar “hasta a diez personas”: “Me he encontrado el piso en muy malas condiciones. Me falta una lavadora. Utilizaban el horno como cenicero; la cocina voy a tener que cambiarla entera. Hay enchufes y cajones rotos, algunos muebles están muy deteriorados. No lo digo yo: lo recoge el acta de desahucio”. 

Mientras un funcionario judicial tomaba apuntes para completar ese documento, José Luis y Víctor Hugo se vieron las caras por primera y única vez. Hasta entonces nunca habían coincidido en persona. La versión que cuenta la familia desahuciada es contraria. Totalmente. “Lo que dice [José Luis Izquierdo] es mucha mentira. Los que vivíamos allí éramos todos familia. Los dos hijos de mi mujer, nuestra hija pequeña, y los dos hijos de mi cuñada. Él mismo nos autorizó para empadronarlos en el piso. ¿Cómo vamos a subalquilar si teníamos tres habitaciones para todos nosotros? Es ilógico. La cuarta habitación estaba cerrada porque la tenían llena de objetos personales de ellos, eso figuraba el contrato y lo respetamos. Nunca tuvimos problemas con los vecinos; lo que no cuenta, en cambio, es que él si tiene un conflicto con el vecino de abajo por una fuga de agua con la que nosotros no hemos tenido nada que ver”, relata Víctor Hugo. 

Los impagos, dice también, no se produjeron hasta el pasado invierno. Entonces, como no habían encontrado ninguna alternativa para marcharse de ses Figueretes, el contrato se había renovado, tácitamente, por un año más. Y ellos seguían enviando el alquiler, mes a mes, a la cuenta bancaria de los Izquierdo. Entonces, la renta se había actualizado a 1.745 euros. “Empezamos a pasarlo mal”, explica Víctor Hugo, “cuando Lilibeth, que trabaja en temporada, se quedó sin paro porque le faltaban unos meses de contribución para cobrarlo. No alcanzábamos para pagarle la renta el 5 de cada mes, cuando nos fijaba el contrato. En la obra no nos pagan puntuales y, por cada día de retraso, los caseros nos pedían un 2 por ciento de recargo. Lo resolvíamos como podíamos”.

Empezamos a pasarlo mal cuando Lilibeth, que trabaja en temporada, se quedó sin paro porque le faltaban unos meses de contribución para cobrarlo. No alcanzábamos para pagarle la renta el 5 de cada mes, cuando nos fijaba el contrato. En la obra no nos pagan puntuales y, por cada día de retraso, los caseros nos pedían un 2 por ciento de recargo. Lo resolvíamos como podíamos

Víctor Hugo — Desahuciado

Por esas fechas, José Luiz Izquierdo se plantó. El 16 de febrero les manda este correo electrónico a sus inquilinos: “Estimados Victor Hugo y Lilibeth. Como bien saben no han pagado los meses ni de enero ni febrero. Se comprometieron a pagar todo el 10 de febrero, lo cual le acepté en buena Fe, y hasta ahora, día 16 de febrero, no han pagado nada. Se les ha llamado en diversas ocasiones para contactar con usted [sic] y aclarar la situación, pero no han dado respuesta, no han devuelto las llamadas y tampoco han contestado a los mensajes. Indicarles, que del ingreso por alquiler de dicha vivienda depende el propietario, mi padre”. 

“No tuvimos respuesta por ninguna vía”, precisa, por teléfono, José Luiz Izquierdo. En abril, manda un burofax reclamando los pagos pendientes y, el 15 de mayo, les envía una nueva carta en el que se lee: “Les comunico que es voluntad de esta parte no prorrogar el contrato de arrendamiento que nos ocupa a su vencimiento. Por ello, una vez llegada la fecha de finalización (...) deberán desocupar el inmueble (...) además de proceder al pago de las rentas que a fecha de la presente se adeudan y las que se sigan devengando hasta el desalojo del inmueble”. Un correo, trece días más tarde, adjuntando los dos documentos, completa el aviso. Por su parte, no habrá marcha atrás.

