Tres años de las elecciones de Castilla y León en las que el PP aupó a Vox: Mañueco, el único superviviente

El 13 de febrero de 2022 los resultados electorales en Castilla y León dejaron claras al menos un par de cuestiones: que el PP de Alfonso Fernández Mañueco se equivocó al confiar en las encuestas que le daban la mayoría absoluta si adelantaba los comicios; y que, su victoria en las urnas, lejos de la mayoría absoluta, hizo que se abriera la veda para que los 'populares' negociaran con la extrema derecha para lograr pactos de gobierno. Aun así, tres años después, Mañueco es el único superviviente de los principales líderes autonómicos.

Castilla y León estrenó hace tres años un nuevo paradigma en la política española. Los 31 procuradores que obtuvo el Partido Popular le dejaban a 10 escaños de la mayoría absoluta. Mañueco obtuvo dos representantes más que cuando gobernaba con Ciudadanos, pero el PP obtuvo su peor resultado histórico en las elecciones autonómicas: el 31,43% de los votos, 0,06 puntos menos que en 2019.

Al líder 'popular' solo le quedaba Vox para negociar, que con 13 procuradores había barrido a Ciudadanos de la escena dejando tan solo al exvicepresidente, Francisco Igea, como el 'último de Filipinas' del partido exsocio del PP. Al descalabro de Ciudadanos, que pasó de 12 a un único escaño, se le sumó la bajada del PSOE, que se dejaba 7 procuradores y pasaba a tener 28 escaños. Los otros ganadores del 13F fueron Soria ¡YA!, que entraban en el parlamento autonómico con tres procuradores y UPL, que mejoró sus resultados en León pasando de un representante a tres. Unidas Podemos perdía un procurador y se quedaba con la única presencia de Pablo Fernández gracias a que se presentó por Valladolid y no por León, su provincia de origen. Por Ávila repetía resultado y mantenía su único escaño.

Fernández Mañueco convocó las elecciones el 21 de diciembre. En un movimiento inédito, destituyó a los consejeros de Ciudadanos mediante el Boletín Oficial de Castilla y León de ese día y anunció la disolución de las Cortes y el adelanto electoral a través de Twitter. A su vicepresidente y socio le pilló en antena y sin ser notificado previamente. “Que sepas que estás cesado y voy a convocar elecciones, me habría gustado que fuera de otra manera”. Esto fue lo que el presidente de la Junta dijo a Igea, según el ex de Ciudadanos. El relato que construyó el PP de Mañueco para justificar el movimiento fueron unas supuestas conversaciones entre el PSOE, Ciudadanos y Por Ávila para impulsar una moción de censura y que los partidos siempre negaron.

Desde un primer momento, el PP negoció con Vox, descartando al PSOE de Luis Tudanca tras una reunión de cinco minutos. El reparto de las instituciones dejaría a Vox dentro del gobierno con las consejerías de Agricultura y Ganadería; Cultura y Turismo, e Industria, Comercio y Empleo, además de la Vicepresidencia que ocuparía el ahora dimitido de todos sus cargos Juan García-Gallardo. El recién llegado a la política y desconocido candidato de Vox irrumpía en la administración autonómica que tanto criticaba en una cartera sin funciones ejecutivas y aumentando el gasto político. En las negociaciones, los 'populares' cedieron la Presidencia de las Cortes de Castilla y León a Vox, como ya hicieran la legislatura anterior con Ciudadanos y Luis Fuentes, que ahora es delegado para el Corredor Atlántico. El leonés Carlos Pollán ocupó la Presidencia de la Mesa, con sendas vicepresidencias del PP (Francisco Vázquez) y PSOE (Ana Sánchez).

En la oposición, el PSOE, que todavía recordaba cómo en 2019 rozó con los dedos el cambio de color en la Junta. Ciudadanos lo impidió. Y el PSOE pasó de ganar las elecciones y ser la fuerza mayoritaria con 35 procuradores a los 28 representantes en poco más de dos años. Soria y León fueron las provincias donde los socialistas se dejaron dos representantes respectivamente por el empuje de la UPL y la irrupción de la plataforma Soria ¡YA! en el escenario electoral autonómico. El desgaste del PSOE a nivel nacional, que se materializó en las elecciones municipales y las generales posteriores, hizo que los socialistas perdiesen un procurador en las provincias de Salamanca, Segovia y Valladolid. No obstante, fue la primera fuerza en Burgos, León, Palencia y Valladolid.

