Qué cambia con la reforma de la ley de dependencia y discapacidad aprobada por el Gobierno

Primero fue el plan de choque, después la estrategia para promover la permanencia en casa con buenos recursos públicos frente a las residencias y ahora la ley. El Gobierno ha dado este martes el primer paso para reformar las normas de dependencia y discapacidad con la aprobación de un anteproyecto de ley que modifica ambos textos de una sola vez. Los cambios, que necesitan someterse ahora a un buen número de trámites hasta su votación en el Congreso de los Diputados, afectan a un gran número de personas. Solo en el último año han ingresado en el sistema de protección casi 80.000 usuarios y el número de personas con algún grado de dependencia reconocido en España ya sobrepasa el millón y medio.

“Esta reforma acaba con los recortes del Partido Popular –que alcanzaron los 5.000 millones de euros durante la crisis–, blinda el sistema de la dependencia y refuerza un modelo de cuidados que fortalece el estado del bienestar”, ha resumido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Ministerio reconoce que “las noticias que aparecen sobre dependencia son negativas” y que “queda mucho trabajo por hacer” pero defienden la urgencia de la reforma para alinear, dos décadas después, la legislación al nuevo artículo 49 de la Constitución, modificado con consenso parlamentario hace un año, y para seguir desplegando “un modelo de cuidados basado en la comunidad y que fomente la autonomía” de las personas en un país que se está transformando: cada vez más envejecido, con familias más reducidas y muchas personas que viven solas. “Ahora hay usuarios que pueden estar más de una década en el sistema y en 2006 apenas permanecían dos o tres años”, apuntan desde del departamento.

Bustinduy ha subrayado ante los periodistas que se está haciendo un “enorme esfuerzo presupuestario” para sostener el sistema con 3.411 millones de euros de aportación del Estado en 2024, “un 150% más que en 2018” y “213 millones más” que el año anterior pese a la prórroga de los presupuestos. “Mejoramos el sistema y mejoramos la financiación”, ha agregado.

No obstante, en el departamento admiten también que la reforma no solucionará a corto plazo los problemas de infrafinanciación. Las listas y los tiempos de espera han mejorado en los últimos tres años tras las inyecciones económicas del Gobierno a coalición, pero está lejos de atender a tiempo todas las situaciones.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que publican año a año una fotografía de la situación de la dependencia, es crítica con la reforma porque, consideran, “todavía se está muy lejos de garantizar los derechos que reconoce la actual norma” como para proponer nuevos sin más presupuesto. El Ministerio de Derechos Sociales se comprometió a seguir aumentando la financiación del Estado para llegar hasta los 4.000 millones de euros al final de la legislatura pero la falta de presupuestos ha dejado en suspenso esta intención.

Estas son las medidas que se proponen en el texto que ha pasado su primer trámite este martes:

Fin a los últimos recortes del PP

Una década después, el sistema de atención a la dependencia arrastra medidas que se tomaron tras la crisis económica de 2008. Esta reforma pretende poner fin a las dos últimas: la incompatibilidad entre prestaciones y el periodo de carencia de dos años en la prestación económica por cuidado familiar.

En el caso de la primera, aunque algunas comunidades ya lo habían derogado, la ley ampara que un mismo usuario no puede tener acceso a dos apoyos (por ejemplo, un centro de día por las mañanas y ayuda a domicilio por las tardes). Si el texto termina aprobándose podrán compatibilizarse varias prestaciones. En cuanto a la prestación económica, la administración puede demorarse hasta dos años en ingresar a la persona usuaria la cuantía mensual para sufragar sus cuidados en casa sin que después se pague lo adeudado por el retraso de manera retroactiva.

¿Qué servicios se amplían?

La ayuda a domicilio se extiende fuera del hogar. La prestación, centrada hasta ahora en el cuidado personal y en actividades domésticas en el día a día, también cubrirá, según el nuevo texto, otras cuestiones cotidianas como ir al médico o a la compra.

La prestación por cuidado en casa se amplía del “entorno familiar” al “relacional”. El objetivo es equiparar a un amigo o amiga como si fuese un familiar con algún grado de cosanguineidad, aunque el titular de la prestación siempre es el usuario. Las personas dependientes no solo viven con sus parejas, progenitores o descendientes y el texto pretende responder a estas “nuevas situaciones de convivencia” y a la realidad de quienes viven solos. Esto queda sujeto a que “se cumplan condiciones adecuadas de convivencia y habitabilidad”.

La asistencia personal no solo es para educación o empleo. La ley actual restringe este recurso, pensado para promocionar la vida independente con cuidados personalizado ajustados a las preferencias de la persona, al apoyo si la persona dependiente está estudiando o trabaja. Con la reforma se reconoce como un servicio, y un primer paso para que se extienda a muchas más personas.

