El Congreso tramita la petición de Junts para que Sánchez se someta a una cuestión de confianza tras el pacto con el PSOE

Sin sorpresas, la Mesa del Congreso de los Diputados ha aceptado este martes tramitar la proposición no de ley con la que Junts busca forzar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que se someta a una cuestión de confianza. La decisión se da después de que la semana pasada Junts aceptase introducir algunos cambios, en línea con las sugerencias de los servicios jurídicos de la cámara, para que en el texto quedase claro que este tipo de moción es una prerrogativa exclusiva del jefe del Ejecutivo. Sánchez, si todo va según lo previsto, optará por no activar este mecanismo legislativo.

Según los plazos que maneja el Congreso, Junts tiene cupo para presentar iniciativas de este tipo a finales de febrero o a principios de marzo. Será entonces cuando el Pleno debata si insta al Gobierno a “considerar la oportunidad” de plantear la medida “conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución” y aclara que de aprobarse no tendría “vinculación jurídica”, tal y como figura en el texto que los independentistas catalanes registraron la semana pasada, con las modificaciones pactadas con el Gobierno.

El registro de esta PNL en diciembre fue un gesto de Puigdemont para aumentar la presión contra Sánchez, a la vista de que las negociaciones que mantiene con Moncloa están atascadas en algunos aspectos. La relación entre ambos socios parece haberse encauzado en los últimos días. Hace justo una semana, los independentistas catalanes aceptaron en un intercambio sobre la hora apoyar un nuevo decreto del Gobierno con las medidas del denominado escudo social. A cambio, el Ejecutivo se comprometió a tramitar la iniciativa de Junts en el Congreso, pero no tal cual estaba redactada sino con algunos cambios importantes.

Aquella proposición no de ley estaba redactada de la siguiente forma: “El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno español a plantear una cuestión de confianza”. Tanto los letrados como varios de los socios del Gobierno y también el propio Partido Socialista habían planteado problemas para tramitar una iniciativa de este tipo toda vez que la Constitución establece que una cuestión de confianza es una prerrogativa exclusiva del presidente del Gobierno.

Así lo reconocía la modificación que registró la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, el pasado miércoles. “El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a considerar la oportunidad de plantear una cuestión de confianza, conforme a la prerrogativa que le confiere la Constitución, atendiendo al carácter político, sin vinculación jurídica, de esta iniciativa”, dice la nueva proposición de ley.

No obstante, por las palabras que empleó el propio Sánchez cuando anunció el acuerdo con Junts para el decreto, el presidente no ve necesidad de activar este mecanismo legislativo. La votación de la proposición no de ley, incluso si sale adelante, no es vinculante jurídicamente. Este tipo de iniciativas están pensada para que el Congreso marque posición sobre asuntos variopintos, a proposición de los grupos. Si el Gobierno mantiene la confianza de sus aliados lo marcará, en realidad, si es capaz de convencerlos para sacar adelante las principales leyes de su agenda, incluidos los Presupuestos Generales del Estado.

El Congreso votará el escudo social la semana que viene

El Pleno de la semana incluirá en el orden del día el decreto con la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y el resto de medidas del escudo social que el Gobierno aprobó la semana pasada como parte del pacto con Junts. Con los siete diputados catalanes comprometidos con el apoyo a ese paquete, la medida saldrá adelante con el voto del bloque de investidura y con el 'sí' del PP.

El Gobierno cerrará así la crisis que abrió hace dos semanas su derrota parlamentaria precisamente cuando buscaba aprobar el primer decreto con el escudo social. El PP y Junts esgrimieron diferentes argumentos para votar en contra de aquel texto que una semana más tarde carecían de importancia.

Los independentistas catalanes lograron que el Gobierno quitara del decreto algunos elementos económicos pero no el grueso de las medidas que inicialmente les molestaban. Lo que sí acordaron es la tramitación de la PNL al margen. El partido de Alberto Núñez Feijóo ya no pondrá objeciones a la devolución del palacete en París al PNV o al resto de medias sociales por las que supuestamente votó en contra la semana anterior.