Dice Víctor Hugo a través de una nota de voz:

–En temporada, salimos de casa a las seis de la mañana y no regresamos hasta las ocho de la noche. Llegamos a casa y nos encontramos con una notificación que nos dice que hay una encomienda que está reposando en las oficinas, pero nosotros estábamos muy cansados y no íbamos a retirarlo. Entonces nos damos cuenta de que es un burofax que nos ha mandado él. Cuando estoy trabajando no estoy pendiente del móvil, de eso del correo. Lo que más yo uso es WhatsApp, o cuando me llega algo de Messenger. El correo lo veía a final de mes, cuando necesitaba extraer la nómina. Ahí veía los correos. Cuando comencé a verlos, me puse en contacto y le pedí que nos esperaba, que habíamos pasado por tal y cual cosa.

Y llegó la demanda

El conflicto no se empezó a desmadejar hasta el 7 de noviembre. Los impagos se convirtieron en demanda y la demanda se convirtió en un juicio. Sergio González Malabia, el decano de los tribunales pitiusos, consideró que, por un lado, el contrato de alquiler estaba extinguido y que, por otro, los inquilinos le debían los 6.054,84 euros que aparecen escritos en los documentos del fallo. Ordenó desahucio. 

José Luis Izquierdo tarda sólo unos minutos en enviar por WhatsApp una tabla que explica cómo los pagos de Víctor Hugo y Lilibeth se transformaron en un Guadiana durante 2024. Aparecían y desaparecían, pero siempre faltaba agua. Enero y febrero no los cobran los Izquierdo. En marzo les llegan 2.300 euros. Abril (primer burofax) tampoco se abona. En mayo (segundo burofax) les ingresan 1.250 euros, que suben a 1.700 en junio y 3.600 en julio (cuando se presenta la demanda), y luego bajan a los 781,82 que reciben en agosto. Durante todo el verano no hubo comunicación. En septiembre no vuelve a haber transferencia. En octubre, ya con la fecha del juicio fijada, la aplicación del banco avisa a José Luis Izquierdo de que su cuento ha engordado en 2 mil euros, a los que suma otra cantidad –que no aparece en la tabla– el día antes de la vista. 

En total, de los casi 20 mil euros que Víctor Hugo y Lilibeth deberían haber abonado por contrato, pagan 14 mil. Así lo dicen los Izquierdo, que suman mil euros más de facturas de la luz pendientes. Los inquilinos, en cambio, sostienen que llegaron al juicio, con el contrato sin renovar, pero limpios de deudas. José Luis Izquierdo lo niega: “Nunca me ha llegado ese dinero”. “Las pagamos”, replica Víctor Hugo, “cuando cobramos los finiquitos de nuestros trabajos de temporada. El problema es que Juan Antonio Marí, nuestro abogado, no los presentó en el juicio. Por ese motivo creemos que el juez nos ha desahuciado”.

En total, de los casi 20.000 euros que Víctor Hugo y Lilibeth deberían haber abonado por contrato, pagan 14.000. Así lo dicen los propietarios, que suman mil euros más de facturas de la luz pendientes. Los inquilinos, en cambio, sostienen que llegaron al juicio, con el contrato sin renovar, pero limpios de deudas

No encuentran casa

Víctor Hugo y Lilibeth se conocen desde niños. Fueron a la escuela juntos, en Guayaquil. El Atlántico los separó cuando ella, con trece años, vino a Eivissa con su familia. Era 2002. Sólo ese año, más de cien mil ecuatorianos migraron a España. La vida en la isla era mucho más fácil. La familia de Lilibeth pagó 700, 800, 900 euros de alquiler. Su hermana, que era más pequeña, y ella tuvieron una adolescencia feliz. Luego llegó el trabajo, la crisis de 2008 (que en Eivissa golpeó varios años después), los niños, el regreso de la madre a Ecuador (donde pasa los inviernos, para regresar con el calor mediterráneo a la isla: sigue trabajando de temporera), la separación de su anterior pareja y Víctor Hugo, que resume así el reencuentro: “Entramos en contacto por internet, me vine a Ibiza y aquí nunca ha faltado empleo. El problema es que no hay vivienda”. 

