No, el decreto de protección a familias vulnerables no obliga a los propietarios a asumir el coste del alquiler, como aseguró el PP

El decreto social que incluye la moratoria de los desahucios a familias vulnerables no obliga a los propietarios a asumir el coste del alquiler. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había asegurado que el primer decreto ómnibus daba alas a la “inquiokupación” para justificar su voto en contra del texto junto a Vox y Junts, mientras también señalaba que el decreto “no ha beneficiado a nadie”, pese a haber protegido a decenas de miles de personas.

Desde el Partido Popular afirmaron que aunque el proyecto también incluía medidas sociales importantes como la revalorización de las pensiones, no podían respaldar el texto debido a las cláusulas que, en su opinión, beneficiaban a los ocupantes ilegales: “Prorroga una norma que impide a los propietarios recuperar su casa”.

Finalmente, el PP anunció el miércoles que votará a favor de la convalidación del segundo decreto social aprobado el martes por el Gobierno, que salió adelante gracias al acuerdo entre el PSOE y Junts. A pesar de que el nuevo texto incluye la restitución al PNV del palacio de París incautado por la Gestapo y el mismo decreto antidesahucios —unas medidas que, según el partido de Alberto Núñez Feijóo, justificó su rechazo al decreto anterior—, los populares han decidido respaldarlo.

El decreto, que vuelve a estar entre el paquete de medidas pactadas entre Junts y el PSOE, se centra en tratar garantizar la protección de las familias que, debido a su vulnerabilidad económica, no pueden afrontar el pago del alquiler. En ningún caso impone que los propietarios tengan que asumir los costes de esos alquileres impagados, en las medidas contempladas son las comunidades autónomas las responsables de gestionarlo, con recursos económicos provenientes del Fondo Estatal de Vivienda. En otras palabras, ni los arrendadores ni las comunidades autónomas se pueden ver perjudicados por estas medidas.

Vulnerabilidad no es okupación

Es importante subrayar que la situación de vulnerabilidad de un inquilino no debe confundirse con la ocupación ilegal, una narrativa que en ocasiones se utiliza de forma interesada para generar rechazo social. La realidad es que los casos de impago protegidos por el decreto son situaciones legales que se procesan por la vía civil y que cuentan con el respaldo de criterios objetivos, aplicados por los servicios sociales de las comunidades autónomas. Por tanto, hablar de “okupas” en este contexto es incorrecto.

El decreto antidesahucios trata de blindar a estas personas en situación de vulnerabilidad de tal manera que si un inquilino deja de pagar el alquiler por vulnerabilidad económica y Servicios Sociales lo certifica, la comunidad autónoma tiene tres meses para ofrecerle una solución habitacional. Si en ese tiempo no le proporciona alternativa, debe compensar al propietario con el pago del alquiler mientras dure la suspensión del desahucio.

El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha expresado en X su indignación por las declaraciones de Feijóo y ha señalado que la Comunidad de Madrid por “no informar ni gestionar adecuadamente estas ayudas”. Además, ha acusado al PP de usar la desinformación para generar malestar y sacar rédito político, en lugar de abordar la crisis de vivienda.

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado en una entrevista en Telemadrid que “son las administraciones públicas las que deben ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad”, pese a no facilitar el acceso a este fondo de compensación más que por una página web.

El portavoz de Vivienda de Más Madrid en la Asamblea, Jorge Moruno, señala en declaraciones a elDiario.es que, en el caso de la Comunidad de Madrid, el Ejeuctivo de Isabel Díaz Ayuso no ha promocionado las compensaciones económicas disponibles para los arrendadores afectados por esta medida. La Comunidad de Madrid ha optado por no publicitar estas ayudas de forma efectiva, dejando a muchos propietarios en el desconocimiento de sus derechos. Además, Moruno explica que “la falta de un parque público de vivienda suficiente limita la capacidad de ofrecer soluciones habitacionales a las familias en riesgo de exclusión”.

Un informe del Observatori DESCA sobre el impacto de la moratoria antidesahucios entre 2021 y 2023 señala que permitió suspender el 25% de los lanzamientos previstos, aunque el 75% de los desalojos no quedaron cubiertos. Si bien la medida redujo los desahucios, la mayoría de las ayudas ofrecidas por los Servicios Sociales fueron económicas (77%) en lugar de proporcionar alternativas habitacionales efectivas. El informe recomienda fortalecer la intermediación pública, ampliar la cobertura de protección y exigir mayor corresponsabilidad a los grandes tenedores para evitar que miles de familias queden sin hogar.

Finalmente parece que pese al ruido de los últimos días, el decreto de protección a las familias vulnerables va a ser refrendado para un año más, tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts y el apoyo anunciado por el PP.