El Poder Judicial investiga la filtración de datos personales del fiscal general en la causa del Supremo

El Consejo General del Poder Judicial investigará las quejas del fiscal general de filtración de sus datos personales en la causa del Tribunal Supremo en la que está imputado. El departamento de protección de datos ha abierto actuaciones después de recibir tanto las quejas de Álvaro García Ortiz como las de Dolores Delgado sobre que los informes de la Unidad Central Operativa, puestas por el juez Hurtado a disposición de las partes de forma íntegra, incluyen sus números de teléfono pero también, en el caso del primero, su dirección postal en Galicia.

Las actuaciones serán llevadas por la dirección de supervisión y control de protección de datos del órgano de gobierno de los jueces llevará a cabo las actuaciones.

Tanto el fiscal general como su predecesora se dirigieron ayer por escrito al Poder Judicial y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para denunciar que uno de los últimos informes de la Guardia Civil aportados al proceso había expuesto sus datos personales, hasta el punto de entender que había comprometido su seguridad personal. El informe, encargado por el juez a la UCO, refleja el tráfico de llamadas del fiscal general e incluye un anexo donde se ofrece su dirección postal y los teléfonos de varias personas de la Fiscalía con las que habló en esos días de marzo de 2024.

“Ponen en riesgo mi seguridad”, alegó el fiscal general al dirigirse al CGPJ para solicitar medidas urgentes. Dolores Delgado, con la que mantuvo conversaciones esos días que aparecen referenciadas en el informe, también denunció que su teléfono aparecía publicado y que había recibido llamadas de números desconocidos desde entonces.

Esta no es la primera queja del fiscal general del Estado sobre la gestión que la Guardia Civil y el juez Ángel Hurtado hacen de sus datos personales una vez son plasmados en sus informes puestos a disposición de las partes. Desde los datos de sus teléfonos móviles, llamadas y contactos hasta su dirección postal y los números y direcciones de algunos de sus colaboradores. Hasta la fecha, el instructor ha desestimado todas sus quejas.

En el Ministerio Público varias voces muestran desde hace semanas su descontento con la gestión que el instructor hace de los datos personales del fiscal general y su entorno reflejados en los informes de la Unidad Central Operativa, y cómo sus últimos informes detallan sus comunicaciones con fiscales no relacionados con el caso, como la propia Dolores Delgado, una fiscal y vocal del Consejo y otros de sus colaboradores, pero no reflejan comunicaciones, por ejemplo, con el fiscal jefe Anticorrupción que también figura en los listados de llamadas obtenidos por los agentes, o con un directivo del periódico La Razón.

Las llamadas del fiscal general

El magistrado Ángel Hurtado investiga desde el pasado mes de octubre si el fiscal general o su equipo más cercano filtraron el pasado mes de marzo un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, confesaba el fraude fiscal de 350.000 euros y ofrecía un pacto para evitar la cárcel. Una causa en la que ha intentado indagar en las comunicaciones que García Ortiz mantuvo esos días, tanto por teléfono como por WhatsApp como también por correo electrónico.

Los agentes de la Unidad Central Operativa, tal y como ha reconocido el propio fiscal general, han certificado que cambió de teléfono móvil una semana después de que la causa se abriera en el Tribunal Supremo. Antes de esa fecha de octubre de 2024 no existen registros de mensajes ni tampoco correos electrónicos relevantes. Un último informe de la Guardia Civil certifica que borró todos sus mensajes el 16 de octubre de 2024: el día en que se abrió la causa.

“En ninguno de los casos es posible la recuperación de información en fechas anteriores al 16 de octubre de 2024”, dice un informe policial aportado a la causa. El primer mensaje disponible es de ese día a las tres de la tarde. Ese día, explica la unidad de Cibercrimen de la Guardia Civil, García Ortiz provocó “un borrado permanente de los mensajes existentes en todas las conversaciones”.

En cuanto a las llamadas, la Guardia Civil también ha certificado que en esos días de marzo el fiscal general apenas habló con personas no relacionadas con la Fiscalía. Los agentes solo destacaron una breve conversación con un directivo de La Razón el ocho de marzo y, ya en la noche del 13 de marzo que constituye el centro del caso, cómo un periodista de la Cadena SER le llamó pero no pudo contactar con él.