Ni rastro de la multa a la pareja de Ayuso que anunció Almeida en el expediente abierto por las obras ilegales en su piso

El expediente que el Ayuntamiento de Madrid abrió por las obras sin licencia en el piso que Alberto González Amador comparte en Chamberí con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha saldado de momento sin ninguna multa. Así lo denuncia Más Madrid, que ha tenido acceso a todos los documentos de los que consta actualmente, sin encontrar procedimiento sancionador alguno.

Los hechos contrastan con las declaraciones que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, lanzó en diciembre, cuando habló de que la pareja de Ayuso había recibido una multa por unas irregularidades en “aires acondicionados”, restando importancia a las obras ilegales que habían quedado acreditadas en otros informes municipales.

En dichas declaraciones el alcalde daba por cerrado el expediente, restando importancia a las irregularidades detectadas por los funcionarios municipales. Pero este jueves el partido de Rita Maestre ha denunciado que dicho expediente sigue abierto, a la espera de que se resuelva una demanda del propio González Amador contra el Ayuntamiento de Madrid.

“Almeida ha mentido a los madrileños y a todos los medios de comunicación” ha afirmado Maestre en una declaración a los medios en la que ha anunciado que su partido registrará inmediatamente una petición a la Junta de Chamberí para exigir “la sanción correspondiente al señor Alberto Quirón, que puede oscilar entre los 600 y los 30.000 euros”. La portavoz de Más Madrid reclama que el consistorio imponga la multa “como a cualquier otro vecino de madrid porque aquí de lo que se trata es de si la ley y la normativa urbanística es igual para todos o si hay excepciones si te llamas Alberto Quirón o Díaz Ayuso”.

“El expediente sigue abierto, no hay una solución final y por eso repito que Almeida mintió cuando dijo que estaba cerrado”, añadió Maestre antes de anunciar que su formación preguntará en el pleno de febrero por qué fue el alcalde quien “asumió la defensa personal de Alberto Quirón y de Díaz Ayuso”.

Los nuevos documentos sobre los que aún no se tenía constancia tienen que ver con este recurso, adelanta El País: uno data del pasado 19 de julio, en el que la pareja de la presidenta anuncia al Ayuntamiento, a través de la Junta de Chamberí, el establecimiento de la demanda y pide suspender la legalización de sus obras. Otro segundo documento, del 11 de diciembre, certifica haber recibido el anterior escrito por parte del consistorio.

Obras sin licencia municipal

Pese a que las únicas declaraciones del alcalde de Madrid sobre el caso redujeron las irregularidades en el piso de Chamberí a los equipos de climatización, el expediente de las obras al que tuvo acceso Somos Madrid detallaba varias demoliciones de tabiquería sin ninguna licencia.

González Amador tramitó las obras en el inmueble solo unas semanas después de su adquisición, que tuvo lugar en julio de 2022, después de su fraude a Hacienda. El 4 de agosto de ese año pidió permiso para iniciar obras, que fueron rechazadas al día siguiente por un funcionario municipal, y a mediados de octubre reconoció en otro escrito presentado ante el Ayuntamiento de Madrid haber ejecutado trabajos para una reforma integral. Fue entonces cuando la pareja de Ayuso amplió el alcance de los trabajos y elevó su coste: de los 9.816,73 euros que declaró que iban a costar inicialmente a los 94.289,48 euros que acabó fijando como presupuesto, casi diez veces más y que no se corresponde con el coste de instalar solo aires acondicionados. Los trabajos descritos incluían demoler tabiques, suelos, falsos techos, alicatados y todo el mobiliario de la cocina. También la renovación completa de la electricidad, la fontanería y el saneamiento de la propiedad.

Pese a que el Ayuntamiento aseguró que la declaración responsable presentada para validar estos trabajos era “ineficaz”, ningún técnico municipal visitó entonces el inmueble. No obstante, el consistorio recordaba a González Amador que, de haberse producido obras, era obligatorio revertirlas y devolver el inmueble a su situación anterior a ellas. El informe lo validaba la coordinadora general de Chamberí, María Cristina Goncer, a través de una resolución en la que decreta la ineficacia de la declaración responsable. Tanto ella como el concejal de distrito en esa época han acabado lejos de Chamberí después de estos hechos.

Una vez que elDiario.es informó del caso y Más Madrid presentó una petición de inspección, la Junta de Chamberí envió el pasado mes de mayo a su personal para comprobar el estado del inmueble y abrir, en su caso, un expediente disciplinario por las obras sin licencia.