La pelea para que el Gobierno les devuelva el 'dinero rojo' que Franco les robó: "Arruinó a nuestros antepasados"

A Lidia Jiménez su madre le decía que si algún día cobraba le compraría una muñeca. Fueron muchas las veces que escuchó ese deseo compartido, porque muchas fueron las visitas que ambas hicieron a la sede del Banco de España en Barcelona para pedir que les devolvieran lo que era suyo: la madre de Lidia, Montserrat, llevaba en el bolso aquel papel con el encabezado Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo que sus padres le dieron cuando se casó. Ahí figuraban la cantidad de 1.432 pesetas (unos ocho euros al cambio) que tuvieron que entregar a las autoridades franquistas a punto de acabar la Guerra Civil, un dinero que nunca volvieron a ver y que, primero su hija y ahora su nieta, siguen peleando por recuperar.

“Les dijeron que más adelante se pagaría, pero nunca ocurrió”, cuenta Lidia, miembro de la Asociación de Perjudicados por la Incautación del Gobierno Franquista (APIGF), que reclama al Estado que afronte la devolución del conocido como dinero rojo. Este era el dinero que había sido emitido por la República tras el 18 de julio y del que, en medio de una guerra que también fue económica, el régimen franquista se fue apropiando a medida que conquistaba territorio. A cambio, les daban a sus legítimos propietarios un recibo que aún guardan muchas familias como oro en paño para acreditar el expolio.

Fue hace más de 20 años cuando muchos se dieron cuenta de que ese papel deteriorado por el paso del tiempo no era tan excepcional como pensaban. Lo creía Montserrat cuando acudió a TV3 a explicar lo que creía que era una injusticia particular que el franquismo había cometido contra sus padres. “Pero fueron apareciendo más y más hasta que decidieron constituirse en asociación”, recuerda Lidia. Han ido pasando los años y sus peticiones, de momento, han caído en saco roto, pero ahora han dado un paso más y han presentado una reclamación colectiva por vía administrativa que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ya tiene sobre la mesa.

“Llevamos demasiado tiempo luchando, siempre nos han dicho que es algo que sí, que se tiene que mirar... Esperamos que esta sea la definitiva”, afirma Laureana Cervera, historiadora y presidenta de la asociación. Los afectados han puesto el caso en manos del bufete catalán Vosseler Abogados, que están tramitando ya 500 recibís de familias para las que pide resarcimiento al Estado. Leire López, una de las abogadas, asegura que este papel es “imprescindible” porque justifica la cantidad de dinero que los franquistas requisaron. Hasta ahora, el despacho ha estado inmerso en el proceso de acreditación de parentesco de los actuales poseedores con los afectados originales.

Con todo, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno. López tiene “buenas sensaciones” tras los encuentros que ha mantenido con representantes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y asegura que se han mostrado “proactivos y abiertos” a devolver el dinero. A preguntas de este medio, el ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres se muestra prudente y se limita a apuntar que actualmente está inmerso en la elaboración de una auditoría a la que mandata la Ley de Memoria Democrática y con la que se pretenden censar los “bienes expoliados” por los sublevados para reconocer, en su caso, “posibles vías de reparación”.

Después de haber firmado la devolución del palacete de París al PNV, el Gobierno está en estos momentos centrando dicha auditoría en bienes muebles e inmuebles, que “es un trabajo inmenso”, argumentan fuentes de la secretaría. “Aún no se ha avanzado sobre otros supuestos”, añaden, pero “sin duda se tendrán que estudiar”, dicen en relación al papel moneda u otros signos fiduciarios que también contempla la ley. Lo que sí está haciendo ya el Ejecutivo es reconocer a los afectados del dinero rojo como víctimas del franquismo y entregándoles uno a uno declaraciones de reparación y reconocimiento, al igual que ha hecho con cientos de represaliados y sus familias.

La guerra “del billete”

El origen del expolio tiene que ver con la política económica que llevaron a cabo los franquistas en lo que algunos investigadores han llamado “la guerra del billete”, que los sublevados declararon paralelamente a la militar. En noviembre de 1936 el Gobierno de Burgos determinó la “ilegalidad” de la moneda republicana y dictó una norma por la cual comenzarían a marcarse con un sello los billetes que hubiesen sido emitidos por el Banco de España antes del 18 de julio, fecha del golpe de Estado. De esta forma, diferenciarían los que a partir de entonces comenzaría a emitir la República en aquellos territorios que aún no estaban bajo dominación franquista.

Según detalla la historiadora Carolina Corporales en un estudio, el sello rezaba “ESTADO ESPAÑOL-BURGOS” y la utilización de billetes en los que no figurara comenzó a ser “condenada con castigos ejemplarizantes”. Sin embargo, las autoridades franquistas se encontraron con el problema de su fácil imitación, por lo que decidieron comenzar a emitir su propia moneda al margen de la republicana creando una “bicefalia” monetaria que provocó “un verdadero caos” económico que “sufrió la sociedad española”.

