Un desahucio inexistente: investigan a un abogado por engañar a su cliente con falsas resoluciones judiciales en Ibiza

La visita de un hombre a los Juzgados de Eivissa para preguntar por un procedimiento de desahucio y por una reclamación económica han terminado con una denuncia por parte de la Fiscalía al abogado que lo defendía. El letrado está siendo investigado por un presunto delito de estafa y falsedad documental. Y no es el único que en los últimos años ha sido investigado por mala praxis en el ejercicio de su oficio.

El procedimiento penal se ha iniciado a instancias del Juzgado de Instancia número 3 después de que el órgano judicial se percatara de que la diligencia de ordenación proporcionada por el hombre –y que le había entregado su abogado, ahora investigado– no coincidía con ninguna que constase en el archivo del Juzgado, tal como han informado fuentes judiciales y ha comprobado elDiario.es.

Fue el pasado noviembre cuando la presunta víctima acudió a la sede judicial ibicenca con una resolución emitida, en teoría, en el mes de septiembre de 2024. El supuesto afectado figura como demandante por un lanzamiento en una vivienda de la calle Suiza, en el municipio de Sant Antoni (tal como cita el presunto auto mediante el que se ejecuta el lanzamiento) con el objetivo de que la persona que ocupa el inmueble hiciera entrega de él.

Según el documento falsificado, el lanzamiento se había suspendido y quedaba aplazado al mes de octubre. Esta diligencia de ordenación está firmada, supuestamente, por la letrada de la Administración de Justicia, si bien no consta en ella, en cambio, el código de verificación de su firma digital. Además, está “repleta de muchos datos erróneos” a pesar de contar con un número de referencia destinado a dotarlo de mayor credibilidad, tal como señalan las mismas fuentes y ha podido comprobar este medio.

El documento judicial también hace referencia a un auto inexistente y no utiliza, tan siquiera, la tipografía empleada en las resoluciones dictadas por el Juzgado presuntamente encargado del caso. 

El abogado al que investiga ahora de falsedad documental y estafa lleva colegiado desde el año 1998 en el Colegio de Abogados de les Illes Balears (ICAIB) y además posee en la actualidad cargos en tres empresas del sector náutico de Eivissa. En dos de ellas es administrador único, mientras que en la tercera es el administrador solidario de la sociedad, según datos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).

Un documento oficial como base

elDiario.es se ha puesto en contacto con el letrado investigado, que asegura “desconocer” el caso del desahucio mediante el que se entregó la diligencia de ordenación falsa al Juzgado de Instancia número 3.

Uno de los procedimientos en el que otra sociedad del sector náutico ejercía de demandante y también representada legalmente por este abogado sirvió como base para la resolución falsificada. El documento original es la resolución de inadmisión del trámite presentado, con defectos formales y omisiones, en el que también se indica el periodo de subsanación para que la demanda pudiera salir adelante. 

Al detectar esta coincidencia en el Juzgado de Instancia –coincide incluso el nombre de la letrada de la Administración de Justicia–, desde el órgano decidieron enviar a la Fiscalía los dos documentos: el que había servido de base para la demanda y el que se encontraba en manos de la persona estafada. 

La fiscal jefe ha interpuesto ahora una denuncia para investigar el caso. La Justicia ha citado ahora como testigo a la presunta víctima de la estafa para que preste declaración con el objetivo de que explique cómo consiguió la diligencia de ordenación presentada en el Juzgado, así como quién se la proporcionó. También quiere indagar si continúa abonando alguna cantidad a su defensa legal por el procedimiento del desahucio. 

Más de un abogado detenido

Se da la circunstancia de otros letrados han sido detenidos en los últimos años por utilizar la misma praxis. “Cuando el cliente pregunta por los avances judiciales en su caso, entonces el letrado le entrega este papel falsificado para que se piensen que está saliendo adelante cuando la realidad es que no se ha puesto nada en marcha”, señalan fuentes jurídicas a este medio.

En noviembre de 2024, los Mossos d'Esquadra desarticularon en Barcelona una red que estafaba a víctimas vulnerables, la mayoría de ellas de avanzada edad, con deudas y sin conocimientos financieros, con el objetivo de apropiarse de sus inmuebles. La operación se saldó finalmente con nueve detenidos, entre ellos el líder del grupo, Francisco C., otro abogado residente en Eivissa que, además, ya había sido condenado en 2023 a siete años de cárcel por tráfico de drogas en la Audiencia de Barcelona. 

Francisco C. aún tiene pendiente un juicio: la Fiscalía le pide 20 años y 9 meses de prisión por supuestamente estafar, entre 2009 y 2015, a decenas de ancianos para apropiarse de sus viviendas, engañándoles con productos financieros como hipotecas inversas. Francisco C. residía en Eivissa cuando los agentes llevaron a cabo la operación y fue arrestado por la Policía Nacional –en colaboración con los Mossos d’Esquadra– en Palma mientras participaba en un torneo de golf.

En ese momento, miembros de los Juzgados de Eivissa ya habían detectado el documento falso del desahucio que en la actualidad se encuentra bajo investigación en la isla. Al conocer la desarticulación de la red de Barcelona, averiguaron que el abogado detenido había llevado gran cantidad de asuntos judiciales en Eivissa. 

El caso de Víctor Valladares

Cabe recordar que otro abogado ingresó en prisión en octubre de 2022 tras ser condenado en varias ocasiones por estafar a sus clientes. Se trata de Víctor Valladares, el mismo letrado que denunció al Gobierno ante los juzgados y ante el Tribunal Supremo por la gestión de la pandemia y por permitir la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020. Este abogado creaba resoluciones falsas del Juzgado para los clientes y les cobraba sin hacer el trabajo.

Tal como informó en su día elDiario.es, Valladares fue condenado por timar a su suegra y por falsificar documentos y engañar a afectados por cláusula suelo, entre otras causas. Asimismo, el Tribunal Supremo y su sala de lo penal declararon firmes dos condenas contra él por este tipo de engaños. Una de ellas por quedarse con 13.000 euros de una mujer que le encargó varios pleitos que nunca fueron puestos en marcha.

Mientras las estafas de Valladares salían a la luz, él se alzaba como el abogado que llevaría al banquillo al ejecutivo de Pedro Sánchez por la mala gestión de la pandemia. Sobre todo, por la celebración de la manifestación feminista del 8–M en Madrid poco antes de que los primeros casos de coronavirus empezaran a florecer por España. La defensa del letrado no sólo fue rechazada por los juzgados de Madrid sino también por el propio Tribunal Supremo en decenas de ocasiones.

En Eivissa, Valladares, involucrado a lo largo de su trayectoria en diversas causas animalistas, fue el abogado representante de la Asociación Animalista de Illes Balears (Assaib). En el año 2017, impulsó el rescate de las cabras del islote de Es Vedrà. También tenía en sus manos otros casos muy mediáticos, como el del fallecimiento de la joven Vanessa Patricio en Sant Josep, atropellada mortalmente en 2017 en el vial de servicio de la autovía del aeropuerto, cerca del concesionario de la Volkswagen donde trabajaba. Dos años más tarde, la madre de la joven solicitó (junto al letrado, que ejercía su defensa legal), la reapertura del caso.

En el último juicio al que se enfrentó Valladares en 2022, el abogado aceptó una condena por estafar a una gestoría de la que habían salido muchos de sus clientes desde hacía más de una década y que le hizo ingresar en la prisión madrileña de Soto del Real.