El juez resta importancia a las filtraciones y bulos de Miguel Ángel Rodríguez sobre la pareja de Ayuso y rechaza volcar su móvil

El juez del Tribunal Supremo que investiga al fiscal general, Ángel Hurtado, ha emitido un auto en el que mantiene la declaración como imputado de Álvaro García Ortiz para este miércoles y en el que resta importancia a las filtraciones y bulos que Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, protagonizó en el caso de fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional. El magistrado reconoce que hay “controversia” sobre si él fue el primero en filtrar un correo de la causa en la tarde del 13 de marzo, pero minimiza el efecto que eso pueda tener sobre la causa y la investigación al fiscal general: “No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo”, dice el juez Hurtado.

En este auto, incluso, el magistrado cuestiona que González Amador pueda ser considerado un “defraudador confeso”, origen de los más de diez pleitos que el empresario ha iniciado contra políticos y periodistas reclamando indemnizaciones que rozan entre todas el medio millón de euros por referirse así a él.

Las defensas habían pedido varias diligencias al magistrado, entre ellas el volcado de los mensajes que mandó el jefe de gabinete de Ayuso en la tarde del 13 de marzo. Las distintas testificales han revelado que él fue el primero en difundir a varios periodistas un correo que el fiscal Julián Salto había enviado al abogado de González Amador, filtración que provocó los movimientos en la Fiscalía para desmentir la información falsa del caso que él mismo estaba remitiendo: que la Fiscalía había ofrecido un pacto al empresario y que se había frenado por “órdenes de arriba”.

El juez rechaza volcar el teléfono de Rodríguez y explica que su papel en la filtración de ese correo no incide en que siga siendo un posible delito que, además, se filtrara otro email anterior del abogado de González Amador ofreciendo un pacto y una confesión a la Fiscalía. “No se alcanza a entender la incidencia que pueda tener ese correo de 12 de marzo, que se difunde a partir de la autorización de la persona a quien concierne el secreto, si es para minimizar la trascendencia del de 2 de febrero”.

Ese correo previo con la confesión del empresario, que fue publicado de forma íntegra en la mañana del 14 de marzo por El Plural, circuló según el juez “a partir de la actuación de un tercero ajeno a la confidencia” que “lo filtra subrepticiamente a la prensa sin autorización”. En este auto el juez, incluso, explica que Alberto González Amador no puede ser considerado un defraudador confeso: “Aparece en determinados medios y ámbitos que a Alberto González Amador se le considera un defraudador confeso, sin serlo, con el daño reputacional que ello conlleva”.

El magistrado rechaza también diligencias como llamar a declarar a más periodistas y al propio González Amador y mantiene la citación para este miércoles como investigado del fiscal general. Posteriormente declararán los otros dos investigados: la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de este organismo, Diego Villafañe.

La declaración de García Ortiz

Álvaro García Ortiz se convertirá este miércoles en el primer fiscal general del Estado en comparecer como investigado en una causa penal. Declarará bajo la acusación de haber filtrado un correo con el que el abogado de Alberto González Amador, en febrero de 2024, reconocía sus delitos fiscales ante el fiscal que le investigaba y se abría a buscar un pacto: pagar medio millón en multas y deudas y aceptar ocho meses de cárcel a cambio de no tener que pisar la prisión de forma efectiva.

El juez Hurtado ha dejado por escrito en varios autos que, según su criterio, existió una estrategia coordinada dentro de la Fiscalía para, en la noche del 13 de marzo, obtener y filtrar esa confesión a la prensa para perjudicar al empresario y su pareja. Por el momento, la causa no ha arrojado ninguna prueba concreta sobre esa filtración, ante lo que el juez se apoya en informes de la Guardia Civil para afirmar que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en esa filtración.

La defensa de García Ortiz, ejercida por la Abogacía del Estado, alega desde el principio que el fiscal general no participó en ninguna filtración y que, además, para entonces esa información era conocida y el objetivo de la Fiscalía no era revelar ningún secreto sino hacer un comunicado para desmentir las informaciones falsas sobre el caso publicadas en varios medios de comunicación. Bulos que, desde hacía horas, difundía entre los periodistas Miguel Ángel Rodríguez.

El propio jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso reconoció ante el juez que González Amador le envió uno de esos correos en la mañana del 12 de marzo y que lo difundió entre decenas de periodistas en la noche del día siguiente, según su versión una vez su contenido ya había sido publicado por El Mundo. Diversos testigos contradicen su declaración: repartió esa versión entre varios medios horas antes de la primera información de El Mundo.

El juez, en su auto, resta importancia al papel que Rodríguez jugó en las filtraciones y en cómo desencadenó los movimientos de la Fiscalía, al entender que la causa gira en torno a la filtración de otro correo: el de febrero en el que el abogado de González Amador reconocía su fraude fiscal de 350.000 euros.