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El primer ministro francés impone los presupuestos por decreto y tendrá que afrontar otra moción de censura

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El partido de izquierdas Francia Insumisa ha anunciado la presentación de una moción de censura para bloquear la entrada en vigor de dos leyes relativas al presupuesto. Los socialistas han confirmado que se abstendrán en la votación, lo que en principio permitirá a Bayrou salvar su Gobierno

Bayrou corteja a los socialistas sin perder de vista a la derecha para aprobar los presupuestos (y salvar su Gobierno)

El primer ministro francés, François Bayrou, ha anunciado este lunes de forma oficial desde el estrado de la Asamblea Nacional que recurre al artículo 49.3 de la Constitución para aprobar dos leyes presupuestarias. Esta disposición constitucional, que permite al Ejecutivo aprobar un proyecto de ley “bajo su propia responsabilidad”, sin necesidad de votación, se ha convertido en una estampa habitual de la vida parlamentaria francesa. En particular, desde que la coalición presidencial de Emmanuel Macron perdiera la mayoría absoluta en las elecciones legislativas en 2022.

Concebida para evitar el bloqueo de los textos presupuestarios en la Asamblea dando un poder adicional al Ejecutivo, la utilización del 49.3 está limitada a una vez por sesión parlamentaria para los textos no económicos. Pero el primer ministro puede recurrir a ella tantas veces como considere oportuno para aprobar las medidas relacionadas con los presupuestos. En sus dos años, como jefa de Gobierno, Élisabeth Borne lo invocó en 23 ocasiones, incluyendo la polémica reforma de las pensiones que se tramitó como texto presupuestario precisamente para poder activar esta disposición.

El recurso al 49.3 deja una única vía a la oposición para bloquear un proyecto de ley: la presentación de una moción de censura en los días posteriores. Si una mayoría de la Asamblea vota a favor de la censura, supone automáticamente el bloqueo del texto legislativo y obliga al primer ministro a presentar su dimisión y la de su Gobierno.

Hasta 2024, a pesar de no contar con una mayoría absoluta, la coalición presidencial tenía suficiente peso para bloquear las mociones de censura. Pero tras las legislativas del pasado verano, la división de la Asamblea en tres grandes bloques (centro-derecha, izquierda y extrema derecha) ha convertido su utilización en mucho más arriesgada. En diciembre, una moción de censura votada por todos partidos de la izquierda y por la extrema derecha tumbó al Gobierno de Michel Barnier, que acababa de aprobar el primero de los textos presupuestarios utilizando el 49.3.

Previsible abstención de los socialistas

Bayrou confirmó el sábado por la noche que utilizaría esta disposición para adoptar sin votación el proyecto de ley de finanzas para 2025 y el proyecto de ley sobre el presupuesto de la Seguridad Social. “Tenemos que pasar a la adopción sin demora. Un país como el nuestro no puede permanecer sin presupuesto. La única manera de hacerlo es bajo responsabilidad al Gobierno”, declaró Bayrou en una entrevista a La Tribune Dimanche. La semana pasada en comisión, los responsables de todos los diputados de la oposición votaron en contra del texto.

El partido de izquierdas Francia Insumisa (LFI) confirmó en los días anteriores que presentarán una moción de censura para bloquear cualquier intento de aprobación no parlamentaria del texto. Contarán con el apoyo de sus aliados comunistas y ecologistas (126 diputados en total). Pero, para salir adelante la moción necesita alcanzar los 289 votos (de un total de 577, aunque un escaño está vacante). Esto implica que, para que prospere, son necesarios tanto el apoyo de la extrema derecha (140 diputados), como el de, al menos, una parte de los 66 diputados del Partido Socialista (PS). En otras palabras, si una mayoría del bloque socialista no vota a favor, Bayrou conseguirá salvar su Gobierno.

