La Justicia inhabilita nueve meses a una empresa de helicópteros de Emergencias de la Generalitat que trabajó en la DANA

Una empresa adjudicataria de los helicópteros de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha sido condenada por la Audiencia Nacional (AN) a nueve meses de prohibición de contratar con las administraciones públicas y al abono en concepto de responsabilidad civil, de forma subsidiaria junto con el resto de sociedades y acusados, del importe del perjuicio causado al erario, cifrado en 234.133,02 euros. Se trata de la sentencia del juicio del denominado 'cártel del fuego', en el marco del cual el exconseller del PP valenciano Serafín Castellano ha sido condenado a un año y nueve meses de cárcel por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial, tras un pacto de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción.

El apartado de hechos probados de la sentencia incluye a la firma en una “asociación” (un cártel) que con “previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia”. Todo ello mediante un “reparto fraudulento del mercado” y la “expulsión de otros eventuales ofertantes”.

La trama llegó a tener contratos de la administración valenciana, durante los gobiernos autonómicos del PP, con incrementos de hasta un 235,92 por ciento, a consecuencia de prórrogas o modificaciones indebidas sin ningún tipo de justificación, tal como declaró en el juicio el inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que encabezó las pesquisas. El exconseller Serafín Castellano reconoció los hechos (que se corrompió a cambio de regalos como escopetas y cacerías) y asumió una pena que no implicaba el ingreso en prisión, además de una indemnización de 900.000 euros, a abonar a la Generalitat Valenciana conjunta y solidariamente con otro de los principales acusados, el empresario Vicente Huerta.

Una de las empresas que se integró en la “asociación” fue CEGISA, una firma que, “merced de diferentes procesos de absorción y participación cruzada de participaciones entre los mismos socios”, acabaría integrando el Grupo INAER, según reza la sentencia de la AN. La empresa fue rebautizada posteriormente como Babcock Mission Critical Services España, tal como recuerda el fallo.

La empresa obtuvo en 2012 (en una UTE con otra de las firmas acusadas) un contrato adjudicado por el entonces conseller de Gobernación, Serafín Castellano, que a pesar de haber sido licitado inicialmente por 40,4 millones de euros, se disparó hasta los 67,3 millones a consecuencia de varias prórrogas, tal como destaca la sentencia.

Su actual denominación —Avincis Aviation España SL, que comparte NIF con todos sus anteriores nombres— resultó adjudicataria el pasado mes de agosto del servicio de helicópteros de coordinación y emergencias y de urgencias sanitarias, por un importe de 13,8 millones de euros. El contrato fue licitado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias y su formalización coincidió de pleno con la transición entre la primera consellera del ramo, Elisa Núñez, de Vox, y su sucesora en el cargo, la popular Salomé Pradas. Anteriormente, también fue adjudicataria de un contrato de emergencia licitado para el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de septiembre de 2024, al haber caducado el anterior.

Actualmente, el grupo Avincis es propiedad de Ancala, un fondo de inversión radicado en Luxemburgo, según los datos que constan en el Registro Mercantil. La empresa no ha contestado las preguntas de elDiario.es.

En el marco del último contrato con la Generalitat, Elisa Núñez firmó el 1 de julio de 2024 resolución que declaró desierto el lote más barato, correspondiente al servicio de avión de coordinación. Tres de las empresas de Avincis (entre ellas la sociedad que ha sido condenada en el 'cártel del fuego'), se presentaron en solitario a la licitación con el compromiso de constituirse en una UTE. Sin embargo, para el lote del avión de coordinación, la oferta económica superaba “en prácticamente el doble” el presupuesto base de licitación, motivo por el cual fue excluida y el tercer lote quedó desierto, según indica el acta de la mesa de contratación.

Cuatro aeronaves contratadas

Las empresas obtuvieron el contrato apenas dos meses antes de la celebración del juicio del 'cártel del fuego' en la AN. Avincis, histórica adjudicataria de contratos de servicios de emergencia, también renovó el pasado mes de septiembre el contrato con la la empresa pública Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), de titularidad estatal, por un valor de 305 millones de euros.  

Las resoluciones de adjudicación de los otros dos lotes fueron firmados el 2 de agosto por la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Los cuatro helicópteros requeridos en los pliegos de contratación son bimotores de turbina con una capacidad para cargar al piloto y a un mínimo de siete pasajeros, una velocidad de crucero de 220 kilómetros por hora y una autonomía de tres horas. Varias de estas aeronaves se encargaron de algunos de los rescates el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica DANA, según confirmaron fuentes de la Generalitat Valenciana.

Los dos helicópteros de coordinación y emergencias se centran en actuaciones en incendios forestales (tanto prevención como vigilancia y reconocimiento, además de traslado de brigadas forestales o la transmisión de imágenes) y, también, en rescates terrestres, salvamentos marítimos, aprovisionamiento a núcleos incomunicados, colaboración en planes y dispositivos de seguridad o vigilancia y reconocimiento en episodios de contaminación marina, además del transporte de personas o autoridades por razones de seguridad o urgencia.

Las otras dos aeronaves se dedican al transporte sanitario de urgencia primario y secundario y, ocasionalmente, al transporte relacionado con trasplantes de órganos. La empresa adjudicataria, según los pliegos, presta su propio personal de vuelo y tierra, con los correspondientes requisitos de títulos, licencias, habilitaciones acreditaciones, y también se encarga de la rotulación, “en sitio bien visible desde tierra y en vuelo”, del nombre y del logotipo de la Agencia Valenciana de Seguridad y de Respuesta a las Emergencias.