Las ocupaciones de la costa como la del chalé de la pareja de Feijóo se enquistan años a base de pleitos

Al lujo le gusta el uso exclusivo de la costa española a pesar de que la ley establece que el acceso al mar es “público y gratuito” para todos. Ocupaciones y barreras sin permisos que impiden el paso al dominio público marítimo terrestre –como las de la vivienda de la pareja del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo– salpican el litoral. Esas invasiones se alargan incluso décadas a base de pleitos mantenidos muchas veces por el músculo económico de los interesados.

La vivienda ahora a nombre de Eva Cárdenas invade el dominio público sin permiso desde 2007 (cuando caducó la concesión). 18 años de ocupación. Por eso ha solicitado un nuevo permiso de 30 años a contar desde 2007, según consta en la notificación de inicio de expediente del Servicio de Costas de Pontevedra que estudia la petición. Cuando se resuelva el expediente, si no le satisface podrá recurrir y, aún más adelante, acudir a los tribunales.

“Cuando alguien decide agotar la vía judicial, ir recurso tras recurso y llevarlo hasta las últimas consecuencias, el caso puede alargarse mucho”, cuenta la abogada Inés Díez, que lleva casos de dominio público marítimo-terrestre para Greenpeace. “Para eso hay que tener capacidad económica para aguantarlos, claro”, remata.

Hay maneras de prolongar los litigios. Se puede recurrir hasta el final o, si los afectados se presentan con diferentes denominaciones, como ha ocurrido en El Algarrobico, los procedimientos “pueden ramificarse (...) y se inician nuevos procedimientos, tienes que empezar de nuevo y eso paraliza la ejecución de una sentencia de derribo”

La letrada añade que los procedimientos “pueden además ramificarse y complicarse cuando afectados se personan con diferentes denominaciones, como ha ocurrido con el hotel de El Algarrobico”. Así, al caso principal se le unen recursos por indemnizaciones, de responsabilidad patrimonial... “se inician nuevos procedimientos, tienes que empezar de nuevo y eso paraliza, por ejemplo, la ejecución de una sentencia de derribo”. A veces, la madeja judicial se complica tanto, “que ya no se sabe de qué se está hablando”, subraya Inés Díez.

La piscina, la finca y la garita

Ejemplo de que esta madeja funciona es que ha permitido que una piscina particular plantada sobre terreno público del litoral prolongue su vida más de 20 años en Mallorca. Una piscina célebre porque pertenece al periodista Pedro Jota Ramírez. El Ministerio de Medio Ambiente de Jaume Matas (PP) autorizó en 2001 la ocupación de 350 m2 de dominio público marítimo-terrestre para la piscina. En 2005 estalló el caso, pero la sentencia definitiva del Tribunal Supremo no llegó hasta 2022. Después hubo más batalla en los tribunales sobre la ejecución del fallo hasta que, en marzo de 2024, los jueces dijeron que hay que demoler la piscina sí o sí. Ha pasado casi un cuarto de siglo desde el primer permiso (declarado nulo) de ocupación.

También en la isla balear, la familia March pleiteó durante décadas para impedir la llegada a pie a la cala Castell, es decir, al mar, por un sendero que atraviesa una gran finca de su propiedad llamada Ternelles en la serra de la Tramuntana. En 2023, la justicia determinó que tienen la obligación de permitir el paso para acceder a la playa. La dinámica de rentas altas que dificultan el acceso al dominio público se repite y reproduce. El pasado enero, se conoció que los propietarios de unas casas de lujo en la isla de Ibiza utilizan un vigilante (con garita incluida) para tratar de impedir que el público pueda acercarse a una cala protegida. Estos son solo algunos ejemplos insulares del Mediterráneo.

Hotel ilegal, más allá de El Algarrobico

Mientras, en el Atlántico, las Canarias no han escapado a la ocupación que privatiza de facto una playa y los largos años de batalla legal intentando revertir la situación. En la isla de Lanzarote, por ejemplo, para poder construir el hotel Papagayo Arena –que tiene más plantas y más altura de las permitidas– el Ayuntamiento de Yaiza unificó dos parcelas lo que hizo desaparecer un vial público de acceso a la playa. Además, en 2024, la dirección general de la Costa y el Mar situó al complejo hotelero en la zona de protección del litoral. Por ello, ahora hay una batalla legal con el objetivo de que el hotel devuelva a la ciudadanía el tramo de acceso a la playa que le arrebató con la obra.

