600 familias se quedan sin 800 euros de ayuda a la educación infantil en Catalunya por un embrollo burocrático

Al menos 600 familias en Catalunya que llevan sus hijos a escuelas infantiles privadas se han quedado sin una ayuda de la Generalitat de 800 euros. Se trata de una subvención del curso pasado, el 2023-2024, y a estas alturas pocos confían en que vayan a poder cobrarla. Los centros afectados, que son los que debían hacer los trámites, denuncian que el departamento de Educación no les informó correctamente de la convocatoria.

Las familias pertenecen a un total de 78 escuelas infantiles a las que la ayuda les fue denegada, nada menos que un 14% de las 563 que lo solicitaron, según los datos de Educación. El problema añadido para muchos de esos centros es que ahora hay padres y madres que les reclaman a ellos los 800 euros por hijo escolarizado que les tenían que descontarles de la cuota. Un dinero que la mayoría de estas guarderías, pequeñas empresas con pocos empleados, aseguran que no pueden asumir.

Èric Alfaro, director de la Llar d’Infants Casamada de Castellar del Vallès (Barcelona), explica que en su caso han dejado de cobrar 13.000 euros, aunque añade que tienen la “suerte” de que las familias no se lo reclaman. Junto con otras 35 escuelas, se han organizado en los últimos meses para pedir a la Generalitat que abra una nueva convocatoria, al entender que fue culpa de la Administración.

Los centros mantendrán este martes una reunión con el director de Centros Concertados y Privados del departamento de Educación para abordarlo, pero fuentes de la conselleria descartan de entrada poder satisfacer su demanda. Aseguran que las subvenciones son un proceso regulado y que, “por norma general, no se pueden hacer excepciones”.

El gasto máximo para estas ayudas el curso pasado estaba previsto en 25 millones de euros, de los que finalmente solo se usaron 11. Las escuelas creen que, al no haberse agotado todos los fondos, hay recursos para una convocatoria extraordinaria. De hecho, para el conjunto de centros que se ha unido a la reclamación, y de la que dependen esas 600 familias, el coste de abonar las ayudas sería de unos 500.000 euros.

Nadie avisó a esos centros del plazo

El origen de estas ayudas está en el Govern de Pere Aragonès. En 2022, el Ejecutivo de ERC anunció que el curso de Infantil 2 de las escuelas infantiles públicas (conocido como P2, el último que se suele hacer en la guardería) sería gratuito para todo el mundo. La medida se puso en marcha el curso 2022-2023 con la intención además de extender progresivamente la gratuidad a los demás cursos, aunque esto todavía no ha ocurrido.

En paralelo, el Govern también anunció una ayuda de 800 euros anuales para las familias de I2 de las escuelas infantiles privadas. Con la escasez de plazas públicas que hay en muchos municipios, que hace que muchas familias se queden fuera y tengan que acudir a la privada, el Govern consideró que esta ayuda podía compensarlas. Cabe recordar que por ejemplo en una ciudad como Barcelona, casi la mitad de las 8.300 solicitudes que hubo para el curso actual se quedaron sin plaza.

En el primer curso de su puesta en marcha, 2022-2023, la convocatoria para las ayudas en la privada se abrió en abril, y la Administración informó de ella a los centros. El resultado es que apenas hubo quejas, salvo porque se ingresó la transferencia meses más tarde.

Pero la cronología de las escuelas afectadas este curso evidencia que algo falló esta vez por parte de la Administración. “Durante el curso anterior, Educación nos llamaba y nos enviaba correos para informarnos de las ayudas, pero el siguiente ya no lo hizo. Así que cuando llegamos a abril y fuimos a pedirla, nos dimos cuenta de que ya se había concedido. Adelantaron la convocatoria tres meses sin avisarnos”, denuncia Alfaro.

Desde Educación defienden que se lo comunicaron tanto a las patronales de las escuelas infantiles privadas, como a la Associació Catalana de Llars d’Infants. Pero no todas las escuelas pertenecen a dichas agrupaciones.

Piden no gestionar estas ayudas

Además de culpar a Educación de no haber informado debidamente, las escuelas también se quejan de que no deberían ser ellas las que tramiten una ayuda de la que no se benefician, sino que simplemente tienen que trasladar a las familias. Igual que con prestaciones como las becas comedor, consideran que deberían ser las familias receptoras las que lo soliciten.

“No tenemos capacidad para gestionarlo ni creemos que nos toque a nosotros”, señalan desde una de estas escuelas en Rubí. En este municipio, cuatro de los cinco centros privados 0-3 se quedaron sin las ayudas por solicitarlas fuera de plazo. En su caso, las familias les exigen todavía el pago de un montante que asciende a 21.000 euros. “Yo entiendo su cabreo, pero es que no está bien diseñado, una ayuda de este tipo no puede recaer sobre los centros”, insiste.

De hecho, muchos de los afectados son porque nadie les avisó del plazo, pero hay otras casuísticas. Por ejemplo, escuelas que tienen deudas con Hacienda, o problemas de Protección de Datos. “¿Qué sentido tiene que una familia se quede sin cobrar una ayuda porque resulta que en su escuela tienen una deuda con la Seguridad Social? O directamente, que se queden sin ella porque la escuela no quiere pedirla”, lamentan desde el centro de Rubí.

En paralelo a las quejas hacia el departamento de Educación, los centros denunciaron la situación a la Sindicatura de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán). Esta institución descartó irregularidades por parte de la Administración, pero sí le trasladó una exigencia: “Hemos pedido que refuerce la información que previamente se hace llegar a las escuelas infantiles de titularidad privada para garantizar el acceso a dicha subvención al mayor nombre posible de centros”.