Un juez imputa al exdirector del servicio meteorológico catalán por “facilitar” un cártel de empresas de radares

Un juez ha imputado al exdirector del Servei Meterològic de Catalunya (SMC) Oriol Puig por su presunto papel como “facilitador” de un cártel empresarial en el que dos firmas acordaron repartirse distintas licitaciones públicas de instalación y mantenimiento de estaciones meteorológicas durante nueve años. 

La comparecencia ante el juez de Oriol Puig, hermano del que fuera exconseller catalán de Obras Públicas y peso pesado de Convergència, Felip Puig, estaba prevista para este miércoles, pero se ha aplazado hasta junio por errores en las notificaciones a los investigados, informan fuentes jurídicas. La causa se ha abierto por un delito de fraude a la administración.

Tampoco han declarado ante el juez los otros dos imputados, los responsables de las empresas MCV y Adasa, que presuntamente se pusieron de acuerdo para repartirse de forma irregular los contratos públicos. Se trata de las dos principales empresas de radares y estaciones que operan en Catalunya.

Las pesquisas han terminado en un juzgado después de sendas investigaciones de la Autoritat Catalana de la Competència (ACC) y la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) realizaran sus propias pesquisas sobre las irregularidades. Fue Antifraude quien envió los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción tras apreciar indicios de delito.

Las pesquisas en el juzgado de instrucción 29 de Barcelona se encuentran en un estadio muy inicial. Todavía tienen que comparecer varios testigos, además de los investigados, cuyas explicaciones servirán para que Anticorrupción decida si, además de una infracción administrativa por vulnerar la competencia, hay mimbres para seguir adelante con la causa penal.

En una exhaustiva investigación, la ACC concluyó que Puig “jugó un papel de impulsor y facilitador” del cártel entre las dos empresas. Según la ACC, Puig participó de forma “directa” en el establecimiento de las prácticas anticompetitivas desde el año 2011 hasta 2018, cuando fue relevado al frente del Servicio Meteorológico de Catalunya. Los tribunales anularon la sanción administrativa impuesta a Puig por cuestiones formales, sin cuestionar el fondo de las pesquisas.

Tras analizar decenas de correos electrónicos entre los implicados y todos los concursos, Competència concluyó que Puig “promovió la colaboración” entre las dos empresas. La primera firma, según la ACC, recibió “indicaciones” de Puig para que “compartiera” el negocio de las estaciones, al tiempo que el entonces director “suministraba información privilegiada” de las licitaciones del servicio meteorológico catalán a los directivos investigados antes de que fueran publicadas oficialmente.

Además, Puig “intervino en el diseño de las licitaciones para hacer el reparto que convenía” a ambas empresas, agregó Competència. En conjunto, el total de contratos repartidos por el SMC a ambas empresas de forma irregular ascendería a 2,4 millones de euros. Entre el 2006 y 2011, antes de la entrada de Puig en el SCC, a los contratos se presentaban hasta cinco empresas. Tras su toma de posesión, las licitaciones para el mantenimiento de la red de radares y estaciones solo se presentaron Adasa y MVC.

Los contratos bajo sospecha versaban sobre la instalación y el mantenimiento (piezas de recambio y equipamiento) de los cuatro radares del SMC así como de sus 186 estaciones meteorológicas automáticas repartidas por toda la comunidad, que sirven para medir y estudiar el tiempo y el clima en Catalunya.

“Se puede determinar sin mucha dificultad que [Puig y los directivos de las dos empresas] se reunieron, intercambiaron, en multitud de ocasiones y de forma permanente, correos electrónicos y firmaron acuerdos en representación de sus empresas en unos contactos que se materializaron en un acuerdo contrario al derecho a la competencia”, zanjó la ACC.