Pacto de gobierno PP-Vox

La XI legislatura echó a andar con un acuerdo de gobierno en el que introducían puntos como la “inmigración ordenada” que dejarían ver cómo la xenofobia era una constante en las políticas a aplicar, en concreto en las Consejerías de Vox aunque el propio presidente Mañueco se le complicó explicar este término. El 'popular' detallaba el 11 de marzo de 2022, un día después de firmar con Vox, en qué consistía su pacto. En ese documento se introdujeron medidas de Vox como la elaboración de una ley de violencia intrafamiliar; un modelo educativo “libre de adoctrinamiento ideológico”, tener “siempre presentes a las víctimas del terrorismo” y promover “una inmigración ordenada”, entre otras medidas.

Las primeras medidas aplicadas cargaban contra el Diálogo Social, otro de los ámbitos que la extrema derecha trató de dinamitar. El primer recorte de Vox, que tenía competencias sobre Empleo, Comercio e Industria, fue anunciado en junio de 2022: un tijeretazo de más de 20 millones en programas para la formación entre los que se incluían a personas inmigrantes y emigrantes. En esa rueda de prensa se criticaba a los sindicatos, mientras que Gobierno de España y el consejero de Economía y Hacienda, del PP, se afanaban en intentar frenar el cierre de las factorías del Grupo Siro en Castilla y León, una competencia directa de Vox.

García-Gallardo y Vox hicieron campaña diciendo que iban a reducir el gasto político, pero al llegar al Ejecutivo autonómico se incrementó el número de altos cargos y su consiguiente coste para las arcas públicas y llegó a nombrar como jefe de gabinete a un primo de su padre.

El nuevo gobierno de PP y Vox vivió también el verano del 2022 la polémica de los incendios forestales que arrasaron Castilla y León. En total se quemaron más de 87.000 hectáreas, y de ellas más de 56.000 se produjeron en los incendios de la Sierra de la Culebra y su entorno, en la provincia de Zamora. Por esos fuegos cuatro personas perdieron la vida, dejando en evidencia la necesidad de mejorar el plan de prevención de incendios forestales autonómico, aunque no hubo dimisiones. Vox propuso un concierto solidario para recaudar fondos que se acabó cancelando en una de sus ocurrencias más criticadas nada más llegar al poder.

Casi un '155' por el protocolo antiaborto

La aplicación del artículo 155 de la Constitución Española ha planeado varias veces por el cielo de Castilla y León. La primera, por los recortes en el Servicio de Relaciones Laborales. Y la otra ocasión, a raíz de la tormenta que levantó el anuncio del vicepresidente de la Junta, sin competencias en Sanidad, de la creación de un nuevo protocolo antiaborto en el que, entre otras cosas, se iba a ofrecer a las mujeres gestantes escuchar el latido del feto para buscar la reflexión de la madre en la sexta semana de gestación. El propio Mañueco, en un acto de campaña para las municipales con el candidato del PP, Jesús Julio Carnero, desvelaba esta amenaza para acusar a Pedro Sánchez de “chantajear” y “amenazar” a la Comunidad.

El Gobierno mandó un requerimiento a la Junta por la presentación del plan: presentación de García-Gallardo (aunque era un tema de Sanidad, competencia del PP), que no un asunto aprobado en el Consejo de Gobierno, como se encargó de matizar Carriedo. El portavoz, como cada vez que ha tenido que responder por las polémicas de Vox, aseguraba que lo anunciado por García-Gallardo —en una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y con él compartiendo escena—eran solo “declaraciones políticas completamente ajenas a la aprobación de normas”.

El Gobierno de España entendió que se podía tratar de una coacción a las mujeres y que no se puede alterar el protocolo de atención a embarazadas. Es por eso que avisó con retirar a Castilla y León las competencias en Sanidad y de acudir a los Tribunales. El PP, según informó elDiario.es, se retractó aludiendo que era algo que se había interpretado erróneamente. A día de hoy, la nota de prensa, elaborada por la Consejería de Sanidad, sigue colgada en la web la Junta. Según Vox, dicho plan estaba dentro de los acuerdos de gobierno y se iba a aplicar.

