Acabar con la piratería inmobiliaria: hacer cumplir la ley

En Catalunya, desde el 16 de marzo de 2024, tenemos un tope en los precios del alquiler en 271 municipios donde la vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable. Estos municipios, en los que vive casi el 90% de la población catalana, tienen una norma clara: los grandes tenedores (propietarios con cinco o más viviendas) no pueden cobrar más de lo que marca el índice de referencia del Ministerio de Vivienda. El resto de propietarios deben mantener el precio del contrato anterior o el del índice, dependiendo de cuál sea más bajo.

No es ningún capricho. Esta regulación era una necesidad urgente, fruto de la presión del movimiento por el derecho la vivienda y del impulso de fuerzas políticas como los Comuns, que llevamos años reclamándolo. Pero llega tarde, muy tarde.

Los precios del alquiler han subido un 68,3% en solo una década, mientras que los salarios han aumentado apenas un 2,9%, según Fotocasa e Infojobs. Y no es que una inmobiliaria del tamaño de Fotocasa tenga precisamente interés en exagerar estos datos.

Además, el Banco de España alerta que la mitad de los inquilinos destinan más del 40% de sus ingresos a pagar su vivienda. Con este panorama, intervenir en el mercado del alquiler no era una opción: era una obligación.

Desde que se puso en marcha la regulación, el alquiler medio ha bajado un 0,9% en los municipios donde se aplica, mientras que en el resto ha subido un 6,1%. Es una bajada pequeña, sí, pero constante. Ahora bien, el precio medio sigue rondando los 845 euros (según el INCASÒL), mientras que el salario mínimo es de 1.134 euros. No hace falta ser economista para ver que algo no encaja aquí.

La regulación del alquiler ha tenido grietas desde el primer día. Y quienes viven de la especulación las han aprovechado. Algunos han buscado maneras de saltarse la norma: hacer contratos de temporada fraudulentos, fijar precios por encima de lo permitido o cargar gastos de gestión al inquilino, a pesar de estar prohibido. ¿El resultado? Una ley que sobre el papel era efectiva, pero que en la práctica ha tenido demasiados agujeros.

Y esto no es casualidad. Cuando se aprobó la Ley de Vivienda 12/2023, que permite a las comunidades autónomas regular los alquileres, el Partido Socialista se negó a incluir un régimen sancionador. También se dejó fuera la regulación de los contratos de temporada y de habitaciones, sabiendo perfectamente que esto abriría una autopista al fraude. No era ninguna sorpresa: cuando en Catalunya se aplicó una ley similar en 2020, estos trucos ya se usaron para esquivarla. A pesar de las advertencias de los Comuns y de los colectivos por el derecho a la vivienda, el PSOE no quiso ir más allá.

Aquí es donde entra en juego el acuerdo alcanzado esta semana entre el Govern de la Generalitat y los Comuns. Se ha aprobado un decreto que establece un régimen sancionador para que la contención de rentas no quede en papel mojado. A partir de ahora, en Catalunya, saltarse la ley de vivienda saldrá caro.

Este nuevo decreto introduce una serie de medidas para garantizar la transparencia en el mercado del alquiler. A partir de ahora, los anuncios y contratos deberán incluir obligatoriamente el precio del índice de referencia o el precio del contrato anterior, según corresponda. También será necesario indicar si el propietario es un gran tenedor y especificar cuál es la finalidad del alquiler. No cumplir con estas obligaciones será sancionable, con multas que pueden ir desde 9.000 hasta 900.000 euros, según la gravedad de la infracción.

El decreto también establece sanciones económicas contundentes para los piratas inmobiliarios. Alquilar por encima del 30% del límite legal podrá conllevar multas de entre 90.000 y 900.000 euros. Lo mismo ocurrirá con aquellos que trasladen a los inquilinos gastos de gestión que, según la ley, deben asumir los propietarios.

Una de las prácticas más comunes para esquivar la regulación ha sido el uso fraudulento de los contratos de temporada, desalojando a los inquilinos cada pocos meses para poder subir el precio. Con este nuevo régimen sancionador, estas prácticas también podrán ser castigadas con sanciones de hasta 900.000 euros. Además, la Agencia Catalana de Consumo tendrá competencias para sancionar a las inmobiliarias que faciliten o fomenten este tipo de prácticas abusivas.

Las sanciones serán acumulativas en caso de que se detecten varias infracciones en un mismo anuncio o contrato. Esto significa que un especulador o inmobiliaria que incumpla varios aspectos de la normativa podrá recibir una sanción aún más elevada.

Este decreto no tiene como objetivo perseguir ni criminalizar a nadie, pero sí acabar con la piratería inmobiliaria. Quien cumpla la ley no tiene nada que temer. Pero lo que no puede ser es que algunos se hagan ricos saltándose las normas mientras el resto sufre para llegar a fin de mes. Los precios que fija el índice de referencia son suficientes para que cualquier propietario haga negocio sin necesidad de robar a los inquilinos. Porque la vivienda no debe ser un terreno para el abuso.

El objetivo de este régimen sancionador es claro: garantizar que cobrar más de lo permitido por un alquiler no sea un negocio, que hacer contratos de temporada en cadena para cobrar más sea inviable y que saltarse la ley no salga rentable. La lógica es exactamente la misma que con las multas de tráfico: quien se salta las normas, paga.

Esto no va solo de números: va de vidas. Va de personas que tienen que marcharse de su barrio porque ya no pueden pagar el piso. De familias que viven con el miedo en el cuerpo cada vez que se les acaba el contrato. De jóvenes que no pueden emanciparse hasta los 40 años porque el precio del alquiler es un escándalo. Este régimen sancionador es un paso adelante para garantizar una vivienda digna y acabar con la angustia de miles de personas que solo quieren vivir en paz.

El nuevo régimen sancionador es un paso para frenar esta realidad y garantizar que tener un hogar digno deje de ser una lucha constante. Ahora tenemos una herramienta para plantar cara a los especuladores y poner la vivienda en el centro de las políticas públicas. Junto con la lucha de las organizaciones sociales y otras medidas anti-especulación, como la reserva del 30% para vivienda protegida en grandes rehabilitaciones y construcciones de vivienda nueva, esto debe servir para evitar que los especuladores expulsen de sus hogares a los vecinos y vecinas, como ha estado a punto de pasar en la Casa Orsola. Y esto es solo el principio.