La pugna por el control de CGT Andalucía fractura a la organización y llega a los tribunales entre acusaciones de "atraco"

Sábado, 30 de noviembre. Mediodía. Sede de la federación local de CGT Sevilla en la calle Alfonso XII. Sobre la tarima, cinco personas recién elegidas como nuevos cargos de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla por un margen de seis votos. Y abajo, la batalla: un grupo de unos veinte que aplaude y muestra el gesto de la victoria, y otro que se desgañita a voces: “¡Fuera, fuera!”. “¡Sinvergüenzas!”. “¡Manos arriba, esto es un atraco!”.

Mientras camina por un pasillo lateral entre improperios, Miguel Fadrique, secretario general de CGT (a nivel confederal) desde junio de 2022, se cruza con Miguel Montenegro, el secretario de organización de CGT-A teóricamente descabalgado, quien le increpa. Ambos se retan frente a frente durante unos segundos, pero Fadrique acaba siguiendo su camino.

Es el punto álgido, por ahora, de una lucha por el control de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla que amenaza con desgarrar por dentro a la organización anarcosindicalista en Andalucía. A un lado está un grupo, supuestamente amparado por Fadrique, que reclama la victoria en el Congreso Extraordinario celebrado en Sevilla aquel 30 de noviembre. Al otro, el actual secretariado permanente (algo así como la dirección ejecutiva) que se alzó con la victoria (91% de los votos) en abril de 2023, que no reconoce ni la convocatoria ni los votos del Congreso Extraordinario de noviembre, ni la candidatura que podría desbancarles. Esta facción cuenta con el apoyo de una veintena larga de sindicatos, que no reconocen los resultados y han demandado a Fadrique.

La fractura es total y se ha trasladado a los tribunales. El Tribunal Superior de Andalucía debe resolver la demanda de impugnación contra la convocatoria del Congreso de la discordia. De momento, el Ministerio de Trabajo se ha negado a dar validez al proceso electoral, dejando en suspenso el plazo para darse por enterado de los nuevos cargos hasta que “recaiga resolución judicial firme que resuelva sobre la validez” de su designación.  

Sin embargo, Rojo y Negro, la revista oficial de la CGT, se apresuró a entrevistar a Pilar Encuentra como “nueva secretaria general de CGT Andalucía, Ceuta y Melilla” en su edición de diciembre. Preguntado por este medio, Fadrique asegura que el secretariado general es el que salió del Congreso de noviembre, “evidentemente”, resta valor a los “registros gubernamentales” y no aclara si esto ya afecta al funcionamiento del sindicato. “No voy a dar más información por respeto a la organización”, zanja.

CGT-A cuenta con unos 11.500 afiliados, 600 delegados sindicales y 45 sindicatos afiliados. Es mayoritaria en el sector del telemarketing, el de auditorías y estudios de mercado, en las Agencias de Servicios Sociales y Dependencia (ASSDA) y de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (AMAYA), o en ayuntamientos como Jerez o Alcalá del Valle (Cádiz).

Convocatoria del secretario general

La vista judicial está fijada para este miércoles. El secretariado elegido en 2023 (con Juan Antonio Guerrero Márquez como secretario general y Miguel Montenegro como secretario de organización) defiende que todo fue un golpe de mano de Fadrique, que tiene antecedentes por hechos similares, para imponer una candidatura que no contaría con el apoyo de las asambleas y afiliados que conforman la federación.

El cisma empezó a abrirse el 25 de septiembre, cuando secretarios de 15 sindicatos federados en Andalucía solicitaron un congreso extraordinario cuyo único punto era revocar al Secretariado Permanente de CGT Andalucía, con una advertencia expresa: de no atenderse su petición, lo solicitarían al Comité Confederal, al que los Estatutos confieren la facultad de convocar si el primero “no atendiese a la solicitud formal” que presenten “las personas interesadas en dicha convocatoria (afiliación, sindicatos..., según el comicio de que se tratara)”.

Cinco días después, el Secretariado Permanente andaluz mostró en una circular su “disposición a convocar” el Congreso, con el “acuerdo” de hacerlo “en cuanto se reciban las convocatorias de las asambleas y actas de acuerdos de estas”. Ninguno las había aportado.

Pero sin esperar más, el otro sector cumplió su advertencia pidiendo la convocatoria a Fadrique quien, tras cruzar varios correos con Guerrero y Montenegro, convocó con una circular. Entre medias, la asamblea de al menos un sindicato peticionario (el de transportes de Sevilla) votó en contra de la convocatoria extraordinaria, dejando el número de peticiones por debajo del quórum. La solicitud era tan ajustada que el número de sindicatos necesarios para convocar (1/3 del total) se caía si faltaba cualquiera.

