El Parlamento zanja en cuatro meses la investigación de los contratos de la Xunta con un dictamen que solo apoya el PP

La comisión de investigación abierta en el Parlamento de Galicia sobre los contratos de la Xunta se ha cerradoen menos de cuatro meses con un dictamen redactado por el PP y apoyado solo por este grupo y entre críticas de la oposición por la lista de comparecientes que la formación conservadora, con mayoría absoluta en la Cámara, llamó para la investigación. El órgano parlamentario tenía como objetivo revisar los contratos menores durante la pandemia, las adjudicaciones a empresas en las que trabajan familiares de Alberto Núñez Feijóo y el modelo elegido para el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo -que supuso un derroche de 470 millones de euros-. Los diputados escucharon las comparecencias de 36 personas, pero no la del actual líder del PP español, que fue el máximo responsable del Gobierno durante la mayor parte del periodo analizado, por el veto de su partido.

El documento aprobado este martes en el pleno del Parlamento es el presentado por el PP, que calca el argumentario de la formación en todos los debates previos a la comisión y durante la misma. Incluso salió adelante, también solo con los votos del grupo de los populares, un voto particular, registrado para dar sus argumentos contra las referencias de la oposición a que hubo vetos de comparecientes. Tanto el BNG, que fue el grupo impulsor del órgano parlamentario, como el PSdeG y el único diputado del Grupo Mixto, Armando Ojea, de Democracia Ourensana, rechazaron las conclusiones del PP, que se centran en asegurar que “no hubo ni una sola tacha de legalidad”. El PP, por su parte, tumbó los textos registrados por los nacionalistas y los socialistas.

El diputado del BNG Iago Tabarés tachó lo vivido en la comisión de “episodio de corrupción y degradación democrática” en el Parlamento gallego. Recordó, según recoge Europa Press, que el órgano se constituyó gracias a la petición respaldada por los 25 diputados del BNG -es decir, un tercio de los de la Cámara, el mínimo que se exige para ello- y criticó que el PP se hizo con el control al imponer las normas de funcionamiento y el plan de trabajo con sus votos. En el listado de comparecientes, por tanto, no figuraban ni Feijóo ni otros miembros de su entorno, como su hermana, Micaela Núñez Feijóo, que es directiva para el noroeste en Eulen, una de las empresas cuyos contratos con la Xunta se investigaban.

También, continuó Tabarés, “faltaban documentos relevantes” que apuntaban a “irregularidades” en el Hospital Álvaro Cunqueiro, como uno interno del propio Sergas que desveló su grupo y que señalaba que la reducción de superficie construida con respecto al proyecto inicial estaba valorada en 30 millones de euros. Este centro sanitario, dijo, fue el “mayor derroche de recursos públicos de la historia de la autonomía”. Añadió que la contratación menor es “un sistema legal”, pero debe utilizarse “excepcional y justificadamente”.

Elena Espinosa, del PSdeG, concluyó que el PP “nunca persiguió la verdad” con esta comisión y así lo demuestra, a su juicio, que “bloqueara comparecencias clave” como la de Feijóo y que aprobara un plan de trabajo “tarde, mal y a rastras”. Para apoyar sus críticas al modelo elegido para construir el hospital Álvaro Cunqueiro se remitió a la declaración de la exconselleira de Sanidade Rocío Mosquera y se preguntó cómo es compatible que todo se hicese “bien y perfecto” con que ella admitiese que las polémicas que acompañaron la apertura del centro le costaron el cargo.

El PP de Alberto Núñez Feijóo, insistió, dio un “volantazo” al proyecto del expresidente Emilio Pérez Touriño al pasar de impulsar el hospital a través de la Sociedade Pública de Investimentos (SPI) a hacerlo por un modelo público-privado “que nunca más se volvió a emplear”. “Los vigueses y viguesas son los únicos que no tienen un hospital público y ahora saben que costó 470 millones de euros más, que es más pequeño de lo previsto y que no cumple ni con el plan funcional ni con los objetivos previstos”, ha resumido, en base al informe que el pasado verano publicó el Consello de Contas. El PSdeG pide la creación de una nueva comisión de investigación en la que el funcionamiento sea por mayorías cualificadas para evitar que el PP imponga decisiones con su mayorúa absoluta.

El diputado de Democracia Ourensana, que tampoco apoyó el dictamen y se abstuvo ante los tres votos particulares, acusó al resto de grupos de haber hecho un uso “político” del órgano parlamentario, pero cargó en especial contra el PP por impulsar un listado de comparecientes que “tenían poco sentido” y porque no se envió “toda la documentación que se reclamó”.

El diputado del PP Roberto Rodríguez, que ejerció de portavoz en casi todas las intervenciones en la comisión, consideró que la oposición es la “caballería de la infamia” y repitió las conclusiones del dictamen elaborado en solitario por su grupo: a los funcionarios y cargos de la Xunta que intervinieron en los contratos examinados “no se les imputó ningún delito ni se les puso ni un solo reparo de legalidad” en las auditorías realizadas.