Al igual que Michel Barnier, Bayrou solo cuenta con el apoyo activo de los diputados de centro (164 escaños) y de los conservadores de Los Republicanos (47). Así que, para escapar a una moción de censura, Bayrou ha pasado las últimas semanas negociando con los líderes socialistas, un camino muy diferente al que siguió Michel Barnier, que prefirió centrar sus esfuerzos en dialogar con Marine Le Pen para asegurar una abstención del bloque de extrema derecha.

Esta estrategia fracasó cuando Le Pen y sus aliados hicieron caer a Barnier sumando sus votos a los de todos los partidos de izquierda. Los miembros del partido de Le Pen aún no han anunciado su postura ante la votación de esta semana.

En cuanto a los diputados socialistas, aunque votaron a favor de las dos mociones de censura contra Barnier, en la primera contra François Bayrou la mayoría de ellos optó por la abstención. Y de cara a la de esta semana, la Agencia France-Presse y Public Sénat han desvelado el lunes que la ejecutiva nacional del PS ya ha tomado la decisión de no votar a favor de la censura, desmarcándose de nuevo de sus aliados de la coalición progresista Nuevo Frente Popular. El partido ha confirmado la decisión en un comunicado en el que afirma: “Defendemos haber buscado la negociación para ahorrar a los franceses más dificultades y haber tenido éxito en algunas de nuestras peticiones para evitar lo peor a nuestros conciudadanos más vulnerables”.

Cisma entre la militancia

En una entrevista concedida hace unos días al diario Ouest-France, el presidente del Grupo Socialista en la Asamblea francesa, Boris Vallaud, explicaba que descartan votar los presupuestos y reafirmaba que su partido está “en la oposición”, pero que “la cuestión de la censura es mucho más compleja que eso”.

Una de las últimas concesiones del Ejecutivo a los socialistas fue desvelada este fin de semana por la ministra de Trabajo y Sanidad, Catherine Vautrin en una entrevista al diario Le Parisien. Vautrin anunció que los créditos del fondo de urgencia para los establecimientos de acogida de personas mayores se triplicarían, pasando de 100 a 300 millones de euros.

La medida se añade a otros dispositivos frutos del acuerdo entre Gobierno y PS: el desbloqueo de otros 1.000 millones de euros para los hospitales, el abandono de disposiciones que habrían supuesto menores reembolsos por la compra de medicamentos y procedimientos médicos y la anulación de la supresión de puestos de profesores. Concesiones que los líderes socialistas esgrimen como un mal menor para justificar la abstención.

La decisión agrava la crisis entre los socialistas y sus aliados progresistas, en particular Francia Insumisa. Los propios diputados socialistas reconocen que se trata de un tema que divide en el interior del partido y también a los votantes.

“Hay un cisma bastante claro entre militantes urbanos y una gran masa de votantes que nos pide que nos dejemos de tonterías y nos sentemos a la mesa [a negociar]”, resumió el domingo en X el diputado del PS por Eure, Philippe Brun, en respuesta a un tuit del diputado NFP François Ruffin, que acusó a los socialistas de haber “perdido el rumbo”.

Presupuestos similares a los de Barnier

Aunque los presupuestos presentados por el actual Ejecutivo han evolucionado ligeramente en algunos puntos, en realidad sus líneas generales son similares al de los textos presentados por Barnier en diciembre, que sirvieron de punto de partida.

El objetivo principal es reducir el déficit público del 6% al 5,4% del Producto Interior Bruto (PIB) en el próximo año. Para ello se apuesta por una combinación de aumento de la fiscalidad a las grandes empresas y las rentas más altas, junto con numerosos recortes en el gasto público.

Muchas de las medidas ya se habían anunciado en otoño, como el aumento “temporal” del impuesto de la renta a los hogares más ricos (con el que se espera recaudar 2.000 millones de euros) y una “contribución excepcional” limitada a un año sobre los beneficios de las grandes empresas. Esta medida ha sido muy criticada por el director general de LVMH, Bernard Arnault y tampoco ha gustado a Emmanuel Macron ni a los miembros de su partido.




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