El portavoz de la asociación de afectados de la DANA: "Es necesario saber por qué no se avisó a la población"

Christian Lesaec (Villepinte, Francia, 1969) es portavoz de la Asociación de Damnificados Horta Sud València, nacida al calor de la tragedia de la DANA del pasado 29 de octubre. La entidad ha denunciado tanto al equipo de Emergencias de la Generalitat Valenciana, incluyendo a la exconsellera Salomé Pradas, como al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, por los presuntos delitos de homicidio, lesiones y daños imprudentes, prevaricación omisiva y omisión del deber del socorro. Este lunes, la entidad ha informado de que su denuncia se acumulará a las diligencias abiertas por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. Lesaec valora como una “buena noticia” la decisión de la jueza y asegura: “Confiamos plenamente en los tribunales”.

¿Por qué decidieron denunciar la gestión de la DANA ante los tribunales?

Decidimos acudir a la justicia por dos razones. Uno de los objetivos de la asociación es dirimir responsabilidades. Y, después, porque la sensación que hemos tenido es que las administraciones no han dado la talla. Entonces acudes al Poder Judicial esperando que este sí que te dé una respuesta. 

¿Por qué cree que la cronología de los acontecimientos es tan importante en el caso de la barrancada del pasado 29 de octubre?

La cronología es muy importante. Cómo acontecieron los hechos es lo que nos va a dar la respuesta de cómo se gestionó como se gestionó. La Aemet vino avisando que se iba a producir una DANA con dos o tres días de antelación y, a medida que el 29 de octubre se va acercando, las previsiones de la Aemet iban siendo más certeras e iban elevando el nivel de alerta. De forma que a las 7.40, si no recuerdo mal, el nivel de emergencia de alerta de la Aemet era nivel rojo. En ese nivel quiere decir que barrancos se pueden desbordar y hay riesgo para la vida. Ese nivel, que en principio estaba para el interior de València, durante la mañana se elevó al litoral de València. 

Y después, en esa misma cronología, interesa ver cómo fue el seguimiento de la red hidrográfica de la Comunitat Valenciana, en particular el barranco del Poyo, así como el río Júcar y el río Algemesí, donde vemos que hay algunas incongruencias o algunas situaciones que no terminamos de entender. La cronología de todo eso es necesaria para saber por qué, a pesar de todas las alarmas de todos los recursos que tenían, no se avisó a la población. Si había planes anteriores que hablaban de la posibilidad de que se desbordara el barranco del Poyo o el río Magro, y teniendo una alerta roja, no tenemos claro por qué no se avisó. 

No entendemos cómo funcionó todo ni qué ocurrió ese día

¿Qué sospechas tienen?

No sabemos exactamente qué ocurrió. Pensamos, pero no lo tenemos claro porque es nuestra opinión, que se le puso más atención al río Magro, que está más monitorizado, más que los barrancos. Y que, al estar más pendiente del río Magro y de la presa de Forata, que parece que sí que abrió compuertas, pues se les escapó el barranco del Poyo. Pero no lo sabemos porque no nos cabe en la cabeza que en una situación de emergencia no estuviera el Cecopi midiendo la pluviometría, midiendo el nivel de agua que llevaba todos los barrancos. Si la Aemet dice que el riesgo era en el interior y en la costa, no entendemos por qué no se monitorizó. O si se hizo, por qué no se avisó. No entendemos cómo funcionó todo. Qué ocurrió ese día. 

¿Por qué creen que la alerta llegó tan tarde?

La alerta llegó tarde porque entendemos que en el Cecopi no estuvieron a la altura, pero no sabemos si es porque no querían tomar decisiones hasta que no llegara el presidente Mazón, o las personas que estaban allí no eran capaces de tomar decisiones, cuando es su obligación. No entendemos por qué durante la mañana todo el mundo, incluido el presidente, mantiene su agenda cuando la Aemet da la alerta de inundaciones desde esa misma mañana y cuando a las 11.00, Utiel se está desbordando, y a las 12.00 es Chiva, que está a 30 kilómetros de València. No entendemos por qué la alerta se da tan tarde, y se da pensando en el río Magro, no en el barranco del Poyo.

¿Qué opina de las acusaciones de la Generalitat sobre la actuación de la Confederación Hidrográfica del Júcar?

