Sistemas de alerta más modernos, como los que Mazón bloqueó, habrían ayudado a avisar antes a la población en la DANA

“Los sistemas más modernos habrían permitido ganar otras cuatro horas y avisar antes”. Así lo aseguraba el pasado lunes Félix Francés, catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València que dirige el grupo de investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental (GIMHA) del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la UPV, en su intervención en la comisión no permanente para la recuperación de las zonas afectadas por las inundaciones que se celebra en el Ayuntamiento de València. No obstante, Francés cree que no son necesarios más sensores en barrancos y ríos: “El de España es uno de los mejores sistemas de sensores del mundo en este sentido”.

Se da la circunstancia de que la Generalitat Valenciana tardó diez meses en la formalización de un contrato para un sistema informático “avanzado” de seguimiento y ayuda a la decisión de los riesgos derivados de las inundaciones. Se trata de una herramienta que debía implementar la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, que entonces dependía de la Conselleria de Justicia e Interior que dirigía Salomé Pradas, una de las dos conselleras (junto a Nuria Montes) depurada por Carlos Mazón para intentar hacer un cortafuegos en la gestión de la DANA.

Se trata de un 'software' para la predicción del 'comportamiento de los riesgos meteorológicos e hidrológicos' adjudicado en diciembre de 2023 por un importe de 811.687 euros a cargo de los fondos Next Generation, pero cuyo contrato no se formalizó hasta el pasado 26 de octubre, tres días antes de las graves inundaciones que asolaron gran parte de la provincia de Valencia, por lo que todavía no estaba operativo en esas fechas.

En el expediente se justifica que “se hace necesario disponer de herramientas de software para la predicción del comportamiento de los riesgos meteorológicos con especial incidencia por sus características a las inundaciones, todo ello en el marco del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones, y resto de herramientas de planificación y tanto en prevención como durante la emergencia y la fase de postemergencia para su utilización en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat”.

A esto se suma la licitación de urgencia a principios del pasado 29 de noviembre, justo un mes después de las riadas, de un sistema de alerta de inundaciones y previsión meteorológica. Concretamente, estamos ante un mecanismo de sensorización y digitalización de la Estación de Depuración de Aguas Residuales (EDAR) más importante del área metropolitana de València, la de Pinedo II, y la de Quart-Benàger para “crear sistemas de alerta temprana frente a inundaciones urbanas durante episodios de lluvia, mediante la vigilancia de niveles en puntos clave de las redes de saneamiento y drenaje urbano” además del “uso de sistemas de previsión meteorológica”. El sistema había sido anunciado por Pradas en enero de 2024 y el importe de la licitación ascendió a 503.357,68 euros financiados también a través de fondos europeos.

El proyecto pretende “servir de apoyo en la toma de decisiones”, según apuntaba un técnico del departamento de Proyectos, Obras y Explotaciones en el informe justificativo de la necesidad e idoneidad del contrato.

La Unidad Valenciana de Emergencias

La Generalitat Valenciana desmontó en apenas cuatro meses desde la llegada al Gobierno autonómico de Carlos Mazón gracias al pacto entre PP y Vox la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) impulsada por Ximo Puig en febrero de 2023 para coordinar las actuaciones de los distintos cuerpos de emergencias para garantizar la rápida intervención en cualquier lugar del territorio en caso de fenómenos meteorológicos, sísmicos, incendios o maremotos. Este fue el primer organismo del Consell del Botànic suprimido por Mazón, según presumía el PP valenciano.