No se esperaban, continúa él, que el juicio acabara desalojándolos. Eso es lo que, según afirma muy convencido Víctor Hugo, les aseguró su abogado en la misma puerta del tribunal: “Nos pidió que le firmáramos un poder de representación y que nos fuéramos tranquilos para casa. ‘Esto se va a arreglar’, nos dijo. Luego nos enteramos de que en el juicio no ha estado él, sino otro abogado al que no habíamos visto jamás ni le habíamos explicado personalmente nuestro caso. Pasaron las semanas y, fíjate, de la sentencia me tuve que enterar yendo al juzgado y solicitando los documentos… cuando quedaba una semana para el desahucio. Entonces, el abogado nos llamó y nos dijo que, sintiéndolo mucho, habíamos perdido y que no se podía hacer nada más. Ahora, el casero nos reclama los meses de noviembre, diciembre y enero, que no los pagamos porque el abogado nos recomendó que ahorráramos ese dinero por si teníamos que pagar la entrada de un nuevo alquiler. Nos sentimos estafados: le pagamos 500 euros y sólo nos ha perjudicado”.

A Juan Antonio Marí Román, veterano de la abogacía ibicenca –fue delegado insular del Colegio de Abogados Balear hace algo más de una década– le sorprenden, “y mucho”, las acusaciones de Víctor Hugo y Lilibeth. “La presencia de los afectados [en el juicio] no es imprescindible, sólo la del abogado y la del procurador que se nombra. A la vista fue un compañero de mi despacho [Vicente Ferrer Ripoll, como recoge la sentencia]. Nosotros entendimos que el desahucio no corresponde porque se habían pagado las deudas del alquiler y que el contrato, aunque estaba extinguido, no se había comunicado en los plazos correspondientes. Allí se aporta la documentación que nos dieron”.

–¿Qué documentación presentaron, en concreto? Se la hemos solicitado a los inquilinos, pero no la han enseñado.

–Cuando se contestó la demanda y en el momento de la vista, se acompañó de unos documentos que demostraban el pago de la renta. El problema es que en noviembre, diciembre y enero, como dicta la sentencia, tenían que haber seguido pagando la renta. No lo hicieron y todos esos meses se fueron acumulando.

–Ellos dicen que dejaron de hacerlo por recomendación suya.

–No es verdad… ellos pueden decir lo que sea, pero no es verdad. ¿Pero cómo iba yo a recomendarles eso? La contestación de la demanda detuvo el primer lanzamiento, por eso fuimos a juicio. Pero durante ese tiempo se siguieron generando rentas, y el mismo día de la vista se llegó a ingresar un dinero. El problema es que ellos [sus clientes] hacían unas cuentas diferentes a las del casero.

–¿Y a qué se debía ese desfase?

–A lo que consideró el juez revisando los documentos que aportó cada una de las partes. En julio se debía una cantidad de dinero, pero, ¿y todas las cantidades que se habían ido devengando hasta la fecha de la vista? Nosotros presentamos la documentación que pudimos. ¿Qué interés puedo tener yo en no presentar un documento que beneficie a mi cliente? Ninguno. Lo que les dije fue: si pagáis los 6.000 euros que pide la sentencia podremos apelar. No quisieron. También dicen que no estaban avisados por parte del propietario, pero eso no es verdad. Como tampoco es cierto que no les informé del resultado de la sentencia hasta que quedaba una semana para el desahucio: los llamé por teléfono unos días después del fallo [firmado el 8 de noviembre, un día después de la vista], nos reunimos y se lo expliqué todo. No sé si me consigo explicar.

Los desahuciados no esperaron al último momento para vaciar el piso. Sabían, dice Víctor Hugo, que la Policía Nacional les daría “como máximo dos horas” para sacar ropa, menaje, efectos, juguetes. En una furgoneta –“Como trabajo en la construcción, tengo muchos conocidos que conducen vehículos grandes: nos echaron una mano”– hicieron tres portes hasta un almacén. Ahí duerme, hasta nuevo plazo, su vida. Ellos siguen buscando alquiler, no piensan en subir a un barco o a un avión sin billete de vuelta. “La búsqueda es muy difícil y no querríamos que el desahucio nos perjudicara. Ibiza es muy pequeño y, aunque tarde, sentimos que sólo nos ha ayudado la PAH. Quizás, si hubiéramos contactado antes con ellos, podríamos haber conseguido un certificado de vulnerabilidad. El Ayuntamiento dice que no puede dárnoslo porque tenemos trabajo. Pero con lo que ganamos no nos llega para alquilar”.