Denuncia de irregularidades en la tabla de votos y la candidatura

Sobre todas estas cuestiones deberá pronunciarse el máximo órgano judicial andaluz, después de que la Audiencia Nacional rechazase el caso por falta de competencias. La demanda la interpone CGT Andalucía, Ceuta y Melilla contra CGT y Fadrique, achacando a la convocatoria, a la cuantificación de los votos y a la propia candidatura vencedora una panoplia de irregularidades que invalidarían todo el proceso. Se pide también una indemnización de 30.000 euros.

Respecto a la convocatoria, subrayan que la dirección andaluza se mostró predispuesta a convocar siempre que se aportaran las actas de las asambleas y se cuestionan algunos de los sellos y firmas recogidas en la solicitud inicial.

En relación con los votos, denuncian que Fadrique y su equipo cerraron la tabla aplicando el criterio de estar al corriente con los pagos de cuotas a la fecha de convocatoria, sin dar oportunidad para ponerse al día. Hay sindicatos que cotizan trimestralmente a los que esto les habría privado de sus derechos de voto. Acusan a Fadrique de imponer esta interpretación, diferente a la práctica habitual de la organización, “a mitad de partido”.

Por último, apuntan a la candidata a secretaria general. Pilar Encuentra fue suplente en las elecciones municipales de 2023 en la lista de Con Andalucía por Sevilla. Los Estatutos de CGT prohiben “participar” en candidaturas y lo extienden a todo el mandato: “En el caso de que la participación en candidaturas políticas afecte a cargos de la organización, deberán presentar la dimisión, no pudiendo desempeñar cargo en la CGT Andalucía, Ceuta y Melilla mientras dure el mandato al que se presentó”. Es decir, hasta 2027.

Encuentra ha delinado valorar esta situación. En una carta escrita en pleno proceso electoral, Encuentra explicó a los afiliados que se había dado de baja en el PCE y IU en septiembre de 2024 y que en noviembre, en vistas de que se iba a presentar a secretaria general de CGT-A, presentó un documento de “renuncia anticipada a la posibilidad de que pudiera llegar a ser nombrada” concejala en Sevilla. Algo que, según el sector opuesto, no es suficiente.

“Injerencia en la libertad sindical”

Más allá de las presuntas irregularidades formales, subyace un enfrentamiento por el control y la dirección de la entidad. El proceso electoral fue pilotado desde Madrid y no se llevó el asunto a la Comisión de Garantías, cuya función es resolver conflictos internos. Hay un precedente. En julio del año pasado, la Audiencia Nacional condenó a CGT por vulnerar los derechos fundamentales de sus afiliados del sindicato del sector ferroviario: Fadrique convocó unas elecciones sin estar legitimado. La Audiencia Nacional anuló la convocatoria y las elecciones.

Ahora, los actuales responsables de CGT-A acusan a Fadrique de usurpar sus funciones interviniendo en la federación como “elefante en cacharrería”, de forma irregular y “sin respetar las más básicas señas de identidad de la CGT ni los estatutos”.

Entrevén, además, un interés en cercenar la autonomía del sindicato por motivos políticos. La actual dirección de CGT en Andalucía ha protagonizado varios conflictos laborales en ayuntamientos gobernados por Izquierda Unida. Durante años ha mantenido un pulso con el ayuntamiento de Marinaleda, el simbólico feudo de la izquierda regido por Juan Manuel Sánchez Gordillo, por la situación de las trabajadoras de ayuda a domicilio, contratadas de forma temporal en fraude de ley, según determinó la Inspección de Trabajo. El sindicato llevó a los tribunales al consistorio por suspender dos días de sueldo a una trabajadora que quería ejercer su derecho a huelga, y ganó. También ha denunciado en los últimos meses al ayuntamiento de Alcalá del Valle (Cádiz) y al de Arahal (Sevilla), ambos gobernados por la coalición de izquierdas.  

En los últimos años CGT-A se ha caracterizado por una actitud muy combativa, protagonizando encierros por las subcontratas en la educación especial, denuncias ante Fiscalía por los contratos exprés, conflictos laborales por los complementos salariales de antigüedad (en el caso de AMAYA) y una huelga reciente por la integración del 112 en la nueva agencia andaluza.

La dirección andaluza acusa a Fadrique de usar su posición para “castigar y humillar” a los órganos de representación de CGT-A “por considerarlos enemigos de sus intereses”.

“Toda la situación creada, mantenida y aireada, por CGT, tanto dentro de su afiliación, como de forma externa a la misma, y que menoscaba el poder de actuación y organización de CGT-A y de su Secretariado Permanente, supone una grave injerencia en la más estricta libertad sindical de la organización y su actividad”.