¿Qué servicio se añaden?

Un nuevo servicio para prestar sillas de ruedas, camas o grúas. Esta medida implica la creación de un banco público para evitar que las personas que lo necesitan tengan que invertir en elementos que les ayuden a permanecer en su casa.

Más allá de la casa o la residencia, viviendas colectivas. Los cuidados actualmente solo se pueden prestar en el domicilio o en centros residencias. Con la reforma, el Gobierno pretende agregar, entre las opciones, las viviendas con apoyos: o bien donde conviven pocas personas con cuidados integrales o dentro de equipamientos colectivos con servicios compartidos, como el cohousing.

Cada una de las comunidades tiene que incorporar estas novedades a su catálogo de servicios bajo la obligación de que no es la administración la que decide (se elimina expresamente de la ley), sino la persona. El Ministerio de Sanidad asegura que algunos territorios ya los tienen incluidos. “La ley establece condiciones mínimas y básicas, y todo lo que se plantea es de obligatorio cumplimiento”, aclaran desde Derechos Sociales teniendo en cuenta que son las comunidades autónomas las que tienen las competencias para prestar los servicios y las que los confinancian junto al Estado.

Trámites más ágiles

Uno de los graves problemas del sistema son los tiempos de espera. La media desde que se pide la valoración del grado de dependencia hasta que la persona tiene acceso a cualquier prestación es de 334 días. O sea, cerca de un año. Aunque la demora se ha acortado en más de 100 días desde 2020, una vez se empezó a implementar el plan de choque, los tiempos siguen obligando a contratar recursos privados e incluso hay personas que fallecen sin haber tenido acceso a su prestación.

Una pasarela entre dependencia y discapacidad. La reforma de la ley general de derechos de las personas con discapacidad concederá de manera automática una discapacidad del 33% a todas las personas con una situación de dependencia reconocida para reducir la burocracia.

No habrá que ponerse al final de la lista para revisar el grado de dependencia. Se agilizará el procedimiento para revisar el Programa de Atención Individual para que los apoyos se ajusten, de la manera más rápida posible, a la persona.

Un procedimiento de urgencia para algunas situaciones de especial vulnerabilidad. “Factores como demencias, aislamiento social, violencia de género o precariedad económica permitirán reordenar el tratamiento de los expedientes”, avanza el Ministerio.

Más derechos reconocidos

La accesibilidad se reconoce como derecho. Hasta la reforma de la ley era un “principio inspirador” pero no un derecho reconocido, según Derechos Sociales.

La teleasistencia también se contempla, por primera vez, como derecho fundamental para todas las personas con dependencia que viven en sus domicilios.

Las obras para poner un ascensor serán obligatorias. El Ministerio de Derechos Sociales cambia, a través de este texto, la ley de propiedad horizontal para que las actuaciones para asegurar la accesibilidad tengan carácter obligatorio. La ley habilita a los vecinos que solicitan la intervención a “acudir a la justicia para obligar a la realización de las obras en las condiciones previstas por la ley”. En España hay 100.000 personas encerradas en sus casas porque los bloques tienen problemas de accesibilidad, según ha calculado el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Atención libre de sujeciones. Este derecho, ya reconocido en un acuerdo previo, pasa a formar parte de la ley y limita el uso de sujeciones a “situaciones excepcionales de peligro inminente para la vida” siempre que se apliquen de manera proporcional, durante el tiempo “estrictamente necesario” y tras “haber agotado las medidas alternativas”. Para llevarse a cabo tendrá que respaldarse en un “procedimiento documentado con prescripción médica específica, supervisión técnica y el consentimiento informado” de la persona afectada.

No discriminación en la contratación de seguros. Fuentes del Ministerio aseguran que a las personas con discapacidad se les imponen cláusulas “muy gravosas” a la hora de contratar seguros de salud o de vida. “Con esta reforma vamos a generar una obligación de que ningún seguro discrimine, se va a tener la mismas condiciones que el resto de la ciudadanía”, explican desde el departamento.

Un fondo estatal

Derechos Sociales admite que España cuenta con una “normativa vigorosa en materia de accesibilidad” pero los mandatos no se llevan a cabo “por falta de recursos”. Por eso, la reforma incluye la creación de un fondo estatal de promoción de la accesibilidad universal para garantizar la financiación. Por ejemplo, un museo público podrá acudir a este fondo para sufragar, por ejemplo, una rampa.

Multas más severas

La nueva ley de discapacidad modifica el régimen sancionador de manera que se regula como infracción grave, multada con entre 600.000 y un millón de euros, “la exposición pública de una persona en atención a su discapacidad, ya sea en un espectáculo, en una feria, en un local abierto al público o en las redes sociales cuando no constituya una infracción penal”. La recaudación por estas multas se destinarán a “programas de promoción de la accesibilidad universal”