El Gobierno regularizará a 25.000 migrantes sin papeles afectados por la DANA

El Gobierno regularizará la situación de unos 25.000 migrantes sin papeles que se vieron afectados por la DANA que el pasado 29 de octubre dejó 227 fallecidos en la provincia de Valencia.

El Consejo de Ministros de este martes tiene previsto conceder autorizaciones de residencia y trabajo de un año de duración a las víctimas de la riada en situación irregular y a sus familias, tal y como se hizo con los afectados del 11M con José María Aznar como presidente, según ha avanzado El País y han confirmado a elDiario.es fuentes oficiales del Gobierno. Uno de los requisitos exigidos por el Ejecutivo será contar con un certificado de empadronamiento, algo que las organizaciones especializadas en migraciones ven como un obstáculo que podrá dejar fuera a migrantes sin papeles afectados por la DANA ante las trabas con las que suelen encontrarse para cumplir con este trámite.

Esta es una de las medidas que se incluirán en un paquete de nuevas acciones del ejecutivo que preside Pedro Sánchez con las que también se facilitarán las prórrogas y la concesión de permisos de los inmigrantes que vivían o trabajaban en las zonas devastadas de forma que puedan acceder a las diferentes líneas de ayudas. El conjunto de las medidas tendrá un impacto mucho mayor y que, potencialmente, puede facilitar trámites a los 98.000 extranjeros no comunitarios ya empadronados en la zona.

El proceso que llevaba semanas en estudio se ha desbloqueado gracias a la presión de los sindicatos, el dictamen favorable de la Abogacía del Estado y la visita de Sánchez a Valencia el pasado 23 de enero.

La fórmula jurídica con la que se regularizará a las personas sin papeles es una autorización de residencia “por circunstancias excepcionales sobrevenidas” que podrán solicitar aquellos extranjeros empadronados (o con cita para hacerlo) en alguno de los municipios afectados desde el 28 de octubre, según concreta El País. También podrán optar a ese permiso los cónyuges, hijos menores de edad del solicitante o de su pareja o hijos adultos con alguna discapacidad que limite su autonomía. En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la DANA esta autorización tendrá una vigencia de cinco años.

Oxfam Intermón calcula que entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación irregular fueron afectadas por la DANA y no pueden optar a las ayudas estatales, lo que las empuja a una situación de extrema vulnerabilidad. La ONG ha valorado positivamente la decisión del Gobierno de “activar un paquete de medidas para dar respuesta a la situación de miles de personas migrantes que residen en los municipios afectados por la DANA”. No obstante, advierte de que el requisito del empadronamiento puede dejar a cientos de personas excluidas debido a las difícultades que encuentran los migrantes para realizar dicho trámite. “Es muy posible que vecinas y vecinos migrados residentes en esos municipios cuando les impactó la DANA no estuvieran empadronados. Es necesario flexibilizar ese requisito administrativo para que no sea la única forma de demostrar que residían o trabajaban allí y que han sido afectadas”, explica Raquel Checa, responsable del programa Desigualdad Cero de la ONG.

Como informó elDiario.es, algunos migrantes sin regularizar que han sufrido la DANA han intentado hasta ahora rehuir cualquier trámite con las administraciones porque sienten temor sobre su futuro, tal y como denunció Médicos del Mundo. “Tienen miedo a ser deportadas porque ven que hay un despliegue policial muy relevante; son los vecinos los que les llevan alimentos y agua, una realidad que siempre les ha pasado, pero que ahora se ve agravada por la DANA”, dijo su presidenta, Andrea Sixto.