La Guardia Civil certifica que García Ortiz no habló con periodistas la noche de la filtración del correo de la pareja de Ayuso

Los investigadores de la Guardia Civil explican en un informe que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no habló con periodistas ni con nadie ajeno a la Fiscalía en la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se filtró el correo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Los agentes de la Unidad Central Operativa han constatado que en esas horas solo un periodista intentó contactar con él sin que García Ortiz descolgara el teléfono al estar hablando, en ese momento de crisis informativa, con la fiscal provincial de Madrid. El informe que ya está en manos del juez también afirma que el fiscal general borró sus mensajes de WhatsApp el mismo día de octubre en que el Supremo abrió la causa contra él, una semana antes de cambiar de teléfono.

“En ninguno de los casos es posible la recuperación de información en fechas anteriores al 16 de octubre de 2024”, dice un informe policial aportado a la causa. El primer mensaje disponible es de ese día a las tres de la tarde. Ese día, explica la unidad de Cibercrimen de la Guardia Civil, García Ortiz provocó “un borrado permanente de los mensajes existentes en todas las conversaciones”.

Los agentes analizaron, a petición del juez, el tráfico de llamadas del teléfono de Álvaro García Ortiz después de que las compañías telefónicas aportaran los datos. Entre los días 8 y 14 de marzo, en los que el Supremo investiga cualquier filtración de datos a la prensa del fraude fiscal de Alberto González Amador, el fiscal general solo habló con trabajadores de la Fiscalía salvo dos excepciones: un teléfono correspondiente al grupo editor de La Razón, con el que habló menos de un minuto el día ocho de marzo, y la llamada no respondida de un periodista en la noche del 13 de marzo.

“No existe ninguna llamada, ni intento de comunicación con este terminal, a excepción de esta, fuera del ámbito de la Fiscalía durante toda la tarde/noche en la que se desarrollan estos acontecimientos”, explica el informe de la Guardia Civil. Esa llamada fallida de un periodista de la Cadena SER en la noche del 13 de marzo se produce a las 21.38 de la noche: nueve minutos después de que El Mundo publicara su noticia y 20 minutos antes de que el fiscal general recibiera los correos en su propio email personal. En plena crisis informativa y mientras la cúpula de la Fiscalía intentaba que el fiscal del caso, que estaba en un partido de fútbol, remitiera urgentemente toda la documentación.

Los agentes explican que tampoco han podido encontrar mensajes de WhatsApp anteriores al 16 de octubre de 2024, la fecha en que se abrieron las diligencias en el Supremo. Ese día se borraron los mensajes del teléfono “hasta en dos ocasiones”. También ha desaparecido la cuenta de Gmail personal de García Ortiz. Tal y como afirmó un informe anterior de la UCO, García Ortiz cambió de teléfono una semana antes de los registros y una semana después, por tanto, de la apertura de la causa contra él. En su declaración, el fiscal general defendió que el borrado y cambio de terminal responde a protocolos de seguridad y protección de datos.

Los mensajes borrados

El juez Hurtado envió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a registrar los despachos del fiscal general y la fiscal provincial de Madrid el pasado mes de octubre, primera diligencia que tenía por objetivo intervenir sus teléfonos y cualquier mensaje o correo electrónico relacionado con el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En el caso de la fiscal provincial, Pilar Rodríguez, los agentes recopilaron suficientes comunicaciones para elaborar el informe clave del caso, pero en el teléfono del fiscal general descubrieron que no había ningún tipo de mensaje.

El instructor puso entonces en marcha una batería de diligencias destinadas a descubrir si en esos días de marzo de 2024 el fiscal general había mantenido comunicaciones relacionadas con el caso y participado, de alguna manera, en la filtración del correo con la confesión de Alberto González Amador. Una de ellas, además de intentar recuperar los mensajes borrados tras cambiar de teléfono con la causa ya en marcha, era pedir a las empresa telefónicas la relación de llamadas.

El fiscal general, en su comparecencia ante el juez, negó haber participado en cualquier tipo de filtración sobre la causa de González Amador e, incluso, especificó que él todavía estaba examinando el material cuando en la noche del 13 de marzo algunos medios empezaron a publicar que el empresario había ofrecido un pacto a la Fiscalía. El análisis de la UCO de sus llamadas demuestran que entre el 8 y el 14 de marzo solo un periodista, de la Cadena SER, llamó y sin conseguir establecer contacto con el fiscal general.

El juez Hurtado, además, ha llamado a declarar como testigo a Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid. Esta institución fue la primera en abrir la vía penal en marzo del año pasado por el comunicado en el que la Fiscalía informaba sobre el caso de fraude fiscal de González Amador. Ribón mantuvo una reunión con Pilar Rodríguez, fiscal povincial de Madrid, poco después de la emisión de ese comunicado para trasladar el malestar por su contenido, incluyendo detalles de las negociaciones que mantuvo el abogado del empresario con el fiscal Julián Salto.

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado están pendientes de que este martes los tres magistrados de la Sala de Apelaciones resuelvan sus recursos contra la diligencia clave del caso: los registros del pasado mes de octubre donde se incautaron los teléfonos y mensajes tanto del fiscal general como de la fiscal superior de Madrid.