El protocolo antiaborto fue un punto de inflexión entre la relación de PP y Vox e incluso, como ha llegado a reconocer García-Gallardo, entre el entonces vicepresidente y su propio partido. Este diario publicó un cruce de palabras en el despacho entre Mañueco y García-Gallardo por la polémica. El presidente llamó al vicepresidente "liante”, quien, según testigos, no se arredró y le calificó de “cobarde”.

Ataque al Diálogo Social

Otra de las grandes 'hazañas' del consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox), fue tratar de suprimir el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), una herramienta para gestionar los conflictos laborales y evitar las judicializaciones y que financia la Junta de Castilla y León. Solo en 2022, el SERLA tramitó 4.500 procedimientos de conflictos laborales individuales en Valladolid y 341 expedientes colectivos en toda Castilla y León. De estos últimos, 54 eran previos a una convocatoria de huelga, y en el 50% de los mismos se llegó a un acuerdo para evitar el parón.

Veganzones consiguió, según acusaron CCOO y UGT, una “quiebra financiera y técnica” que restó la posibilidad de ofrecer mediación en los conflictos individuales entre trabajadores y empresas. El consejero redujo en enero de 2023 a la mitad la cantidad consignada de unos 800.000 euros a 400.000 euros y las consecuencias no se hicieron de esperar. En julio de 2024, los trabajadores del Serla fueron avisados del desahucio de su sede, además de los impagos de varios meses de sus nóminas. UGT y CCOO calculaban en febrero de 2024 que el Serla no había podido celebrar 500 mediaciones por los recortes.

El conflicto escaló tanto que acabó con que los sindicatos pidieran al Gobierno aplicar un '155' —obligar a la Comunidad a acatar una ley que no quiere aplicar— a la Junta. El propio Ejecutivo central llegó a mandar varios requerimientos para recuperar el funcionamiento del Serla y los sindicatos llevaron a las instituciones europeas la problemática. Solo la salida de Vox del gobierno autonómico ha permitido que el PP vuelva a sentarse a hablar de recuperar la financiación del Diálogo Social.

Algo que también dejó la Consejería de Empleo de Veganzones es la gran cantidad de “ceses a petición propia” desde su toma de posesión a su salida. El área de Industria, Comercio y Empleo acumuló cerca de 40 dimisiones o ceses. De ellos, tres han sido gerentes del Ecyl y una docena de altos cargos como la coordinadora de Servicios de Economía Social y Autónomos en noviembre de 2022, el director general de Industria en marzo de 2023, el cese del coordinador de servicios de la Dirección General de Industria “por razones de interés público” o el jefe de Intermediación y Orientación Laboral de Empleo en octubre de 2023, entre otros.

Otras salidas de las carteras de Vox fueron la del director general de Relaciones con la Sociedad Civil y comisionado de las víctimas del terrorismo en junio o la de uno de los asesores de García-Gallardo, Yesurún Moreno, tras ocho meses en el cargo en el que había sustituido a otra asesora que dimitió. Además de la directora general de Coordinación e Interacción Social de la Junta de Castilla y León, Montserrat Lluís.

Ley de Violencia Intrafamiliar

La llegada de Vox supuso que el PP tendría que desarrollar desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades una Ley de Violencia de Intrafamiliar. La idea de la derecha radical populista es crear una normativa “que igualase a todas las víctimas”. Mañueco defendía que tanto la Ley de Autonómica de Violencia de Género como la defendida por su socio iban a “coexistir”.

En el debate parlamentario, Vox ha dado muestras de qué tipo de igualdad quiere para las mujeres a través de políticas para crear una “región maternal” de “mujeres madres y trabajadoras” y acusándolas a la par de “utilizar la ley de Violencia de Género para quedarse con la custodia de los hijos”.

García-Gallardo trató de diluir la violencia machista dentro de la violencia intrafamiliar e impuso a toda la Junta acudir a minutos de silencio “por cualquier tipo de violencia”. El anuncio lo realizó tras conocerse un crimen machista. “A partir de ahora, la Junta de Castilla y león recordará a la todas las víctimas de violencia intrafamiliar, sin distinción de género ni de parentesco”, anunciaba en Twitter.