Con el final de la guerra y la victoria sublevada cada vez más cerca, los golpistas aprobaron en 1938 varios decretos con normas para obligar a cambiar en “los territorios que se fueran liberando del dominio marxista” el papel moneda puesto en circulación por el Gobierno de la República antes del 18 de julio por la considerada válida. Se establecía un plazo para realizar el cambio y un tribunal de canje fallaría las solicitudes en determinados casos. En caso de denegación podía reclamarse, pero debería acreditarse la declaración del interesado con “tres personas de reconocida solvencia económica y moral”, un obstáculo más que evidente en plena represión.

Al mismo tiempo, otro de los decretos establecía la prohibición de papel moneda “puesto en curso por el enemigo”: tener billetes, certificados de plata, talones especiales y papel moneda del Tesoro emitidos a partir del 18 de julio sería penado como “acto de contrabando”, rezaba el texto firmado por Franco. De esta forma, daba 40 días a quienes tuvieran este dinero para entregarlo en bancos, ayuntamientos, a autoridades militares y aduanas. Y disponía que también “sería recogido” el que tuvieran los “prisioneros y cadáveres del enemigo”, los que llevaran “los evadidos” y quienes entraran a la “España Nacional” por las fronteras y puertos.

En total, según un trabajo publicado en 2001 por varios historiadores –entre ellos el experto en economía franquista Carlos Barciela– las autoridades franquistas llegaron a anular 23.787 millones de pesetas republicanas (143 millones de euros) entre billetes y cuentas bancarias. Sin embargo, faltan aproximaciones sobre cuánto dinero pudo ser convertido en Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo. “Era obligado entregarlo, no podían no hacerlo”, explica Cervera, que ve en este proceso “un objetivo político, económico y psicológico” dirigido a asfixiar a la República y a “empobrecer a la sociedad civil”.

Así lo desgranó el economista José Sánchez Asiaín ya en 1999, cuando definió la estrategia de los sublevados como un auténtico “acoso” monetario dirigido a deteriorar la peseta republicana. “El bando nacional movilizó la masa monetaria recogida del enemigo con el objetivo de forzar todavía más la caída de la peseta republicana [...], lo que va a ser especialmente intenso a partir de 1938 con las disposiciones que tenían por objetivo utilizar en beneficio del bando nacional los billetes puestos en circulación tras el 18 de julio y que habían sido confiscados en los territorios ocupados por los nacionales”, esgrime la catedrática de la Universidad de Valencia María Ángeles Pons.

El valor de la peseta hoy

De momento, no se conoce cuántas personas pudieron verse afectadas, y se asume que muchas de ellas nunca podrán reclamar porque se han deshecho o han extraviado estos recibos amarillentos por el paso del tiempo que atestiguan lo ocurrido. Joaquim Gràcia y sus dos primos tienen cinco, con los que reclaman las 70.000 pesetas de la época (421 euros) que “le robaron a mi familia” en 1938. Los papeles están a nombre de su abuela y sus cuatro hijas. “Mi abuela Paquita Mercet tenía una mercería en el número 321 del Paseo de Gracia que funcionaba muy bien hasta que les hicieron entregar todo el dinero, que en ese momento era mucho”, reflexiona Joaquim a sus 73 años.

Pese a ello, el negocio familiar –que se llamaba Las novedades– pudo remontar y mantenerse durante la dictadura franquista, pero a la familia no se le olvidó “la faena que les hicieron”. “Les obligaron a empezar de cero, fue un robo con mayúsculas. Hubo gente que se quedó sin poder estudiar o invertir lo que tenían en sus pequeñas ilusiones o proyectos”, sostiene el nieto de Paquita. A los abuelos de Lidia, que tenían ahorradas esas mil pesetas que contempla su recibo, aquello les dejó “bajo mínimos” en un momento, la posguerra, en el que España atravesaba penurias económicas y una auténtica hambruna que se extendió durante los 40 azuzada por la política autárquica del régimen. “Arruinaron a nuestros antepasados”, añade la mujer.

Cuestión difícil y controvertida será determinar cuánto valor actual tendría el dinero que fue requisado en su momento, algo clave porque, en función de esto y de a cuántas personas se considere resarcir –si finalmente eso ocurre–, el montante total al que deberían hacer frente las arcas del Estado podría ser importante. Los abogados de Vosseler tienen sus cálculos hechos, pero prefieren no adelantarse y esperar a la propuesta que creen que sí hará el Gobierno. “Hay diferentes formas de actualizar el valor. Nosotros rechazamos que se haga en base al IPC porque no les quitaron la cesta de la compra, pero hay que esperar”, opina López.

Una cifra orientativa fue la que dio el doctor en Economía por la Universidad de Barcelona Lluís Planas para la reclamación patrimonial que el Ayuntamiento de Sant Julià de Ramis hizo en 2019 por este motivo: el experto estimó que una peseta republicana de entonces serían 13,91 euros de hoy en día. En el caso de Lidia esto serían unos 20.000 euros de hoy y más de 900.000 por los cinco recibos de Joaquim. Todo ello en un momento en el que, además, no hay horizonte para la aprobación de unos presupuestos por parte del Ejecutivo. Aun así, los afectados prefieren ser optimistas: “Vamos lentos, pero estamos en el camino”.