El primer plan contra el suicidio en España crea un sistema nacional de vigilancia de la salud mental

A las instituciones les falta mucha información para tomar medidas contra la conducta suicida, no existe en ocasiones la continuidad en la atención que necesitan las personas en esta situación –tampoco para los familiares y amigos– y flaquea la coordinación entre recursos. Sobre estas premisas, que describen ciertos fallos del sistema, partió el Ministerio de Sanidad para elaborar el primer Plan nacional para la Prevención del Suicidio que se someterá este viernes a votación de las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y al que ha tenido acceso elDiario.es.

Hasta ahora, las acciones para paliar el problema del suicidio se habían insertado en los planes generales de salud mental, pero esta vez Sanidad ha separado la materia para dedicarle una especial atención y el Gobierno, las comunidades y distintas sociedades científicas han trabajado en los dos planes en conjunto aunque como documentos desgajados. En 2024 se quitaron la vida 3.952 personas en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

El despligue de medidas, cuya financiación todavía debe concretarse, dependerá en gran parte de las comunidades autónomas y va desde “evaluar y adecuar” el número de profesionales o regular la formación en psicoterapia a reducir el uso de psicofármacos, donde España despunta respecto a otros países. El Ministerio promoverá formaciones y una guía de “deprescripción”, que ya fue anunciada hace unos meses, para que el personal médico recomiende “racionalmente” estos fármacos.

Una de las decisiones más novedosas es la creación de un sistema de vigilancia de la salud mental similar al que ya existe con las enfermedades infecciosas, como la gripe o la COVID-19, como un mecanismo para conocer cómo está la población, medir los problemas y tener mejor información para actuar. Se vigilarán prioritariamente “las conductas autolíticas y los ingresos involuntarios de personas con problemas de salud mental”, avanza la comisionada de Salud Mental, Belén González, en conversación con elDiario.es. Sanidad establece que se “recopilará la información relevante sobre persona, lugar y tiempo, de problemas de salud mental y, especialmente en conducta suicida, incluyendo intentos y casos consumados” –actualmente no hay un registro certero de cuántas personas intentan suicidarse y no lo consiguen–. Para ello el Gobierno tiene que aprobar primero un real decreto que lo regule.

La idea de monitorizar estos datos es tener un mapa más claro para identificar puntos críticos “donde deba priorizarse la atención”. El documento pone como ejemplo los entornos laborales o universitarios. También tener más presentes a los colectivos de más riesgo para poner a su disposición programas específicos de prevención: las personas con enfermedades graves o dolor, en exclusión social, LGTBI o que estén en prisión, según el documento con seis líneas de acción que se debate este viernes.

Un observatorio y autopsias psicológicas

Hay medidas dirigidas a toda la población, otras a perfiles con más riesgo y las últimas para quienes ya han presentado conductas suicidas. Las primeras incluyen la creación de un nuevo observatorio para la prevención del suicidio para recopilar y difundir “datos fiables” sobre un problema muy cargado todavía de estigma y desinformación; y una campaña de sensibilización a nivel nacional al año y, además, otra en cada comunidad autónoma.

La segunda batería de medidas se enfocan en cuidar especialmente a las personas con más riesgo –con la identificación, por ejemplo, de situaciones de soledad no deseada– y presta especial atención a los familiares y allegados supervivientes con una “posvención” para dar un apoyo “temprano y efectivo” al duelo.

Como novedad, dentro del tercer bloque de acciones, el plan impulsa las autopsias psicológicas de los fallecidos por suicidio. Es decir, una “investigación para ver cómo estaba esa persona anímicamente y qué condiciones había en su entorno”, explica González. Sanidad asegura que este trabajo requiere la coordinación con los equipos judiciales y forenses y “prestará mucha información para la prevención”. Entre los objetivos del plan también está adecuar las urgencias “para mejorar la atención” a quienes tienen una conducta suicida, lo que pasa por contar con “espacios acogerdores y profesionales que entiedan estados de agitación muy grandes que, por entenderse como violencia, terminen en una contención” del paciente y obligar a implantar un código de riesgo, que ya existen de diversas maneras en algunas comunidades como un circuito urgente e integral, para garantizar “ayuda de manera inmediata”.

Ampliar la cartera de servicios

El Ministerio de Sanidad también quiere ampliar la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud para atender de manera más amplia la salud mental. El plan establece que se actualizará para dar cabida “a formas de atención comunitarias” y los “servicios relacionados” con el circuito de atención psicológica y psiquiátrica. Aunque todavía no se han concretado porque debe ser acordado con las comunidades, se traduciría por ejemplo en garantizar que hay hospitales de día en todas las regiones o centros de salud mental comunitaria que puedan ofrecer psicoterapia. Todo lo que está en la cartera común de servicios debe ser ofrecido por los servicios de las comunidades.

Los ingresos hospitarios son otro asunto que el Ministerio quiere revisar, de acuerdo con “la nueva evidencia científica y el enfoque de derechos humanos”, según la comisionada. El plan quiere potenciar la atención domiciliaria, la hospitalización parcial o las casas de crisis en el caso de “para proteger la autonomía y los derechos” de los pacientes en situación de crisis, con especial atención a los niños y adolescentes. En este sentido, las acciones de Sanidad buscan “reducir las intervenciones involuntarias” sobre las personas con problemas de salud mental e “impulsar alternativas” a la “contención mecánica”, es decir, a las sujecciones.

El plan del departamento que dirige Mónica García se alinea con el espíritu de desistitucionalización que ya presentó el Ministerio de Derechos Sociales. Hace unas décadas las personas con enfermedades psiquiátricas vivían al margen de la sociedad, recluidas en manicomios. Esto ya es historia, pero desde el Comisionado consideran que aún hay mucho trabajo que hacer para favorecer que los cuidados sean más comunitarios –en el barrio, viviendo en casa– que en instituciones cerradas.

Los planes no incluyen detalles sobre su financiación, aunque el Ministerio de Sanidad asegura que “tendrá que determinarse” una vez se aprueben los Presupuestos Generales del Estado. Si no hay y se prorrogan, la situación más probable, el departamento contará con 38 millones para el plan de acción de salud mental, un presupuesto del que ya disponía para el anterior. En el caso de las iniciativas para la prevención del suicidio no existe una dotación anterior, aunque la comisionada asegura que “habrá dinero para la financiación extraordinaria de acciones palanca”.