El PP trató de jugar al despiste con una nueva Ley contra la Violencia de Género —Castilla y León ya cuenta con una previa que data de 2010— para dilatar los tiempos a la hora de presentar la norma de Violencia Intrafamiliar. Las victorias de Vox en esta cuestión incluyen una ampliación presupuestaria hasta los 500.000 euros para 2023 dirigidos a luchar de forma específica contra la violencia en el ámbito de la familia, una cifra que también se repitió en 2024. La medida fue celebrada por García-Gallardo y también por Jorge Buxadé, que aseguraba que con esa cuantía buscaban “eliminar el adoctrinamiento” y “acabar con el concepto de violencia de género”.

Sin un texto firme, a Vox le entró la prisa y culpaba a órdenes de Génova, mientras que el PP alegaba que la norma estaba en procesos de información pública. Era septiembre de 2023 y según la consejera de Familia, Isabel Blanco (PP), estaban “en un proceso de elaboración de ese primer borrador, teniendo en cuenta las aportaciones y las diferentes reuniones”.

Vox volvió a meter prisa enviando un mes después un borrador y Blanco replicó que estaban acompasando la Ley de Violencia de Intrafamiliar con la Ley de Autonómica de Violencia de Género. De momento, el Ejecutivo autonómico cree que su ley de Violencia de Género podrá estar en vigor en 2025 — a falta del trámite parlamentario y que no cuenta con la mayoría en las Cortes—, mientras “sigue” trabajando en Ley de Violencia de Intrafamiliar ya con Vox fuera del gobierno.

La bronca en las Cortes

Otro de los focos de la polémica se ha vivido en las Cortes de Castilla y León. En los plenos se ha podido ver cómo el presidente de la Junta hizo una 'peineta' mientras la procuradora socialista Rosa Rubio estaba en el atril y después de que le reprochase su falta de atención. En las imágenes, que ha tuiteado la secretaria de Organización del PSCyL, Ana Sánchez, se ve cómo Mañueco abandona el hemiciclo mientras mira a su bancada y con una media sonrisa exhibe el dedo corazón y lo mueve arriba y abajo. Mañueco dijo que es algo involuntario y en que verlo como ese gesto como obvio “es una opinión”.

Más gestos: García-Gallardo fue acusado de realizar el gesto de 'felación' en tres ocasiones dirigida a dos procuradoras socialistas, según afirmó la portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes, Patricia Gómez Urbán. García-Gallardo negó “rotundamente” y ha asegurado que se trataba de un gesto “de llorar”.

Otro de los esperpentos vividos en el parlamento de Castilla y León se produjo cuando PP y Vox votaron en contra de su propia Ley de Medidas que acompaña al Proyecto de Presupuestos de Castilla y León para 2024. La votación tuvo que repetirse y las cuentas autonómicas no entraron en vigor hasta mayo.

El presidente Carlos Pollán también ha tenido su protagonismo. El representante de Vox permitía aprobar una votación para la terna de jueces para el Tribunal Superior de Justicia a propuesta del PP, a pesar de que ha habido menos votos a favor que en contra porque fue la única lista presentada. No estaba muy claro siquiera cómo iba a ser la votación, motivo por el que el PSOE ha pedido al Consejo General del Poder Judicial revisar las “irregularidades” en la terna y valora si acudir a los tribunales.

Pollán ha liderado también el veto a la celebración institucional del Orgullo LGTBI. Con el presidente de Vox en la Mesa se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente, sí hizo. Para el presidente de las Cortes: “las banderas oficiales de las Cortes son las de España y la de Castilla y León. No hay otras”. La negativa de la ultraderecha chocó con el Grupo Socialista, que lleva colocando en las ventanas de sus despachos la enseña LGTBI a pesar de las amenazas de ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que retiren la bandera.

En cuanto al debate parlamentario, las polémicas han girado en torno al exportavoz y exvicepresidente autonómico Juan García-Gallardo. En su primera intervención se encargó de hacer gestos a los procuradores intervinientes. Además, también ha sido criticado por sus comentarios hacia una parlamentaria con discapacidad; cuando acusó a las mujeres de ser unas “desalmadas” para quedarse la custodia de los hijos; cuando insultó a su predecesor Francisco Igea en sede parlamentaria; cuando mostró su transfobia al aprobarse la ley Trans o cuando vinculó la falta de mano de obra con supuestas ‘paguitas’.

