Un testigo del 'caso Azud' trató de deshacerse de documentación clave delante de la Guardia Civil

La instrucción del 'caso Azud', una compleja macrocausa de supuesta corrupción urbanística durante la era de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, vivió el pasado 23 de enero una escena llamativa.

Un agente del Grupo de Delincuencia Económica 3 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargado de las pesquisas, acudió al despacho profesional de Ramón J. O. para obtener una documentación en cumplimiento de un requerimiento judicial del instructor de la causa. La carpeta, con informes de tasación de la denominada 'operación colegios' (una de las múltiples tramas del 'caso Azud'), estaba encima de una mesa del céntrico despacho. “En un momento dado”, según reseña un oficio de la UCO al que ha tenido acceso elDiario.es, el agente observó como Ramón J. O. “cogía esta carpeta y, en el sentimiento de que no estaba siendo observado, se desplazaba con ella hasta otra estancia del despacho, donde ha comenzado a deshacerse de parte de la documentación que contenía”. “En ese momento, este agente le ha cuestionado sobre la actividad que se encontraba realizando, habiendo contestado en actitud esquiva que la documentación de la que se estaba deshaciendo era de su propiedad y no tenía la intención de entregarla”, agregaba el oficio del instituto armado. El testigo, en una comparecencia ante el juez este martes, aseguró que estaba “nervioso” y afirmó que fue una “tontería”.    

El fiscal anticorrupción, Pablo Ponce, también destacó en un escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de València la “actitud renuente” del testigo ya desde la primera declaración ante la UCO, cuando manifestó su “negativa” a entregar una documentación en su poder relativa a “hechos de extraordinaria gravedad”, dado que afectaban a intereses públicos y, concretamente, a la “integridad de los funcionarios públicos”.

En “aras de garantizar la fuente de prueba” y ante la peculiar actitud del testigo, que ni siquiera está directamente relacionado con la causa más allá de custodiar la documentación, el agente de la UCO recibió órdenes de recopilar el conjunto de la documentación, incluso “paralizando la actividad del despacho y asegurando” que ninguno de los presentes pudiera “llevar a cabo ninguna actividad tendente a la destrucción de estas u otras evidencias”.

A raíz de las supuestas trabas del testigo, la UCO solicitó al juez un mandamiento de entrada y registro del despacho para “recabar los elementos de interés para la causa que pudieran localizarse en el despacho profesional” del Ramón J. O. En la solicitud al instructor, la Guardia Civil pedía también que los registros se hicieran extensivos a las plazas de garaje del despacho, a los vehículos y a otras dependencias anexas, tales como sótanos, cuartos de contadores, de calefacción o de archivos e incluso las azoteas, “así como cualquier caja fuerte, cuarto blindado o similar que pudiera encontrarse en el interior de los inmuebles o sus dependencias ajenas”. 

En definitiva, la UCO solicitó acceder a “cualquier tipo de material o soporte informático” de todos los puestos de trabajo, cuentas de correo electrónico, así como a las aplicaciones Whatsapp, Telegram, Signal o similares, además de las redes sociales.

El juez instructo autorizó la entrada y registro al despacho profesional de Ramón J. O. a consecuencia de su conducta, “incumpliendo el requerimiento judicial y pretendiendo engañar a los agentes actuantes y distraer la documentación requerida, esencial para la averiguación de los hechos”.

El testigo de justifica: fue una “tontería”

El testigo declaró este martes ante el juez del 'caso Azud' y confirmó que el empresario Miguel Montoro, ya fallecido, le encargó una tasación de tres parcelas. Tal como declaró ante la Guardia Civil el pasado 14 de enero, como arquitecto, ejerce de técnico independiente como tasador de la empresa Tinsa, con un contrato de prestación de servicios, desde 1991.

El hombre relató que el empresario Miguel Montoro, cuya hija Mónica figura como investigada, le encargó la tasación de los solares correspondientes a la operación en la que el Ayuntamiento de València, durante el mandato de Rita Barberá, aprobó una permuta para supuestamente entregar varias parcelas edificables a una mercantil del empresario Jaime Febrer, uno de los investigados en la causa, a cambio de que ésta asumiera una deuda millonaria que el consistorio mantenía con varias congregaciones religiosas.

Sin embargo, el destinatario de las tasaciones era el propio Ayuntamiento de València, tal como indica el resumen de tasación. La declaración ante la UCO se reanudó al día siguiente —el pasado 15 de enero— y el testigo se negó a aportar los tres informes de valoración de las parcelas, a pesar de que disponía de la documentación.

Tras la escena en su despacho con el agente de la Guardia Civil, este martes aseguró ante el juez que el encargo le vino de Miguel Montoro, aunque el empresario posteriormente le informó de que realmente el encargo habría corrido a cargo del Ayuntamiento de València. El testigo, según fuentes conocedoras de su declatración, alegó que estaba “nervioso” para justificar el intento de ocultar la documentación. También tildó de “tontería” su actuación.