En este caso, la asociación El sol sale para todos ha denunciado al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de Yaiza por la inacción de las administraciones. Respecto a esto último, la abogada Díez explica que los tribunales de lo contencioso (los que afectan a las administraciones) “tienen menos capacidad frente a los de otras materias. Cuando se trata de un particular contra otro particular, el tribunal civil tiene más capacidad de decir que se derribe lo mal hecho y el trámite de ejecución de sentencia tiene más fuerza”.

La cuestión es que los tribunales de lo contencioso devuelven el caso a las administraciones para que ejecute. “Y ahí empezamos a perdernos”, aclara la abogada, “por mucho que el tribunal insista, si la administración no cumple no se le puede ejercer tanta coerción como con particulares”. El Papagayo obtuvo su licencia ilegal en 1998 y los magistrados dijeron que estaba fuera de la ley en 2011.

Los archipiélagos con sus costas son propicios para estos casos, pero todo el litoral es el campo abonado. “El dominio marítimo terrestre es especialmente conflictivo, sí”, dice la abogada de Greenpeace. En Andalucía, el municipio de Marbella ejemplifica esa voracidad. La ciudad fue tejiendo una particular relación con su urbanismo que mantiene en la ilegalidad incluso al propio paseo marítimo, que a lo largo de cuatro kilómetros de La Milla de Oro se adentra en dominio público marítimo-terrestre. También un millar de edificios. De manera más general, el Estado ha impugnado un tercio de los 500 chiringuitos autorizados desde 2011 por la Junta a lo largo de la costa por, en su opinión, incumplir la normativa de ocupación del dominio público marítimo terrestre.

En realidad casi ningún tramo de costa se salva. En Xàbia (Alicante) emerge el llamado Chalé del ministro, una vivienda sobre 7.000 m2 de dominio público marítimo-terrestre del ministro franquista Mariano Navarro Rubio que la ley de Costas de 1988 consideró que era un suelo de todos aunque le concedió un plazo de 30 años de ocupación. Sin embargo, antes de expirar el plazo en 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo una modificación de esa ley por la que podía prorrogarse los permisos 75 años. Los herederos de Navarro Rubio consiguieron esa prórroga para su finca.

La presión social para que no caiga en el olvido

“Si la administración entiende la problemática facilita mucho”, contrapone Miquel Camps de la organización Grup Balear d'Ornitología de Menorca (una asociación que ha impulsado varias reversiones de ocupación). Costas lo vio claro en las ocupaciones con aparcamientos en Sa Mesquida y Binimel·là, en Menorca, “pero luego se dan otras situaciones –como en la playa de Son Bou– en las que el dominio invadido se haya rodeado de urbanizaciones importantes, que generan necesidades, intereses económicos de los negocios que allí se mueven y multitud de visiones. En estas situaciones, la ley suele quedar vulnerada durante mucho tiempo”, lamenta.

Si el anuncio del Gobierno para expropiar parte de los suelos donde se eleva el hotel ilegal de El Algarrobico (Almería) ha traído a la luz las ocupaciones de la costa, el intento de la pareja de Alberto Núñez Feijóo de ampliar su uso exclusivo del dominio público ha puesto el foco en Galicia.

En esa comunidad autónoma todavía existe una isla privada en la ría de Vigo donde el centenar de viviendas de una urbanización de lujo se ha comido el dominio público marítimo-terrestre. La isla de Toralla tiene 45.000 m2 de propiedad privada y 24.400 de dominio público.

Tras diez años de pleitos, en 1997, el Tribunal Supremo obligaba a abrir solo el acceso a la playa de O Vao en la isla, pero la servidumbre de tránsito allí (una franja de seis metros obligatoria que debe “dejarse permanente expedita para el uso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento”) quedaba pendiente. En esos 6 metros “no está autorizada la construcción de ninguna instalación”, explica el Ministerio de Transición Ecológica. Hace poco, en noviembre de 2024, Transición Ecológica encargó la redacción del proyecto para la recuperación del tránsito en la isla de Toralla. Todavía resta bastante tiempo antes de que se recupere ese patrimonio común.

La abogada Inés Díez reflexiona acerca de lo difícil que es llevar a buen puerto estos casos “si no hay presión social o una organización grande que pueda mantener en el tiempo el proceso. Un particular puede llegar a decir 'yo desisto'”. Y concluye: “Si con una organización como Greenpeace presionando El Algarrobico todavía está ahí, imagina lo que habría sido sin esa presión”.

Con información de: Natalia G. Vargas, Néstor Cenizo, Miguel Giménez y Esther Ballesteros.