El exportavoz se ha mostrado muy beligerante con el PSOE. En diciembre acusaba a los socialistas de ser “el partido más corrupto de España” e iba más allá: “De los 145 años de historia criminal —del PSOE— solo se vio interrumpida durante 36 años que ustedes no pudieron robar. ¿Adivine usted qué años fueron esos? —sin hacer mención expresa al franquismo—”. Precisamente, uno de sus insultos preferidos durante estos tres años ha sido definir a los socialistas como partido con “historia criminal”.

Otro cambio que se ha vivido en las Cortes, donde llegó en 1999, es la salida de Raúl de la Hoz de la Portavocía del Grupo Popular al Parlamento Europeo, en su lugar el cargo lo ostenta Ricardo Gavilanes. Francisco Igea acabó rompiendo con Ciudadanos para pasar al Grupo Mixto. Esta situación derivó en que PP y Vox le quitase la dedicación exclusiva, bajo la excusa del “transfuguismo”. Una suma de acciones que pasaron desde que el Grupo Mixto al que pertenece con Unidas Podemos, perdiese una de las dos portavocías que tenía, dotadas con dedicaciones exclusivas por más de 90.000 euros anuales.

Con todo esto se pudo ver cómo a Igea se le quebraba la voz cuando en abril de 2024, durante el Pleno de Presupuestos, el Partido Popular omitió decir nada sobre las enmiendas que presentaba. Con la salida de De la Hoz, con Ricardo Gavilanes al frente, la situación se ha ido relajando al menos en el aspecto de las formas.

Esta será la última legislatura para Igea y quizás para Luis Tudanca. El portavoz socialista, tras no conseguir gobernar después de tres elecciones, ha dejado la secretaría general del PSOE de Castilla y León. Tras un largo proceso de sucesión, el llamado a sustituir al burgalés es el alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, que el próximo 21 de febrero será ratificado en el congreso autonómico en el que se nombrará a una directiva autonómica. Tudanca seguirá como portavoz de forma indefinida, según anunció el propio Martínez, al igual que el resto de cargos dentro del Grupo Parlamentario.

Desde 2022, el parlamento autonómico ha aprobado 19 leyes y decretos ley. De ellos, siete han sido Decretos Ley entre los que se incluyen la aprobación de medidas urgentes para la agilización de la gestión de los fondos europeos; medidas urgentes sobre Prevención y Extinción de Incendios Forestales. En rango de ley han sido validados los presupuestos para 2023 y 2024, la regulación del procedimiento de designación de senadores representantes de la Comunidad de Castilla y León; modificación de la Ley de Juego y Apuestas de Castilla y León; o apoyo al proyecto de vida de las personas con discapacidad en Castilla y León. Pendientes de salir al debate parlamentario están iniciativas como la Proposición de Ley de “igualdad real y efectiva” de las personas LGTBI+ en la Comunidad, realizada por el PSOE

Ruptura del pacto de gobierno

Si la irrupción de Vox ha marcado el escenario político de Castilla y León, su salida del gobierno sirvió para volver a la casilla de salida en muchos ámbitos. Tras 813 días de pacto, el presidente de Vox Santiago Abascal anunciaba el 11 de julio de 2024 que “los acuerdos están rotos y retira el apoyo parlamentario”. “Los vicepresidentes anunciarán su dimisión y Vox pasará a la oposición”, sentenció. Al día siguiente, García-Gallardo salía a anunciar su decisión ante la “incomprensión” de Mañueco. El motivo de la ruptura: la acogida de menores migrantes.

De los tres consejeros y vicepresidente de Vox, solo se quedaron en su cargo el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Mañueco tuvo que cesar a los titulares de Empleo y Agricultura al ser afiliados de Vox, ya que estos no presentaron su dimisión. Solo Santonja, al no pertenecer a ningún partido, siguió con su cartera.

