Pozos escondidos y puertas cerradas a la Guardia Civil: cómo ocultaba la Casa de Alba el robo de agua junto a Doñana

La existencia de los ocho pozos ilegales de la Casa de Alba en su finca de Aljóbar, en término del municipio sevillano de Aznalcázar, se conoció por la denuncia de antiguos trabajadores. De no ser así, la detección de estas infraestructuras sin licencia hubiese sido muy complicada, incluso utilizando imágenes aéreas, al estar ocultas en ubicaciones que dificultaban su localización en esta hacienda a las mismas puertas de Doñana.

Así lo apunta la Guardia Civil en el que fue su primer informe sobre este caso, al que ha tenido acceso este periódico y que dio lugar a que la Fiscalía de Medio Ambiente abriera una causa por un delito ambiental y otro por desobediencia. Este último es porque a los agentes no se les permitió el acceso cuando acudieron una segunda vez a Aljóbar ya para sellar los pozos, encontrándose con las puertas cerradas pese a que la propiedad sabía que los agentes se iban a personar.

Finalmente, estas extracciones sin permiso fueron clausuradas, aunque meses después el juez del caso decidió levantar estas medidas cautelares. Transcurrido medio año, y en una nueva inspección por sorpresa, se descubrió que volvían a funcionar pese a la advertencia de no utilizarlas, lo que el pasado diciembre llevó de nuevo a dejarlas fuera de servicio, esta vez por orden de la la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). La Guardia Civil señala que este bombeo ilegal de agua ha provocado un daño ambiental que cifra en seis millones de euros y que puede ser irreversible.

“Dificultan aún más su ubicación”

En su diligencia, los guardias civiles (que acudieron acompañados por agentes de la Comisaría de Aguas de la CHG) señalan que cinco de los pozos estaban entre naranjos adultos, formando parte de los bancales de cultivo. Otro estaba en una zona en la que antes había cítricos ahora arrancados, y otro más en un montículo limítrofe entre naranjal y tierra calma. “Dichas ubicaciones dificultan aún más su localización in situ y mediante fotografía aérea”, apunta el informe, que detalla que las aberturas estaban a ras de suelo y sin brocal, “desconociendo si es para evitar labores inspectoras u otros motivos técnicos”.

Las infraestructuras sin licencia se localizaron el 17 de mayo de 2023, accediendo los agentes por la finca de la entrada, “cuya cancela se encontraba abierta de par en par”. Una vez dentro, inician la inspección acompañados por el guarda de la explotación, hasta que tres horas después se persona el abogado de Eurotécnica Agraria (la empresa familiar de la Casa de Alba que gestiona estas tierras), que “exige que se realice la inspección con él solo como testigo, a lo cual se accede”.

En esta primera visita, los agentes consignan que el representante de la empresa manifiesta que “la inspección se realiza sin autorización judicial y con la oposición de la propiedad”. Asimismo, subraya que dispone de autorización para riego, “sin que se haya cometido por esta finca ninguna irregularidad ni ilegalidad, como así acreditará ante cualquier instancia”.

Hasta 34 metros de profundidad

Los pozos son descubiertos equipados con bombas y su correspondiente instalación eléctrica y de tuberías para sacar agua, de hecho dos de ellos están en pleno funcionamiento cuando los revisa la Guardia Civil. Todos están “ocultos con malla verde” que tapa la boca, lo que complica su detección. Tienen entre 1,5 y dos metros de diámetro, con una profundidad que en todos los casos supera los 30 metros, 34,6 en el caso del que ha penetrado más en la tierra. La excepción es uno de 26,15 metros pero con un diámetro mucho mayor, 4,65 metros.

Eurotécnica Agraria admite en todo momento la existencia de estas ocho infraestructuras, aunque sostiene que nunca se han usado para sacar más agua de la que tiene permitida por la CHG, que tiene autorizado un punto de extracción para riego, otro para uso doméstico y una balsa de acumulación. Por cierto, los agentes hacen constar que cuando se realizó la primera inspección los pozos ilegales “se encontraban ocultos bajo planchas de cemento y una loneta”, pero que cuando se procedió al precinto la empresa “había retirado esas estructuras y colocado una chapa con acceso a su interior”.

Puertas cerradas

Iniciado el proceso, el 12 de junio de 2023 se comunicó a Eurotécnica Agraria que el día 21 se iba a proceder al precintado de los pozos. Pero cuando Guardia Civil y agentes de la CHG se personan se encuentran la puerta cerrada (la misma que la primera vez estaba abierta de par en par) y “por parte de un representante de la propiedad se denegó el acceso a la finca”, de lo que se levantó acta y dio pie a una denuncia por desobediencia (artículo 550 del Código Penal) que puede castigarse con entre seis meses y un año de prisión.

De hecho, en la diligencia que los guardias civiles hicieron con este incidente se subraya que con esta actitud “se consigue seguir utilizando los recursos hídricos, obteniendo un beneficio ilícito”. Esto es así porque se mantiene “el riego sin control alguno por parte de la administración”. Todo ello, además, en un acuífero en buen estado pero en prealerta de escasez por la sequía.

En su informe inicial, la Guardia Civil señala que la apertura de los pozos ilegales “viene determinada por la urgente necesidad” de llenar la balsa de acumulación, para la que la empresa tiene permiso, “en tiempo y forma suficiente para completar su capacidad” y atender así las necesidades de unos cultivos “en un terreno poroso y cuya necesidad de riego es mucho mayor”. Esto le habría permitido obtener “un beneficio ilícito durante años bastante lucrativo”, lo que no impide que el proceso para regularizar estas extracciones siga adelante pese a ser pillados ya dos veces “despilfarrando” agua, tal y como lo describe la propia Confederación del Guadalquivir.