Las acusaciones entre la Generalitat y el Gobierno español, nos da la sensación de que las administraciones siguen a lo suyo, en sus peleas políticas y, en vez de intentar combinarse para ayudar a los afectados, sigue siendo su prioridad el rédito político, el echar la culpa al otro y que esto no se traduzca en pérdidas de votos.

Ante un juez, las respuestas de los responsables serán más certeras

¿Confía en que la instrucción clarifique las responsabilidades? 

Entendemos que la instrucción ayudará a clarificar los datos y todo lo que pasó. Porque vosotros, periodistas, si preguntáis a los distintos responsables, contestan con evasivas, pero ante un juez, sus respuestas serán más certeras. 

Más de tres meses después de la DANA, ¿qué sensación tienen en su asociación respecto a la fase de reconstrucción?

A pesar de que han pasado tres meses, los afectados en general seguimos teniendo un poco la sensación de que las administraciones no están al nivel. De hecho, el principal problema que están teniendo muchos asociados es el de los restos de los coches. Son varios los consistorios municipales que están desguazando los coches sin informar ni notificar ni hacer la documentación necesaria de los afectados. Y son muchos los que me están viniendo diciendo que se les han llevado el coche, que la propia policía y el ayuntamiento reconocen que no saben dónde está, con lo cual estamos preparando, en principio, aún no lo tenemos del todo seguro, una denuncia colectiva contra todos los ayuntamientos que están actuando así. Evidentemente, seguimos teniendo la sensación de que las administraciones están fallando. 

¿Cómo nació la asociación?

La asociación nació debido a la situación en la que los vecinos y vecinas de un barrio de Alfafar que se llama Alfalares y Alfafar Nature. Son barrios que están constituidos con adosadas. Son viviendas bajas y, tanto en la riada como en los días siguientes, los vecinos intentaron limpiar y despejar sus casas. Y esperábamos ayuda que no llegó. Llegaron amigos, familiares, con víveres, herramientas y comunicaban al resto de vecinos. Las calles se empezaron a conectar por grupos de WhatsApp entre ellas. Y entonces pensaron que por qué no se organizaban y se conectaban todas bajo el paraguas de una asociación para intentar pedir al ayuntamiento que interviniera más rápidamente. Porque el ayuntamiento estaba totalmente desaparecido.

Otro problema que surgió es que el barrio de Alfalares, que está pegado al instituto, recibió un impacto muy grande que se llevó terrazas y puertas. Y los vecinos no tenían con qué cerrar sus puertas en una situación en la que, cuando caía la noche, había sensación de inseguridad y se produjeron saqueos porque tampoco había policía. 

Para los vecinos la prioridad era comprar una puerta blindada de cualquier forma. Una empresa ofreció puertas blindadas y después descubrimos, cuando las estaban montando, que las puertas no tenían las calidades ofertadas, que no eran blindadas y que los que las estaban montando tampoco sabían cómo montarlas. Era una sensación de tomadura de pelo. 

Esto no puede quedar impune

Ante eso, se nos ocurrió crear una red de profesionales, que a ser posible fueran personas afectadas también, profesionales que nos pudieran ayudar. Y empezamos a buscar albañiles, fontaneros, escayolistas, electricistas, pintores. Todo tipo de profesiones que sabíamos que íbamos a necesitar los afectados.  

Este fue el segundo objetivo de la asociación. Y el tercero, evidentemente, era que esto no puede quedar impune y, cuando se pudiera, pedir responsabilidades a todos los que hayan gestionado de forma tan nefasta esta riada que hemos sufrido. 

¿Cuántos miembros conforman la asociación?

Somos 380 asociados, principalmente de Alfafar, Massanassa, Catarroja, Paiporta, pero también hay gente de Picanya, de Benetússer, de Albal, de La Torre, de Algemesí, de Riba-roja de Túria o de Aldaya. De casi toda l'Horta Sud. También hay una persona de Cheste cuya hija falleció. 

Y luego tenemos socios honorarios, que son personas que quieren ayudar y que participan con la cuota, tienen un estatus diferente. Hay gente incluso en el extranjero. Hay uno en Alemania, en Milán, en Estados Unidos. Gente que son valencianos y que se han sentido afectados por lo que ha sucedido en su tierra. El socio de Alemania organizó un festival de música para recaudar fondos