El PP perdía los apoyos en las Cortes para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria y Vox engrosaba la oposición como tercera fuerza con sus 13 procuradores. Ahora los 'populares' tienen que negociar para que su acción de gobierno pase el control del poder legislativo. Desde la ruptura, y sin plenos en julio y agosto de 2024 y en enero de 2025, las Cortes solo han aprobado una iniciativa parlamentaria, una Proposición de Ley de los grupos Vox y Popular sobre la prestación de los servicios autonómicos esenciales en la Comunidad de Castilla y León. Es la primera ley, y de momento única, que tenían pendiente los exsocios de gobiernos de aprobar.

Tras la ruptura quedaba otro de los grandes favores del PP a Vox para lograr su apoyo: la Ley de 'Concordia' de Castilla y León, presentada por los grupos parlamentarios Popular y Vox Castilla y León como sustituta de la normativa de Memoria Histórica. Esta, atendiendo a la estrategia planteada por Vox a nivel nacional, buscaba equiparar la Segunda República con la Guerra Civil y el Franquismo a la par que diluía la condena expresa a la represión o eludía el término 'dictadura', además de otros aspectos que los colectivos memorialistas consideraron lesivos. Al final, PP y PSOE votaron juntos en contra para rechazar la tramitación de la Proposición de Ley de Concordia.

Otra cuestión a dirimir es la Proposición de Ley presentada por el PP y Vox para realizar una modificación en el Ecyl para, en esencia, reducir el organigrama al suprimir los cargos de gerente y del vicepresidente del organismo para crear un único cargo. El objetivo, según Vox, era dar a la gestión del empleo una “mayor agilidad”, al contar con un único secretario general, y evitar duplicidades en materias como inserción laboral, el autoempleo y el emprendimiento.

La falta de apoyos también se hace notar de cara a presentar los Presupuestos hasta final de legislatura. A pesar de que la abstención del PSOE facilitase a la Junta tener el techo de gasto no financiero para elaborar las cuentas autonómicas para 2025, el PP no ha registrado ningún anteproyecto de ley para que se negocie y tramite en las Cortes. La estrategia, según el portavoz del Ejecutivo autonómico, reside en tener los apoyos suficientes garantizados antes de comenzar el trámite en el parlamento, y no negociar en las comisiones correspondientes. En las negociaciones, la única formación dispuesta a hablar con los números suficientes ha sido el PSOE, mientras que Vox ha mostrado su oposición a negociar nada.

Ante esto, la Junta ha decidido prorrogar los presupuestos para 2025. Con Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta es la quinta vez, de los seis años que lleva, que se ha tenido que recurrir a esta fórmula.

Salida de Tudanca y de García-Gallardo

El 7 de enero Tudanca anunciaba, después de meses de rumores, que daba un paso al lado de la secretaría general del PSOE de Castilla y León. Desde León y Valladolid, Alfonso Cendón y Óscar Puente habían apostado por un nombre en la sucesión: el alcalde de Soria, Carlos Martínez para lograr una victoria para llegar al gobierno de Castilla y León. El nuevo líder de los socialistas ha asegurado que toca hacer “un rearme ideológico” y realizar una fuerte apuesta por las políticas públicas como escudo y espada para revertir las desigualdades territoriales y combatir el discurso de la derecha radical populista. Todo ello con un escenario electoral que depende de Fernández Mañueco.

García-Gallardo daba la sorpresa la semana pasaba tras renunciar tanto a la Portavocía de Vox como a sus cargos internos. El burgalés anunciaba su salida de la política con críticas a la directiva nacional y tras dudar en firmar la expulsión de dos procuradores críticos con el rumbo del partido. A la salida del exvicepresidente se suman las de los diputados autonómicos Javier Bernardo Teira Lafuente y Ana Rosa Hernando, tras haber pedido a la dirección nacional que se celebren primarias y “volver a los principios fundacionales y raíces” de la formación. En su caso, ambos han anunciado que mantendrán el acta y pasarán a ser no adscritos.

Escenario electoral

Con los partidos de la oposición en un momento de reestructuración, Fernández Mañueco tiene en su mano el convocar elecciones, que con el calendario en la mano deberían celebrarse en febrero del 2026. El presidente de la Junta lleva meses repitiendo la frase de que espera “agotar la legislatura”, aunque la duda es si ya está agotada al tener que prorrogar presupuestos, no tener mayoría parlamentaria para sacar adelante iniciativas y ver a la oposición en un momento delicado.